El regulador nuclear pretendía dar su visto bueno a la construcción del almacén de residuos antes de agosto
Finales de julio o principios de septiembre. Eran las fechas que barajaba el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para llevar al pleno del organismo (controlado por personas próximas al PP) la aprobación de su preceptivo informe sobre la autorización de construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad de Villar de Cañas (Cuenca) que el Gobierno acaba de paralizar.
Como adelantó El País este miércoles, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido dejar la emisión de ese informe “en suspenso”, “en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual”, según recoge la carta que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, remitió el pasado 5 de julio al presidente del CSN, Fernando Marti (primer secretario de Estado de Energía de José Manuel Soria) y que el departamento de Teresa Ribera difundió a los medios tras conocerse la decisión del ministerio.
Según fuentes internas, el CSN ya tenía sobre la mesa prácticamente toda la documentación que, tras varias peticiones de información adicional, había solicitado a Enresa, la empresa estatal que tiene encargada la construcción del silo, para emitir su informe sobre la autorización de construcción, uno de los permisos que le faltan a la infraestructura. “Parecía que todo estaba en condiciones para finales de julio o principios de septiembre”, indican esas fuentes, que recuerdan que agosto es, en buena medida, un mes inhábil en la Administración.
Un documento interno al que ha tenido acceso eldiario.es había fijado inicialmente para la aprobación de ese informe la fecha (luego aplazada) del 27 de junio, en línea con las previsiones del Gobierno de Mariano Rajoy. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo llegó a señalar recientemente que ese permiso se aprobaría en el primer semestre de este año.
El CSN deberá analizar ahora cómo se aplica la suspensión y espera los informes correspondientes de sus servicios técnicos para la próxima semana.
Entre otras cosas, el regulador nuclear podrá cuantificar las miles de horas que ha dedicado al proceso de licenciamiento del ATC, que con toda seguridad será, indican las fuentes consultadas, “muy superior” a las 30.000 horas que dedicó a la tramitación de la prórroga de la licencia de la central nuclear de Garoña, posteriormente descartada.
La suspensión del procedimiento no entierra definitivamente el ATC, pero sí va a suponer un nuevo parón para un proyecto que acumula años de retrasos y sobre el que la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ya advirtió nada más tomar posesión de que “no hay que tomar decisiones precipitadas”.
La idea del Ministerio es esperar a que esté perfilada la estrategia energética para la próxima década en el Plan Nacional de Energía y Clima que se ha comprometido a remitir a Bruselas antes de fin de año. Y en función de esos escenarios, y de si se cumple el compromiso del PSOE para un paulatino apagón nuclear a medida que las centrales cumplan 40 años (la última lo haría en 2028), decidir qué hacer con los residuos.
Será entonces cuando, visto el escenario, se decida si se reactiva el ATC o se retira definitivamente un proyecto cifrado (provisionalmente) en unos 1.000 millones en el que Enresa lleva enterrados más de 100 millones de euros, aunque ni la empresa estatal ni el propio Ministerio precisan esa cuantía. Ante el retraso que acumulaba el ATC y la saturación de las piscinas que almacenan provisionalmente los residuos, todas las centrales nucleares tienen ya almacenes independientes para custodiarlos o los están construyendo.
La semana pasada, Ribera ya recordó en el Congreso que España tiene pendiente actualizar su plan de gestión de residuos nucleares, que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción de la Comisión Europea: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste” de cerrar las centrales nucleares, dijo en relación a los residuos y al posible apagón nuclear.
Una de las consecuencias del retraso del ATC, cuya construcción es un mandato del Congreso, es que España seguirá pagando a Francia la multa diaria que abona por la custodia de los residuos de la antigua central de Vandellòs I, clausurada en 1989. Francia acaba de elevar esa penalización, que funciona como un pago a cuenta (se devolverá una vez regresen los residuos a España) a 74.603,14 euros diarios.
