Seguridad privada: 700 euros por vigilar aeropuertos, ministerios o centros comerciales
Están en las estaciones de tren, en los controles de los aeropuertos, en las entradas de edificios oficiales, en centros comerciales o en eventos como un partido de fútbol o un concierto. Los vigilantes de seguridad son la cara de la seguridad privada, un sector que, año a año y contrato a contrato, se ha precarizado cada vez más.
La reforma laboral y los bajos precios de los concursos públicos han hecho que los salarios y las condiciones de los trabajadores del sector estén bajo mínimos. Los sueldos en muchas empresas están muy poco por encima del salario mínimo interprofesional y en el mejor de los casos están en 1.100 euros. El conflicto de los trabajadores del aeropuerto de El Prat en Barcelona es el episodio más visible de un problema que va mucho más allá.
La seguridad privada emplea a unas 78.200 personas como vigilantes de seguridad, según una de las patronales, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). El 87% de estos trabajadores son hombres y su edad media es de 42 años. Un 17% de toda la facturación del sector procede de las administraciones públicas y ahí es donde radica uno de los principales problemas.
Los sindicatos señalan a los concursos a la baja de las administraciones, que premian la oferta económica más reducida sin tener en cuenta otros criterios. “Son puras subastas. Es sangrante que empresas que presentan ofertas que matemáticamente son imposibles ganen contratos importantísimos con la Administración”, critica el secretario de Acción Sindical de Construcción y Servicios de CCOO, Daniel Barragán, que explica que esas ofertas se materializan luego en recortes de plantilla, reducciones salariales y turnos interminables.
El caso ha llegado a ministerios como Defensa o Empleo. El departamento que dirige Fátima Báñez adjudicó la vigilancia de los Centros de Atención al Refugiado a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, con un convenio propio que reduce el 90% de los pluses de nocturnidad o festivo respecto al convenio estatal y que paga un sueldo de unos 700 euros. En el caso del ministerio dirigido por María Dolores de Cospedal, la adjudicación de la seguridad a la empresa Marsegur hizo que los trabajadores perdieran unos 400 euros frente al convenio estatal.
Los sindicatos tienen la vista puesta en la Ley de Contratación Pública que se negocia. Ese puede ser el instrumento que evite que los concursos y las licitaciones premien a este tipo de empresas. Cada vez más administraciones incluyen cláusulas sociales o estrategias para garantizar condiciones laborales dignas en las empresas con las que contratan. Es el caso de los ayuntamiento de Madrid y Zaragoza, o de los gobiernos autonómicos de Navarra, Aragón o Islas Baleares. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto el contrato de la empresa que les proporcionaba la vigilancia privada, Sinergias, por aplicar bajadas salariales a sus trabajadores.
La reforma laboral, clave
El problema, no obstante, excede a las administraciones. “Es un problema de modelo, durante estos años se ha distorsionado. El criterio para contratar, sea la Administración o un cliente privado, es el económico: se premia la oferta más barata y se deja fuera la calidad del servicio”, dice el responsable federal de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Ahí entra en juego el segundo factor a tener en cuenta en los conflictos que vive el sector: la reforma laboral.
La norma aprobada por el Gobierno en febrero de 2012 cambió las reglas de la negociación colectiva: desde entonces, el convenio de empresa prevalece sobre cualquier otro. Conflictos como el de las camareras de piso o el de los vigilantes de seguridad son la concreción de ese precepto abstracto. Algunas empresas firman sus propios convenios, en muchas ocasiones con una representación sindical creada ad hoc, que tiran por tierra los salarios y las condiciones firmadas en los convenios sectoriales y estatales.
“La reforma laboral es lo que más daño ha hecho. Peleas de precios brutales ha habido desde hace años, pero la posibilidad que dio la reforma de que las empresas hagan valer su propio convenio se lo ha cargado todo”, apunta Daniel Barragán, de CCOO.
Mientras que una empresa que aplica el convenio estatal puede pagar un sueldo de unos mil euros, las que tienen su propio convenio tienen salarios base que rondan los 700 euros. Es el caso de los vigilantes del Ministerio de Defensa, según denuncia UGT, que calcula que un 20% de los vigilantes de seguridad en activo trabaja ya en este tipo de empresas.
La Audiencia Nacional ha anulado decenas de estos convenios de empresa en varios sectores y los sindicatos siguen denunciando. “Pero el proceso es largo. Muchas empresas siguen aplicando su convenio mientras recurren y hasta que hay sentencia firme”, precisa el representante de UGT, Diego Giráldez. Hasta la patronal considera que esta “competencia desleal” es uno de los principales problemas del sector. El convenio estatal, que ya ha caducado pero que sigue aplicándose, incluye un artículo en el que patronal y sindicatos se comprometen a solicitar a las administraciones su cumplimiento en detrimento de otros acuerdos.
En lo que las partes no coinciden es en el contenido del nuevo convenio colectivo que tienen que negociar para los próximos años. Los sindicatos dicen que los planteamientos de la patronal son “regresivos” y que no firmarán nada que suponga recortes. La patronal recuerda que el sector arrastra aún unos resultados negativos. Las negociaciones están paralizadas y, mientras, los vigilantes de decenas de infraestructuras en distintos puntos del país preparan movilizaciones para otoño si sus condiciones no mejoran. “Eso es un polvorín”, resume Daniel Barragán.
El Gobierno ha anunciado que en los próximos días iniciarán conversaciones con organizaciones sindicales y patronales para analizar la situación del sector, tal y como pedían los sindicatos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este miércoles en el Congreso que este grupo de trabajo analizará “cuantas cuestiones contribuyan a la mejora del servicio y las condiciones de trabajo de la seguridad privada en el transporte terrestre, marítimo y aéreo”, con “especial incidencia”, ha dicho, en la contratación pública, la estabilidad laboral, la formación profesional en el sector, los tiempos de trabajo y la seguridad y la salud laboral.
