El salario mínimo reabre las tensiones en el Gobierno y anticipa nuevos choques sobre reforma laboral y pensiones

La subida del salario mínimo interprofesional parecía que iba a inaugurar el nuevo curso del Gobierno este septiembre. Tras meses de diferencias, los líderes de las formaciones que componen el Ejecutivo, el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, habían pactado aumentar los salarios más bajos para la recta final de año. Pero la negociación de la subida se ha complicado en las últimas semanas y finalmente ha vuelto a sacar a la luz las diferencias entre las dos almas de la coalición. El diálogo social retoma así el curso marcado por las tensiones, con los empresarios, pero también a nivel interno, y con una agenda repleta de complejas negociaciones, como la reforma laboral y la de pensiones.

“Soy clara, (muestro) mi disposición a conseguir un acuerdo con los sindicatos y ha de ser la otra parte del Gobierno la que se pronuncie”, ha afirmado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Gobierno de coalición estaba intentando pactar la subida del salario mínimo con los empresarios y sindicatos, pero las patronales se cerraron en banda a un acuerdo al respecto. Tras varios días de prudencia, la máxima responsable de Unidas Podemos en el Ejecutivo señaló el viernes pasado a los empresarios por su cerrazón a cualquier aumento este año. “Eso no es negociar”, afeó a las patronales. Este lunes, el dedo de Yolanda Díaz ha pasado a apuntar a la parte socialista del Gobierno.

Y es que, ante la negativa reiterada de los empresarios, los sindicatos empezaron a impacientarse y a exigir al Ejecutivo que tomara ya una decisión. Yolanda Díaz ha evidenciado este lunes lo que se intuía por la tardanza en aprobar la medida: que vuelve a haber diferencias en el seno de la coalición sobre el salario mínimo.

¿Pacto con sindicatos o subida en solitario?

El Ministerio de Trabajo y Moncloa acordaron una subida inmediata del SMI, pero ahora hay divergencias sobre qué incremento aplicar ante la falta de un consenso en el diálogo social. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dado un paso al frente y evidenciado su postura, que consiste en pactar un incremento solo con los sindicatos. Eso supone o una subida contundente para este final de año o acordar la senda de incremento para 2022.

“Priorizo sobre todas las cosas a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, que son ese 1,5 millón y medio sin cobertura de un convenio colectivo”, ha defendido Yolanda Díaz desde Valencia.

Desde el lado socialista del Gobierno, la vicepresidenta económica se está prodigando en multitud de medios de comunicación en los últimos días y es la que está tomando la palabra sobre este debate. Nadia Calviño dirigió la semana pasada cierta presión sobre los empresarios, a los que pidió “sensibilidad” ante los más vulnerables. La responsable económica recordó además que se retoman ahora negociaciones como la de los ERTE, con los que el Estado está financiando con miles de millones de dinero público a las empresas con problemas debido a la pandemia. Pero los empresarios han seguido instalados en el 'no'.

Calviño ha insistido este lunes en que el Gobierno acordará la subida moderada del SMI a final de año porque entiende que “ahora es el momento”, vistos los buenos datos de recuperación de empleo del verano. “Espero que en breve podamos lanzar ya la consulta formal a los agentes sociales para que el Gobierno pueda acordar esa subida del SMI para 2021. Y vamos a ver cómo seguimos en la senda en 2022 y 2023 de forma que no se ponga en riesgo la recuperación”, ha añadido la vicepresidenta económica, dando por hecho que el incremento solo afectará a este año.

El presidente del Gobierno respondió brevemente sobre este tema en una entrevista en TVE, en la que reconoció que la subida se acordará sin los empresarios, pero no desveló por qué cuantía. Ni si al menos pactará el incremento con los sindicatos, que sí se han mostrado abiertos a negociar.

Reformas de difícil acuerdo social

El panorama que ha dejado la negociación del salario mínimo hace temer lo que puede encontrarse el Gobierno de coalición en otras importantes reformas pendientes para los próximos meses. Sobre todo, la reforma laboral. Esta ha enfrentado ya en el pasado a Nadia Calviño y a los socios de Unidas Podemos y cuenta además con la resistencia expresa de las patronales de empresarios, que ya han adelantado que ven muy difícil un acuerdo en este sentido.

El desmontaje de la reforma laboral del PP de 2012 forma parte del acuerdo de coalición, con el que se sienten ligados los socios del Gobierno, pero lo determinante es la letra pequeña del texto legislativo que apruebe finalmente el Ejecutivo. Es decir, cómo queda la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la reforma de la subcontratación para evitar la precarización de los trabajadores subcontratados, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo...

La maniobra de Yolanda Díaz de este lunes sobre el salario mínimo evidencia su voluntad de pelear para sacar adelante sus compromisos, apuntaban a elDiario.es desde uno de los sindicatos mayoritarios, pero también su capacidad y poder dentro del Gobierno. “Nosotros nos sentamos con ella (Yolanda Díaz) a negociar, pero si luego decide el PSOE, que no está en la mesa...”, apuntaban.

Este miércoles, el Ministerio de Trabajo retoma la mesa sobre la reforma laboral, en la que se volverán a medir las diferencias entre los interlocutores sociales. Los sindicatos pretenden presentar un documento conjunto para acelerar la negociación, que debe concluir como tarde “a finales de octubre”, calculan en CCOO. En UGT son incluso más optimistas y cerrarían la negociación en septiembre.

En cualquier caso, la reforma laboral debe estar plasmada en el BOE antes del 31 de diciembre, según el compromiso adquirido con Bruselas dentro de Plan de Recuperación y Resiliencia. Tiene que incluir el desmontaje de la legislación del PP y otras medidas para solucionar grandes problemas como la temporalidad abusiva y el elevado paro estructural.

No es la única negociación compleja que se retoma esta semana. Este lunes se ha reabierto la mesa sobre pensiones, en un primer encuentro que ha funcionado más como “toma de contacto” tras el primer acuerdo en la materia. Las prioridades ahora pasan por abordar algunos compromisos que cuelgan de este pacto, como el reglamento para que coticen todos los becarios y definir el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sustituirá al factor de sostenibilidad de las pensiones del PP. El Ministerio de la Seguridad Social ha dado de plazo hasta el 15 de noviembre para llegar a un acuerdo sobre el mecanismo y, si no, lo legislará en solitario.

Este instrumento de “equidad” constituye una de las materias más controvertidas en el nuevo diálogo sobre pensiones en el diálogo social, con la mirada puesta en esta vez más en los sindicatos, que advierten de que no apoyarán un indicador con la misma lógica de recortes del factor de sostenibilidad. En el mismo sentido se expresaron en la comisión del Pacto de Toledo las representantes de Unidas Podemos, por lo que este se prevé como otro punto de fricción en la coalición. Pero a este MEI le seguirán en los próximos meses otros debates sobre pensiones, que también se avecinan complejos, como el destope de las bases máximas de cotización y la revisión de las carreras de cotización.

Por último, el jueves el diálogo social da inicio a otra negociación clave, aunque seguramente menos discutida en el seno del Gobierno: la extensión de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Varios miembros del Ejecutivo han adelantado la intención de ampliar los ERTE por la pandemia hasta que se acuerde el mecanismo permanente en la reforma laboral (con vistas a 2022). La prórroga seguramente incluya algún ajuste de las condiciones, como ha ocurrido en cada ampliación hasta el momento y ahí estará el foco de discusión con los agentes sociales. Habrá que ver si el Gobierno logra de nuevo el respaldo de empresarios y sindicatos, que ha conseguido en todas las prórrogas anteriores.