Portugal espera a su nuevo Gobierno para proponer el tope al gas que compartirá con España

El Gobierno portugués dice que aún es “demasiado pronto” para precisar el tope que van a proponer esta semana España y Portugal al precio de las centrales de gas para abaratar el recibo de la luz y alude a la situación de interinidad en la que se encuentra el Ejecutivo luso.

Pedro Sánchez y António Costa lograron el reconocimiento a la excepción ibérica en la cumbre europea de la semana pasada. Ahora toca aterrizar las medidas.

Preguntado por ese precio máximo al gas ofertado por las centrales de ciclo combinado, un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente y Acción Climática portugués señala que en este momento el gobierno del país vecino está “en transición” y es “demasiado pronto” para pronunciarse sobre este mecanismo. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, confió el sábado en que esté en marcha, como máximo, en un mes, una vez la Comisión Europea le dé luz verde.

A la espera de definirse ese precio, varios ministros lusos estarán en funciones hasta el miércoles por la tarde, cuando toma posesión el nuevo Gobierno anunciado por Costa. Una de las carteras que va a cambiar de manos es la del aún ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que hace unas semanas anunció que ambos países propondrían un tope de 180 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista eléctrico (luego descartado).

Matos será sustituido por el actual secretario de Asuntos Parlamentarios, Duarte Cordeiro, considerado uno de los arquitectos de la campaña electoral que dio la mayoría absoluta a Costa en enero. Sí sigue en su puesto, con funciones ampliadas, el actual secretario luso de Energía, João Galamba.

Este fin de semana, El Periódico aseguraba, citando fuentes gubernamentales, que el tope al gas se situaría cerca de 50 euros/MWh, la mitad de la cotización actual de esta materia prima, aunque la horquilla sería muy amplia: de esos 50 euros a los 100 euros, ligeramente por debajo de su cotización actual. El Ministerio para la Transición Ecológica español dice que la cifra no está cerrada.

“El precio tope que le pongamos al gas es la clave para que la medida funcione”, decía este lunes la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que defendía que “lo más razonable” es que estuviera en 30 euros.

Como cada euro en el precio del gas se traduce en dos euros en las ofertas de los ciclos, a lo que se suma el coste de los derechos de emisión, “el precio final quedaría en torno a los 100 euros en el mercado mayorista”, según Belarra. La asociación de consumidores Facua defiende topar al pool en la mitad: 50 euros en el precio final mayorista.

Plan de respuesta

Ese precio de referencia para el gas es, a la espera de la respuesta de Bruselas, una medida adicional a las que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros dentro del plan de respuesta a la guerra anunciado este lunes por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez dijo que “esta misma semana” España y Portugal van a presentar a la Comisión Europea su propuesta, que permitirá “rebajar significativamente” los precios finales de la luz “de forma inmediata”. Esa bajada del pool tendría efecto inmediato en la tarifa regulada, el conocido como PVPC, y para las industrias que compran directamente la electricidad en el pool.

Según anunció Sánchez, este martes se aprobará extender hasta el 30 de junio el mecanismo aprobado en septiembre para reducir el exceso de beneficios de las eléctricas por la subida del gas, que se va a ampliar con “ciertas modificaciones para reforzar su eficacia y adaptarlo a las directrices europeas”.

Esto apunta a un posible refuerzo extra de la vigilancia de los contratos a largo plazo (que quedaron fuera de ese recorte tras corregir el Gobierno su decreto inicial), para comprobar que realmente no se están beneficiando del efecto de la subida del gas.

Este martes también se va a aprobar una rebaja de hasta el 55% en los cargos de la factura eléctrica (la parte regulada que fija el Gobierno) mediante una actualización del régimen retributivo de primas a las renovables, cogeneración y residuos (el régimen conocido como RECORE) que va a permitir recuperar por adelantado 1.800 millones de euros. Se trataría del importe que las empresas debían devolver a partir de enero de 2023 por los altos precios del mercado mayorista.

Asimismo, el Gobierno va a ampliar el número de beneficiarios del bono social eléctrico en 600.000 familias, elevando a 1,9 millones el número de hogares con estos descuentos, que se van a renovar de forma automática. Transición Ecológica no detalla ni esta ni las demás medidas, que incluyen la ampliación hasta junio de las rebajas fiscales en la factura de la luz: IVA al 10%, reducción al mínimo del impuesto de electricidad y suspensión del impuesto a la generación eléctrica.

Sánchez también avanzó este lunes “otras medidas regulatorias” que no concretó para “fomentar y acelerar el despliegue de energías renovables, el ahorro energético y garantizar el suministro energético”. Para la industria gran consumidora de energía, el plan habilita 500 millones de euros para rebajar los peajes eléctricos en un 80%, “alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector”.

La vicepresidenta Ribera ha indicado, a grandes rasgos, que con el mecanismo que preparan España y Portugal se separará el gas del mecanismo de formación de precios del mercado mayorista de la electricidad –que juega un papel clave, tal y como se explica en este interactivo de elDiario.es– y que su retribución saldrá del propio mercado, no de los Presupuestos Generales del Estado.

Este mercado tiene un sistema de retribución hora a hora para toda la electricidad. La idea del Ministerio es que en ese mecanismo horario se prorrateará lo que necesite cobrar el gas entre el resto de las tecnologías: sólo el gas será retribuido a precio de gas y el resto de tecnologías seguirán funcionando con arreglo al mecanismo actual, que da prioridad a aquellas que sean más baratas y va subiendo hasta que se cubra toda la demanda que el país requiere cada hora.

No está claro si ese prorrateo se va a cargar contra las empresas o si, al costearlo el sistema eléctrico, va a traducirse en más déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico). Sí se descarta que la compensación se cargue a Presupuestos, una idea que manejaba el Gobierno antes de la cumbre europea de la semana pasada.

Para evitar que se disparen las exportaciones de electricidad aprovechando los menores precios en el mercado mayorista ibérico, se trabaja en una doble casación en la electricidad: una para la interconexión con Francia y otra para el Mercado Ibérico. Pero aún no hay precio decidido, asegura Transición Ecológica.