El organismo de lucha contra el blanqueo de capitales deja sin gastar el 19% de su presupuesto
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la principal Unidad de Inteligencia Financiera de España, dejó el año pasado sin gastar un 18,9% de su presupuesto, 2,73 millones de euros sobre un total de 14,46 millones, según recoge el Proyecto de Presupuesto del Gobierno para este organismo, adscrito al Ministerio de Economía.
Ese “sobrante” que el Sepblac no se ha gastado, absolutamente inusual en los últimos años, se explica “fundamentalmente”, según el Gobierno, porque “la plantilla media va a ser inferior a la presupuestada”, ya que las incorporaciones que esperaba realizar “se van a producir más tarde de lo previsto”.
Las otras razones son que el coste de los espacios adicionales para acoger a personal del organismo ha sido “menor al presupuestado al requerirse un menor aumento de superficie y a que los pagos se iniciarían más tarde de lo previsto”, que un Fichero de Titularidades Financieras “se ha realizado utilizando recursos existentes sin tener que recurrir a nuevas contrataciones”, y que “se ha cancelado” una herramienta informática de búsqueda de nombres “que se suplirá con un algoritmo de búsqueda dentro del proyecto actual del Fichero de Titularidades Financieras (FTF)”.
Para 2017, el presupuesto estimado para el Sepblac asciende a 15,3 millones, un 5,8% más que lo presupuestado un año antes y un 30,5% más con respecto al gasto efectivamente realizado en 2016, que fue de 11,73 millones.
El incremento “se debe principalmente a la celebración en España del congreso mundial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, un organismo multigubernamental que preside desde julio de 2016 Juan Manuel Vega Moreno, director del Sepblac desde 2013. Para ese congreso mundial, que duraría una semana y al que asistirían unas 700 personas, se ha presupuestado 1,6 millones.
“Excluido este efecto, el presupuesto se reduciría en un 5,3% con respecto al ejercicio anterior, debido a que el mayor gasto de personal por el aumento de la plantilla se compensaría con la disminución de la dotación en Inversiones y en otros Gastos de funcionamiento, entre ellos, los de Servicios informáticos y los de Alquiler y mantenimiento de inmuebles”, explica el Gobierno.
Tres empleados más
La principal partida de gastos del Sepblac es la de personal, con 6.824.298 euros, un aumento del 5,9% con respecto al presupuesto de 2016 y del 13,5% sobre el gasto que se estima que finalmente se ejecutó. El incremento se debe “fundamentalmente a la previsión de que se incremente la plantilla en 3 puestos (incremento del 4,1% con respecto a la plantilla presupuestada para 2016), llegando a 77 personas”.
Los medios humanos con los que cuenta el Sepblac, organismo “interagencia” en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil, han sido considerados insuficientes por la organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que en octubre de 2014 criticó que “solo tiene una plantilla de 80 personas, no pudiendo asumir las importantes funciones que le exigen las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.
El Sepblac analizó en 2015, último ejercicio disponible, 4.757 comunicaciones de operaciones sospechosas, un 2,5% más que un año antes y un 60% más que en 2011. La mayoría de las alertas fue por contrabando (872), fraude (346) y tráfico de drogas (176), mientras que 111 fueron por corrupción y 86 por terrorismo.
De estos avisos, 1.355 fueron descartados, un 2,6% menos que un año antes pero un 123% más que en el 2011. En 2015, año de la detención del exvicepresidente Rodrigo Rato tras una investigación del Sepblac, el organismo intervino 912 millones de euros en 5.479 operaciones en España, analizó 390.974 transferencias de más de 30.000 euros a países bajo vigilancia, e incautó 21 millones en las fronteras por entradas o salidas de cantidades superiores a 10.000 euros no declaradas.
Las entidades financieras remitieron el 83% de estas comunicaciones en 2015 y el resto correspondió a otras empresas, organismos públicos y particulares. Economía destacó hace unos días el crecimiento de comunicaciones recibidas por entidades de promoción inmobiliaria, juegos de azar y comercios.