Ribera aparca la concesión automática del bono social eléctrico que planteó en 2019

Refuerzo temporal (hasta marzo) del bono social, prórroga de la prohibición de cortes de suministros hasta el 28 de febrero, puesta en marcha del suministro mínimo vital, cheque extra de 90 euros para el bono social térmico... Pero no a la concesión automática de los descuentos el bono social eléctrico, una medida que el Ministerio para la Transición Ecológica planteó en 2019 y que han reclamado en las últimas semanas las asociaciones de consumidores. De momento, seguirá supeditado a un farragoso trámite burocrático con las compañías eléctricas, que son las encargadas de financiarlo.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, explicó este martes que con el refuerzo temporal de estos descuentos que acaba de aprobar el Gobierno ya estaría cubierta la protección de los consumidores vulnerables de cara a un invierno que se prevé muy complicado. 

“Lo que estamos haciendo en estos momentos es reforzar la cobertura de los consumidores vulnerables” y ante este “complejo” escenario, el Ejecutivo contempla medidas adicionales, pero “no tanto para este colectivo”, indicó Ribera, preguntada tras el Consejo de Ministros por si contempla ampliar el abanico de beneficiarios del bono social.

Entre las medidas que apuntó la vicepresidenta, y que permitirían materializar la promesa de Pedro Sánchez de que la factura de 2021 sea similar a la de 2018, está una posible afectación a los productores de energías renovables que tienen una rentabilidad garantizada al estar acogidos a las antiguas primas del régimen especial (conocido como RECORE) y están cobrando los altos precios actuales del mercado mayorista. El Gobierno también prepara mecanismos para aliviar la crisis de liquidez de las comercializadoras independientes golpeadas por los elevadísimos precios del mercado mayorista.

El refuerzo del bono social comprende básicamente un incremento de los descuentos. Ante la previsión de que los precios de la electricidad “se mantengan elevados hasta la primavera”, el Gobierno ha elevado hasta marzo los descuentos en factura para los consumidores vulnerables (del 25% al 60%) y los vulnerables severos (que pasan del 40% al 70%). También ha duplicado el presupuesto para el bono térmico para calefacción y agua caliente.

Lo que queda descartado es ampliar el abanico de beneficiarios bono social haciendo que su concesión sea automática, como pidieron las asociaciones de consumidores en una reciente ronda de contactos con Ribera. La semana pasada, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifraba en 854 euros al año el sobrecoste de las familias por la subida de la energía y reclamaba al Gobierno “ayudas para las economías más vulnerables y golpeadas por la crisis. Empezando por automatizar el acceso al Bono Social eléctrico para los casi dos millones de familias que no se benefician de él aun teniendo derecho a recibirlo”.

Según esta asociación, “de los tres millones de familias que según distintas fuentes podrían beneficiarse de él, apenas lo hacen 1.137.000 hogares”, el 62% de los posibles beneficiarios.

Esa automatización la contemplaba la Estrategia nacional contra la Pobreza Energética que Transición Ecológica aprobó en abril de 2019 y que, como explicó entonces Ribera, incluía “la automatización de aquello que ya hemos ensayado, como es el bono eléctrico o el bono térmico”, a través de un nuevo bono social energético otorgado en función de la renta disponible, que comprendería la “universalidad de fuentes de suministro” y se inspiraría en los modelos de Francia o Portugal, “en los que la comprobación del cumplimiento de los requisitos para poder recibir las ayudas prestacionales se realiza sin necesidad de que medie la solicitud del consumidor”, a diferencia de lo que ocurre en España. 

Acceso a los datos

No obstante, la estrategia dejaba su implantación a la necesaria “colaboración interadministrativa” (entre distintas Administraciones públicas) e intradministrativa (dentro de la propia Administración General del Estado) para lograr “un acceso a la información disponible en las bases de datos y registros administrativos preexistentes, y el desarrollo de las adaptaciones necesarias para permitir la puesta en común de dicha información” y la comprobación de los requisitos para recibir ese bono energético. 

El documento de 177 páginas planteaba un amplio catálogo de medidas con el objetivo de reducir al menos un 25% en 2025 la pobreza energética, definiendo este concepto por primera vez en España. También se comprometía a actualizar un diagnóstico anual de esta problemática que debería publicarse “a más tardar a 1 de octubre de cada año”. El de 2020, cuando previsiblemente los indicadores de pobreza energética ya sufrieron un notable deterioro como consecuencia de la pandemia, todavía está pendiente de hacerse público.

Las medidas temporales de refuerzo de la protección a los vulnerables ante esta crisis energética se suman a las rebajas de impuestos y cargos de la factura eléctrica y el tope a las subidas de la tarifa regulada del gas que aprobó el Ejecutivo en verano. Están incluidas en un Real Decreto-Ley que, entre otras cosas, clarifica el recorte a las compañías eléctricas aprobado en septiembre librando de su ámbito de aplicación a los contratos estables con la industria, como prometió Ribera en vísperas de la convalidación de esa norma en el Congreso, a cambio de que se garantizasen “precios razonables” para la industria.

El nuevo decreto-ley también introduce nuevas obligaciones de transparencia sobre esos acuerdos bilaterales. Esto permitirá calibrar hasta qué punto las comercializadoras tienen vendida toda su electricidad de origen hidroeléctrico y nuclear para este año y gran parte de 2021 a precios inferiores a los actuales. Las eléctricas aseguran que esos compromisos previos al recorte hacen que el mecanismo de minoración por el exceso de retribución que, según el Ejecutivo, les otorga la subida estratosférica del gas, les lleva a pérdidas. 

Entretanto, la crisis energética aprieta en múltiples frentes y el Gobierno ha abierto la batalla en la UE para intentar desvincular los precios del gas de los de la electricidad, aunque se ha encontrado con una fría acogida de Bruselas y la oposición de los países del norte de Europa.