A mediados del mes de mayo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, lanzó una advertencia ante la “creciente sensación” de que la recuperación llegaba más lentamente de los que se esperaba: “El paso del tiempo puede convertir los problemas de liquidez en problemas de solvencia”, para posteriormente hacer una llamada a la acción para paliar un desastre económico mayor. “El apoyo fiscal adicional podría ser costoso pero vale la pena si ayuda a evitar el daño económico a largo plazo y nos deja con una recuperación más fuerte”, dijo entonces Powell. Las autoridades monetarias y los gobiernos se han lanzado estos meses a implementar una serie de medidas para salvaguardar el empleo, aportar liquidez a las empresas y retrasar el pago de tributos y alquileres que han facilitado la supervivencia de miles de empresas. El primer round del combate contra la crisis se ha ganado pero ahora toca poner en marcha medidas para evitar la insolvencia de las empresas.
“El aumento del apalancamiento corporativo es una ilustración del riesgo. Cuando las empresas se vuelven insolventes, dejan de pagar sus deudas y pierden capacidad productiva y empleo, a veces de forma permanente. Grandes sectores como las líneas aéreas y el comercio minorista corren claramente el riesgo de seguir este camino, pero también lo corren las empresas más pequeñas con líneas de crédito bancarias y otros pasivos que tal vez no puedan atender una vez que ya no se disponga de la asistencia de los bancos centrales basada en préstamos a corto plazo. El mensaje de Powell fue claro: la Reserva Federal ha hecho mucho, podría hacer más, pero la política fiscal tendrá que asumir la carga a largo plazo de sostener la demanda agregada mediante gasto y préstamos”, explica Chris Iggo, CIO Core Investments de la gestora de fondos AXA IM.
Con estos argumentos se entiende la importancia de la reunión la semana que viene del Consejo Europeo donde se va a discutir y diseñar el fondo de reconstrucción NextGenerationEU por el que se repartirían 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones podrían ser transferencias y 250.000 millones serían préstamos. Hay que convencer a los países autodenominados frugales (Holanda, Dinamarca. Austria y Suecia) que defienden el precepto de austeridad y prefieren que las ayudas sean en forma de créditos. La derrota de Nadia Calviño en la carrera por la presidencia del Eurogrupo es un mal precedente para la negociación del próximo viernes.
De momento, la presidenta del Banco Central Europea (BCE), Christine Lagarde, anunciaba este miércoles en una entrevista en Financial Times que seguía el camino definido por Powell. Lagarde adelantó que en la reunión del próximo jueves no habría nuevas medidas de relajación de la política monetaria ya que las anteriores actuaciones del BCE habían inundado la economía con dinero barato, se había incrementado la compra de bonos y se presta a los bancos a tasas negativas con el objetivo de evitar una crisis financiera. Según la presidenta del BCE, los costos de los préstamos de los gobiernos de la zona euro han vuelto a los niveles anteriores a la crisis del coronavirus. En España, la prima de riesgo cerró el viernes a 88 puntos, muy por debajo del pico en esta crisis cuando llegó a 155 puntos, pero por encima de la media de los 67 puntos en la que se movía antes de la implantación del estado de alarma.
“Verdadero cambio de juego”
Lagarde apela a un acuerdo en el seno del Consejo para convertir las ayudas en transferencias. El fondo es un “verdadero cambio de juego... si una buena parte de él se hace en forma de subvenciones, en lugar de préstamos” porque “establecería un grado de unidad y solidaridad para beneficiar a los que más han sufrido”, declaró, ante el peligro que supone una recuperación a dos velocidades en la Unión Europea.
Las principales ayudas que se han dado en España han sido a través de avales del ICO a prestamos que han hecho los bancos a las empresas para que obtuvieran liquidez durante el cerrojazo de la economía por la pandemia. Con datos del Ministerio de Asuntos Económicos a 1 de julio, se han aprobado 663.995 de estas operaciones por 85.150 millones, con un importe avalado de 64.725 millones para garantizar liquidez y cubrir necesidades de circulante. Este programa de avales llega hasta los 100.000 millones y el pasado 3 de julio se aprobó una nueva línea de avales por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial. Ahora bien, aunque son créditos avalados por el Estado no significa que no haya que pagarlos, su impago vendría a generar un agujero mayor en las cuentas públicas cuando se estima que el déficit se elevará en 2020 entre el 10,8%, que calcula la Comisión Europea, y el 13.9% que pronostica el FMI.
La cuestión que se abre es si el mayor apalancamiento de las empresas puede solventar las dificultades de liquidez pero provocar un problema de solvencia. Para no confundir conceptos, liquidez es el potencial de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo y la solvencia es la disposición de la empresa para liquidar sus deudas a largo plazo. La primera se marca con la facilidad con la que los activos pueden convertirse en efectivo mientras que la segunda refleja las perspectivas de futuro del negocio. La falta de liquidez puede provocar impagos pero es fácilmente solucionable pero un problema de solvencia puede terminar en quiebra.
La incertidumbre de cómo va a evolucionar la pandemia, un auge de los rebrotes o volver a un gran encierro se mantienen entre los factores de riesgo que pueden perjudicar gravemente a las empresas españolas como se argumentaba esta semana en la presentación del informe del Real Instituto Elcano ¿Recuperación o metamorfosis? Un plan de transformación para España, coordinado por Federico Steinberg, Miguel Otero Iglesias y Enrique Feás: “Las restricciones a la movilidad y la desaparición temporal de una parte del gasto de los hogares colocan a muchas empresas en una situación que puede comprometer su viabilidad, en particular en el sector servicios. La creación de un programa de avales para la financiación empresarial por un importe de hasta 100.000 millones de euros pretende que el Estado asuma gran parte del riesgo de las operaciones que puedan hacer que empresas solventes se vean abocadas a un concurso por la imposibilidad de adaptarse a la tensión financiera que provoca la pandemia. Sin embargo, no puede descartarse que, si el parón económico debe continuar por motivos de salud pública, el tejido empresarial sufra daños irreparables y esto termine afectando a partes del sistema financiero a través de un aumento súbito de los impagos”.
No puede descartarse que, si el parón económico debe continuar por motivos de salud pública, el tejido empresarial sufra daños irreparables y esto termine afectando a partes del sistema financiero a través de un aumento súbito de los impagos
En su último informe de previsiones globales de la OCDE se señala que “el aumento de la incertidumbre y unos efectos más persistentes sobre la solvencia de empresas y hogares podrían restringir la recuperación de la demanda interna más de lo previsto. Esta última también podría magnificar los efectos indirectos en el sector financiero, mediante un aumento significativo de los préstamos morosos”.
Aunque los bancos está en una posición financiera mucho mejor que en la crisis de 2008 debido a los requisitos de capital impuestos tras esa debacle económica y porque el BCE ha concedido liquidez adicional a las entidades por valor de un billón y medio de euros a un tipo de interés negativo de hasta el -0,75% además de flexibilizar las exigencias de provisiones de los créditos dudosos. A pesar de esta medida, las entidades se han lazado a la venta de carteras de activos tóxicos. Por ejemplo, el Banco Sabadell ha contratado a EY para la búsqueda de compradores de un paquete de créditos hipotecarios morosos por valor de entre 900 y 1.000 millones de euros.
Ante este clima de incertidumbre Ángel Martín, socio responsable de global de Financial Restructuring de KPMG en España, explica que para las empresas “es imprescindible, tras obtener la liquidez necesaria en estos primeros meses, centrarse en volver a la rentabilidad, lo que requerirá ajustar costes y ser prudentes en la estimación de recuperación de los ingresos, analizar el cash flow generado y refinanciar los vencimientos de la deuda existente si no pudieran ser atendidos con la generación de caja estimada a futuro del negocio, o diversificar las fuentes de financiación (capital nuevo, financiación de circulante o financiación estructural)”.
Pero el problema es que las empresas no las tienen todas consigo en el objetivo de volver a la rentabilidad. La reducción de la demanda interna (32,7%), el incremento de la morosidad (27,0%), la fiscalidad (26,9%) y las dificultades de liquidez (26,2%) son los principales factores que los gestores de establecimientos consideran que tendrán un mayor impacto en la actividad de sus negocios en los seis próximos meses, según el Indicador de Confianza Empresarial de julio sobre el Impacto de la COVID-19 que ha realizado en Instituto Nacional de Estadística.
Con solo dos semanas de encierro en la segunda quincena de marzo los datos del primer trimestre del año han sido desastrosos. Las empresas no financieras cerraron los tres primeros meses del año con una fuerte caída del 63% en su resultado ordinario neto en comparación con el mismo período del año anterior, cuando creció un 9,7%, según datos de la central de balances del Banco de España. A pesar de la caída de los gastos financieros, el “brusco” descenso del resultado ordinario neto es consecuencia de la fuerte contracción de la actividad que motivó una “disminución muy pronunciada de la rentabilidad”, según el organismo supervisor.
Pero es que incluso en un escenario benigno, según los responsables del informe del Real Instituto Elcano, “aunque en 2021 asistamos a un rebote en el crecimiento del PIB, el problema de esta crisis para la economía española es que la fuerte subida del paro y de la deuda pública, junto con la pérdida de tejido productivo, nos colocan en una situación de extrema fragilidad y con riesgo de pérdida de potencial de crecimiento”.
Entre los sindicatos está empezando a cundir el malestar ya que tras esta primera etapa en la que los ERTE y otras medidas que han ayudado a mantener el empleo, ahora las obligaciones de pago de los pasivos de las compañías unidas a una desaceleración económica con una caída de la demanda se podrían traducir en despidos o la reducción de la masa salarial de los trabajadores el próximo otoño, además de dejar en el cajón la derogación de la reforma laboral del PP.
Ante los problemas de solvencia que puedan tener las empresas, el Gobierno ha puesto en marcha un fondo de 10.000 millones de euros para ayudar ayudar a las compañías viables con problemas de solvencia derivados de la crisis del Covid-19. El ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, comentó que el fondo, que será gestionado por SEPI, “dispondrá de una dotación inicial de 10.000 millones de euros para la toma de instrumentos financieros, incluyendo deuda, instrumentos híbridos o participaciones en el capital social de las empresas anteriormente referidas”. En el mundo empresarial se asume que esta medida se ha diseñado específicamente para las aerolíneas y los grandes grupos turísticos y hoteleros, tanto Iberia como Globalia ya mantienen conversaciones con el Ejecutivo para ver cómo se definen esas subvenciones, pero ¿son 10.000 millones suficientes para un país como España donde el tejido empresarial lo componen pequeñas empresas en su 95%?
A raíz de las opiniones de los expertos está claro que no. José Ignacio Conde-Ruiz, director del Informe económico y financiero de Esade que se ha presentado esta semana, aclara que “mucho más complejas son las políticas sectoriales de apoyo a las empresas fuertemente impactadas por la crisis. En las grandes empresas, la participación del sector público en un proceso de recapitalización parece una opción adecuada. Sin embargo, la mayor dificultad radica en la multitud de empresas medianas y pequeñas que no podrán disfrutar de esta posibilidad. Después del golpe inicial, el reto más complicado de las autoridades económicas será encontrar las políticas adecuadas para evitar la desaparición de gran número de empresas cuya solvencia ha quedado gravemente afectada por la crisis. Posiblemente este será el terreno en que se acabará dilucidando la magnitud real del impacto de la presente crisis sobre el funcionamiento de la economía y sobre el nivel de vida de la población a medio y largo plazo”.
Después del golpe inicial, el reto más complicado de las autoridades económicas será encontrar las políticas adecuadas para evitar la desaparición de gran número de empresas cuya solvencia ha quedado gravemente afectada por la crisis
Conde-Ruiz considera que, antes o después, el Gobierno deberá afrontar los problemas de solvencia en empresas, proporcionando medidas de reestructuración de deuda, planteando colaboraciones público-privadas y facilitando las fusiones, pero protegiendo el mercado único. También puntualiza que es necesario una reforma fiscal en 2022, cuando se haya recuperado el nivel de producción previo a la crisis. La reforma fiscal debería subir poco el impuesto de sociedades, ya que a su juicio está en línea con el de países del entorno, pero habría que eliminar o reducir deducciones, beneficios y exenciones fiscales además de avanzar a nivel europeo en una nueva fiscalidad para multinacionales y empresas digitales.
Pero lo decisivo para Conde-Ruiz es que el fondo europeo de recuperación económica se apruebe cuanto antes y que sea en mayor medida con transferencias para que la necesaria inversión pública que sostenga a empresas y ciudadanos no se convierta en una losa insalvable de deuda. El próximo viernes, en Europa se decide si se sale de la crisis con más deuda y más insolidaridad o con ayudas para hacer del espacio europeo un espacio de convivencia más igualitario.