Sánchez e Iglesias sellan el salario mínimo de 950 euros respaldados por la patronal y los sindicatos

Foto del más alto nivel para la firma del primer acuerdo económico del Gobierno de coalición: el salario mínimo interprofesional. El presidente Pedro Sánchez ha suscrito este jueves el acuerdo para subir el SMI a los 950 euros mensuales respaldado por los empresarios y los sindicatos. En el acto, Sánchez ha estado acompañado por el vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que tuvo un relevante papel en la negociación con la patronal, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los máximos responsables de las formaciones que componen el Gobierno de colación progresista han escenificado así la unidad de acción del Ejecutivo en el acto de firma del salario mínimo, el primer éxito con el que ha arrancado la legislatura.

El documento solo ha sido suscrito por el presidente y los representantes de los agentes sociales, Unai Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT), Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), ante la mirada de los otros tres miembros del Ejecutivo. Los presentes han hablado durante “unos diez minutos”, según ha explicado Sordo.

La ministra Yolanda Díaz ha destacado la relevancia de la subida de 50 euros al mes en las economías familiares de los que menos cobran y ha destacado el impacto de género en la medida, dado que las mujeres son las que reciben los salarios más bajos. “Obedecemos a un mandato superior, que es defender a las clases populares, defender a los que peor están y más sufren y además hacerlo en el marco del diálogo social”, ha defendido.

Además, la responsable de Trabajo ha sostenido que el incremento del SMI del año pasado no provocó destrucción de puestos de trabajo, pese a las alarmas de la destrucción de empleo lanzadas por parte del sector económico: “No hay ningún dato que advere esta afirmación”.

El decreto del SMI está previsto que sea aprobado en el Consejo de Ministros del próximo martes, no así la siguiente medida “urgente” que tomará el Ejecutivo en materia laboral, la derogación del despido por bajas médicas, que deberá esperar un poco más. Según ha explicado Díaz, Trabajo está a la espera aún de “informes administrativos” necesarios. La ministra ha afirmado que el Gobierno cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para que sea convalidado el real decreto ley con esta medida. “Es una cuestión de derechos humanos”, ha subrayado Díaz.

Acuerdo con la patronal en cuestión de días

Durante las negociaciones para la formación de Gobierno, el líder de la CEOE mostró sus recelos ante la entrada de Unidas Podemos al Ejecutivo, con la petición incluso a la abstención del PP y Ciudadanos para que el PSOE gobernara en solitario, y expresó su apuesta por un gobierno “moderado” en materia económica.

Finalmente, la patronal bajó el tono tras la formación del Gobierno conjunto y, en cuestión de días, se anunció el acuerdo para la subida del SMI. “Todos hemos cedido”, explicó entonces la ministra Yolanda Díaz, que destacó el papel que va a tener el diálogo social en su mandato, en el que se llevarán a cabo reformas como el desmontaje de la legislación laboral del PP de 2012.

El apoyo de los empresarios al acuerdo del SMI de 950 euros, para evitar lo que en su opinión era el “mal mayor” de uno de 1.000 euros, ha sido clave para desactivar los ataques de la oposición en este primer paso del Gobierno. El líder del PP, Pablo Casado, ha acabado apoyando de hecho el incremento pactado del salario mínimo.

Este jueves los empresarios han recordado que trabajarán con el Gobierno desde la “lealtad institucional” y “el sentido de Estado”, pero han dejado claro que sus posturas en muchos casos serán contrarias a los postulados del Ejecutivo. Por ejemplo, sobre el desmontaje de la reforma laboral del PP, Antonio Garamendi ha insistido en que en opinión de las patronales fue una legislación “positiva” para la creación de empleo y desde esa concepción negociarán con Trabajo para “mejorarla”.

Las patronales ha vuelto a llamar la atención sobre dos aspectos que les inquietan respecto al incremento del 5,5% del SMI: que la subida sea compensada por las Administraciones públicas en los contratos ya firmados y que se ponga atención a cómo afecta el incremento en el sector agrario. La ministra Díaz ha recogido sus comentarios, aunque ha afirmado que todavía el Gobierno no ha tomado una decisión sobre ellas.

Dificultades para la negociación de los convenios

Garamendi ha condicionado el próximo acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC) con los sindicatos, el actual tiene vigencia hasta 2020, a saber cómo quedan las modificaciones de la reforma laboral de 2012 y el próximo SMI. “Si hay una reforma que nosotros pensemos que es excesiva, no sé qué más vamos a hacer en el AENC”, ha advertido el presidente de la CEOE.

El AENC establece el marco estatal de referencia para las negociaciones de los convenios colectivos en todo el Estado y fija tanto recomendaciones de subida salarial como otras cuestiones laborales.

Los líderes sindicales han mostrado cautela ante estas declaraciones. “Ya tendremos tiempo de discutirlo”, ha afirmado Pepe Álvarez, que ha recordado a las patronales que “el AENC aporta mucho a los trabajadores de este país y también a las empresas. Evitan conflictividad. Es bueno para unos y para otros”. Por su parte Unai Sordo ha apuntado que “hoy es el día para anunciar un acuerdo, no estoy por la tarea de avivar polémicas antes de tiempo”.

Los agentes sociales han celebrado además que el presidente Pedro Sánchez les ha planteado que el diálogo social estará más presente en diferentes áreas, más allá de las cuestiones laborales. A partir de febrero, se crearán mesas sobre Industria, Energía y Formación, entre otras, en las que estarán presentes los sindicatos y las patronales para aportar sus posturas sobre las políticas que se implementen al respecto.

Mañana viernes, representantes de los sindicatos y los empresarios se reunirán por primera vez con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para dar comienzo el diálogo social y a la 'contrarreforma laboral' como medida más urgente.