Sareb va a promover 17.000 viviendas nuevas hasta 2027 que cree que venderá con facilidad aunque cambie el ciclo

La Sareb, el llamado “banco malo”, ha creado una nueva promotora inmobiliaria, llamada Árqura Homes. Su intención es promover 17.095 viviendas hasta 2027, sobre todo en Andalucía (6.383), Catalunya (1.953) y Madrid (1.607). La compañía ha integrado activos por valor de 811 millones de euros y prevé invertir un total de 2.238 millones de euros.

El precio al que van a comercializar los inmuebles estará de media entre los 200.000 y los 220.000 euros, una cantidad que, a juicio de la entidad, garantiza que tendrá demanda aunque empiecen a caer los precios. La mayoría del suelo sobre el que se construirán estas viviendas es libre, aunque una parte “residual” es protegido.

“A nadie se le escapa que habrá cambios de ciclo”, ha admitido el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen. Aún así, creen que “creen que va a encajar, sea cual sea la evolución a futuro” según el director general de Aelca, Javier del Oro Pulido. Esta promotora trabajará con Sareb en este proyecto. En la actualidad Sareb posee el 100% de Árqura Homes, aunque está previsto que fondos gestionados por Värde Partners (propietaria de Aelca) tomen una participación del 10% una vez reciban la autorización de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (CE).

Mientras tanto, Sareb mantiene en sus fondos unos 45.000 inmuebles. Aunque desde su creación en noviembre de 2012 han vendido unos 90.000, de trata de una “cartera viva” que sigue recibiendo activos procedentes de ejecuciones, daciones en pago, etcétera.

Además, tras el traspaso de la gestión de estos activos a Árqura, Sareb mantiene en cartera suelos por un valor de más de 3.750 millones de euros y promociones residenciales en construcción o ya terminadas por la compañía con un total de 2.800 viviendas.

Con esta promotora, que construirá sobre todo en el periodo 2021–2022 para hacer entregas en 2023–2024, Sareb espera conseguir beneficios, aunque no creen que vaya a resolver lo que Echegoyen ha definido como el “pecado original” de Sareb, es decir, la cantidad de suelo rústico, industrial y de viviendas consideradas activo tóxico que les fueron traspasadas en su creación.

La entidad semipública (un 45% pertenece al FROB) que preside Jaime Echegoyen tuvo que asumir por mandato del Gobierno en 2012 estos créditos a promotores del ladrillo quebrados, que habían sido concedidos en plena burbuja inmobiliaria por bancos que tuvieron que ser rescatados con dinero público. “Hubo un sobreprecio pagado en el momento de la adquisición de activos”, explicaba Echegoyen en la presentación de resultados de la compañía el año pasado. “Sareb compró al precio que se le dijo y nada puede hacer para cambiarlo”. Quienes determinaron estos valores fueron las auditoras Oliver Wyman y Roland Berger y el Banco de España.

En concreto, la entidad pagó 50.781 millones por una cartera de préstamos al promotor e inmuebles adquirida a nueve bancos. Desde entonces, ha conseguido reducir esa cartera en 16.541 millones, el 32,6%. En el caso de los préstamos a promotores, dicha cartera se ha reducido un 44% desde entonces. Su gestión aportó en 2018 unos ingresos de 2.208 millones, un 16% menos.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria aumentó sus pérdidas en 2018 un 55%, hasta 878 millones de euros, encadenando su sexto año consecutivo de pérdidas.

Aunque el negocio puramente inmobiliario registró unas ventas récord de 21.152 inmuebles (casi 58 al día), por importe de 1.400 millones (un 19% más), la cifra de negocios se redujo un 5%, hasta 3.650 millones, lastrada por la gestión de sus activos financieros, que básicamente consisten en la cartera de préstamos a promotores que asumió la entidad de la banca rescatada y que suponen el 80% de los activos que asumió en el momento de crearse.

El compromiso de Sareb es proceder a la liquidación de los inmuebles y préstamos adquiridos antes de noviembre de 2027. La mayoría del capital de Sareb está en manos privadas (un total de 32 entidades entre bancos, aseguradoras, inmobiliarias y un grupo eléctrico). El 45,90% pertenece al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).