2023 ha comenzado con un récord de bajas de comercializadoras de electricidad, mientras las independientes piden al Gobierno medidas para que este mercado no quede en manos de “unas pocas compañías integradas en los grupos generadores”, como consecuencia de la crisis energética y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliarla.
Según los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde que empezó 2023 hasta el 1 de febrero se han dado de baja ocho pequeñas comercializadoras de luz, un récord para estas alturas del año. Llega tras las 35 bajas de 2022, que estuvo cerca del récord absoluto (solo en 2016 hubo más), como puede apreciarse en el siguiente gráfico.
En total, se han registrado 57 bajas de comercializadoras desde que los precios de la electricidad comenzaron a dispararse a mediados de 2021.
En este contexto, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), formada por empresas como Engie, Acciona, Cepsa, Total, Fenie o Energya VM (Grupo Villar Mir), ha remitido una carta a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en la que le recuerda tres aspectos que “quedaron sobre la mesa” en una reunión mantenida el pasado 30 de noviembre.
La misiva que firma el presidente de ACIE, Asier Gorostiza, y a la que ha tenido acceso elDiario.es, reclama al Ejecutivo en primer lugar poner en marcha la subasta de energía inframarginal (la de las tecnologías más baratas, como las de origen nuclear o hidráulico) que figuraba en un Real Decreto-Ley aprobado en septiembre de 2021 y que no se ha llevado a cabo.
La segunda medida que reclama ACIE es “el estudio de una fórmula para apoyar a los clientes de gas que no estén en la tarifa TUR”, el precio regulado de la tarifa de gas de último recurso, que tiene las subidas limitadas por ley. El objetivo, dicen, es “que se evite que el esfuerzo del Gobierno” subvencionando esta tarifa, con la reciente ampliación de la TUR a las comunidades de vecinos que tienen calefacción central, “quede limitado a solo un segmento de los consumidores”.
La tercera demanda de ACIE a Aagesen es “la modificación en las condiciones de exención” del recorte a los ingresos extraordinarios de las tecnologías inframarginales por la energía vendida a precios superiores a los 67€/MWh que el Gobierno puso en marcha a finales de 2021. Reclaman que las grandes compañías generadoras solo puedan utilizar la energía “exenta” de ese recorte “en sus carteras actuales de clientes”. Pero “no para nuevas captaciones”.
La subasta de energía inframarginal que reclama ACIE obligaría a las grandes eléctricas a ceder parte de su electricidad barata a las pequeñas comercializadoras y a los grandes consumidores industriales, que llevan meses pidiendo la puesta en marcha de esta medida. Tras haber quedado aparentemente descartada, la propia Aagesen la anunció el año pasado, cuando ya había expirado el plazo para celebrarla. Pero no se han llegado a implantar.
En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno asegura que “continúa trabajando” en estas subastas. Dice que está diseñando el modelo “en coordinación” con la CNMC, “teniendo en cuenta sus posibles interacciones con el resto de medidas adoptadas en los últimos meses en el ámbito del sector eléctrico y el actual contexto que atravesamos”. Las grandes eléctricas aseguran que, de ponerse en marcha, les obligarían a romper contratos, al tener ya comprometida la entrega de esa energía a sus clientes.
La carta de ACIE a Aagesen advierte de que “el tiempo pasa y los consumos invernales de gas están ya en su momento más alto”. Y le reclama una nueva cita “en la que poder avanzar en los aspectos indicados o al menos realizarnos una llamada tal y como nos trasladó en la última reunión”.
ACIE se reunió en noviembre con la secretaria de Estado días después de denunciar que “las posiciones de fuerza de las grandes empresas del oligopolio eléctrico están conduciendo a un deterioro de la libre competencia sostenida por las comercializadoras independientes”.
La asociación ha advertido de “la difícil situación que atraviesa el sector como consecuencia de las reformas legales impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica, destinadas a paliar las consecuencias de la crisis energética”.
“Unas medidas que están teniendo como consecuencia el grave deterioro del sector y que amenazan con asfixiar la libre competencia que sustentan las comercializadoras independientes”.
Preocupación que comparte la CNMC, que desde que arrancó la crisis ha tomado algunas medidas para aliviar la situación de estas empresas, como liberar algunas de las cargas y garantías que deben presentar al operador del sistema. El informe en el que Competencia recomendó al Gobierno aplazar el nuevo sistema de cálculo de la tarifa regulada de la luz recogía la mala situación económica “que están experimentando numerosas empresas comercializadoras, tanto a nivel nacional como en el resto de los países europeos”.
Según Competencia, estas empresas “no pueden hacer frente a los elevados costes de aprovisionamiento o al mantenimiento de garantías” por los disparatados precios que ha alcanzado el mercado mayorista desde mediados de 2021. Esta situación es especialmente grave para las que no tienen presencia en el negocio de generación y se ven obligadas a comprar a terceros (y a precios desorbitados) toda la energía que venden a sus clientes.
El resultado es que, según la CNMC, “durante 2022 se han inhabilitado 11 y otras 5 tienen actualmente iniciados los procedimientos de inhabilitación y traspaso de clientes a las comercializadoras de referencia”, las que suministran la tarifa regulada PVPC, reservada a las grandes eléctricas.
“Adicionalmente, han cesado 23 comercializadoras en 2022, frente a los 18, 10 y 18 ceses que se produjeron en 2019, 2020 y 2021 respectivamente”, dice el informe de la CNMC, que añade que “durante 2021 se inhabilitaron 4 comercializadoras por incumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad de comercialización”.
Solo en enero, Transición Ecológica ha publicado la inhabilitación de cinco comercializadoras cuyos clientes se han traspasado a suministradoras de último recurso: Comercializadora Energética Financiera SL, Energía DLR Comercializadora SL, Solelec Ibérica SL y Anillaco Energía SL.
Al igual que estas últimas, la mayoría de las que han sido dadas de baja son firmas desconocidas y fuentes del sector creen que la cartera de clientes que se ha traspasado a las grandes eléctricas es pequeña, de no más de 30.000 suministros.
Pero hay nombres conocidos como Cepsa (que salió del negocio de luz en 2021) y alguna otra como Aura Energía, una de las primeras en tener problemas, que contaba con una numerosa cartera de clientes públicos. Aura figura dada de baja en el registro de la CNMC desde hace más de un año.
España tradicionalmente ha sido uno de los países europeos con más comercializadoras eléctricas. Pero ello no ha minado el poder de mercado de las grandes compañías, que ha aumentado con esta crisis. Los datos oficiales de la CNMC datan nada menos que de 2020. Pero ya en 2021 hubo un retroceso de la cartera de clientes de las pequeñas por primera vez en la historia.
En el caso de las dos más grandes, Iberdrola y Endesa, solo en los nueve primeros meses de 2022, y tras el estallido de la guerra en Ucrania, ganaron cerca de 324.000 clientes de electricidad en España, según la información notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Entre las dos sumaban a 30 de septiembre unos 20,82 millones de suministros. La que más clientes arañó fue Endesa, con 194.000 más, hasta rozar los 10 millones; Iberdrola sumó otros 130.000, hasta 10,84 millones. Endesa es la empresa que tiene las ofertas más baratas actualmente en el mercado libre, según el comparador de tarifas de la CNMC, aunque sus precios superan los que ha arrojado el PVPC en el último mes, gracias a la moderación de los precios del mercado mayorista.
Aunque aparentemente operan numerosas comercializadoras en España, muchas que figuran dadas de alta para ejercer esa actividad en realidad no lo hacen. Según datos de Transición Ecológica, de entre las más de 600 comercializadoras de luz, gas o petróleo obligadas a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, hay 249 que declaran “0 ventas” de luz. Otras 364 sí comercializan energía eléctrica.
ACIE, que ha contactado con la CNMC y los grupos parlamentarios para exponer sus demandas, subraya en su carta su “pleno acuerdo con que el Gobierno adopte medidas para moderar las consecuencias de la crisis de precios de la energía y proteger a los consumidores. Somos conscientes de su necesidad y también del papel que a las compañías del sector nos corresponde, renunciando por nuestra parte a intereses inmediatos en favor de un mercado menos sometido a cambios imprevisibles como los que estamos sufriendo”.
Sin embargo, las medidas adoptadas, dice ACIE, “están teniendo muy graves consecuencias tanto sobre las comercializadoras que no estamos integradas en grandes grupos como para el buen funcionamiento del mercado. El paso del tiempo y la llegada del invierno haceN aún más urgente la necesidad de medidas que eviten que el mercado eléctrico quede en manos exclusivamente” de “unas pocas compañías integradas”.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.