El juicio de la Seguridad Social contra Deliveroo por sus repartidores en Madrid se aplaza hasta el 31 de mayo

Primer juicio de la Seguridad Social contra Deliveroo aplazado. Este lunes estaba previsto el primer juicio tras una demanda de la Administración contra la empresa de reparto de comida a domicilio, por el acta de la Inspección de Trabajo en Madrid que concluyó que 517 mensajeros de la compañía eran falsos autónomos. La vista ha sido aplazada hasta el próximo 31 de mayo, tras la petición de pruebas por parte de Deliveroo y la asociación Aso Riders, vinculada a la compañía, según ha explicado Bernardo García, abogado de UGT que defiende a varios repartidores.

Los bajos de los juzgados de la Calle Princesa de Madrid comenzaban la mañana con una concentración de un grupo de repartidores, acompañados de representantes de UGT y de la Intersindical catalana. Con pancartas que denunciaban su condición de falsos autónomos, los concentrados advertían de la importancia de la vista. “Tenemos muchas ganas de que se celebre el juicio y ya por fin digan que somos trabajadores y no autónomos, ya lo ha dicho la Inspección”, sostenía Josefina Gómez, una exrepartidora de la plataforma que había sido citada como afectada al proceso judicial.

Josefina acudía a la cita con una muleta, que todavía necesita para caminar después de que tuviera un accidente con la moto mientras cumplía con un reparto a domicilio. A su lado, representantes de UGT y repartidores de Mensakas –una cooperativa creada por repartidores de plataformas que critican el modelo laboral de empresas como Deliveroo y Glovo– esperaban a que diera inicio al juicio, previsto para las 9 de la mañana.

Hasta allí se han desplazado también repartidores (también conocidos como riders) desde Barcelona y Valencia, para apoyar a los compañeros en el proceso judicial. Entre ellos, Víctor Sánchez, el mensajero que ha conseguido la primera sentencia firme contra Deliveroo que reconoce que el trabajador era falso autónomo. “Hemos venido a apoyar, pero también a ver si podíamos entrar al juicio, para escuchar los argumentos de cara al nuestro en Valencia”, ha afirmado el joven a eldiario.es.

Víctor Sánchez ha recordado que en el caso de Valencia el juicio de la Seguridad Social contra Deliveroo está previsto para el 25 de febrero, por lo que se celebraría antes que el de Madrid. “Si no consiguen también aplazarlo”, ha advertido.

Repartidora afectada: “Siento mucha impotencia”

Sánchez y sus compañeros no han logrado acceder a la sala del juzgado en la que estaba prevista la celebración del juicio, que estaba repleta de repartidores de Madrid afectados por el proceso. La Seguridad Social exige a la empresa “algo más de 1,2 millones de euros” por las cotizaciones social de estos más de 500 repartidores en Madrid. Tras dos horas de espera, ha sido comunicado el aplazamiento del juicio hasta la próxima primavera. “Siento mucha impotencia, no entiendo que haya que esperar tanto”, lamentaba Josefina Gómez a la salida.

El abogado Bernardo García ha explicado que la compañía y la asociación de repartidores vinculada a Deliveroo (Aso Riders) han solicitado una serie de pruebas a la Agencia Tributaria y a otras empresas de reparto, para demostrar qué mensajeros trabajaban también con otras empresas además de Deliveroo, lo que ha implicado el retraso del juicio.

eldiario.es ha preguntado a Deliveroo para recabar su versión sobre el aplazamiento, pero todavía no ha obtenido respuesta. Desde la compañía envían un comunicado en el que apuntan que “seguirá defendiendo el modelo de colaboración que se ha consensuado con los riders, ya que este es el modelo que les proporciona la libertad y flexibilidad de elegir cuándo y dónde trabajar, que es lo que los propios riders confirman que quieren”.

La compañía asegura en su escrito que “aquellos que hacen campaña para eliminar la flexibilidad no representan a la mayoría de los riders, quienes valoran la capacidad de adaptar el trabajo a sus vidas, y no al revés. Esto se eliminaría si se reclasificara la situación laboral de los riders”.

Deliveroo deberá justificar este modelo laboral basado en autónomos ante los tribunales por las actas de Inspección de Trabajo en su contra, al menos en Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.