Las oficinas del Banco Popular siguen abriendo cada día y sus cajeros proveen de dinero a los clientes que acuden. Sin embargo, la realidad del grupo financiero es muy diferente a la que tenía hace justo un año. Esta semana se han cumplido doce meses de uno de los últimos coletazos de la crisis financiera española. La entidad colapsó y tuvo que acudir al mecanismo de resolución europeo, que acabó vendiendo el banco por la cifra simbólica de un euro.
Han pasado 365 días desde que la crisis que arrastraba el banco desde hacía tiempo se hiciera finalmente insostenible. La fuga de depósitos y la pérdida de liquidez provocaron que se llegara al punto en el que estaba en duda hasta la apertura de sus oficinas al día siguiente. Fue el primero, y hasta ahora único caso, en el que entró en funcionamiento el Mecanismo Único de Resolución, una herramienta a nivel europeo ideada para el rescate de entidades financieras en crisis. Finalmente la JUR, brazo ejecutor del citado mecanismo, abordó la resolución del banco, acreditando su necesidad de capital, y lo transfirió a Banco Santander por un euro.
Sin embargo, el proceso no ha concluido y quedan tareas pendientes por parte del nuevo propietario. El primero de ellos, y el más importante, es el de las consecuencias judiciales de un proceso en el que miles de inversores y bonistas perdieron su dinero. Por otro lado, está todavía sin cerrar el proceso de fusión de las entidades, algo que todavía se alargará al menos un año y que producirá previsiblemente nuevos recortes de plantilla.
Vías judiciales
El proceso que ha seguido el Popular ha sido la primera vez que se llevó a cabo y, por ello, no ha estado exento de críticas. Los grandes accionistas observaron cómo toda su inversión se desvanecía con el proceso de la JUR, por lo que lo han recurrido ante la justicia europea. Son en concreto cinco grandes grupos los que han llevado el caso ante el tribunal comunitario, puesto que la JUR es un organismo europeo y no español. Reclaman si, quizá, se pudo intentar otro modelo de resolución que no diese al traste con su inversión.
Clave en este proceso es un documento elaborado por Deloitte que fue el que utilizó la JUR par tomar su decisión de rescate de Banco Popular. Este informe no se ha hecho público más que de manera parcial, y se está a la espera de que se desvele todo su contenido. Los citados fondos pretender servirse de dicha información para defender sus postulados.
A su vez, el proceso se encuentra también en la Audiencia Nacional. Por un lado, el juez Fernando Andreu investiga la gestión realizada por Ángel Ron y Emilio Saracho, los dos últimos presidentes de Popular antes del colapso, y el consejo de la compañía. El magistrado pretende concretar la responsabilidad de los administradores en el final de la entidad.
Junto a este caso, se han producido casi 260 recursos contenciosos administrativos contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y la JUR. Si bien, la Audiencia Nacional ha planteado que se espere a conocer la resolución de la justicia europea antes de valorar estos procedimientos.
A esta, se une una última vía, la civil, que están siguiendo principalmente los pequeños inversores que consideran que la entidad no aportó toda la información sobre la situación del banco en la última ampliación de capital. Por este camino ya se han obtenido las primeras sentencias, algunas de ellas con condenas para el Banco Santander, propietario actual de Popular. La entidad que preside Ana Botín emitió unos bonos de fidelización por 764 millones para los inversores que fuesen también clientes y que cubrían parte de la pérdida.
A las tres vías se une ahora también la parlamentaria. La comisión de investigación de la crisis financiera ha anunciado esta semana que Emilio Saracho y Ángel Ron acudirán a la cámara baja a explicar qué ocurrió bajo su dirección del grupo. También está llamado Rodrigo Echenique, actual presidente del banco, así como la auditora PwC o directivos del Banco de España.
Cabe destacar que ya acudió a dicha comisión hace unas semanas Luis María Linde, desde este viernes exgobernador del Banco de España, quien realizó una de sus afirmaciones más polémicas al asegurar que quizá habría que haber rescatado a la entidad ya en 2012. Más allá de eso, aseguró que el organismo se limitó a aportar toda la liquidez que necesitó Popular hasta que no pudo aportar más garantías.
Integración empresarial hacia la marca única
Un año después, Santander y Popular (también Pastor), funcionan como entidades financieras independientes, aunque pertenecientes al mismo grupo. Hasta la fecha se ha realizado únicamente la unión de los servicios centrales de las tres compañías. El próximo paso será la fusión societaria por la cual Popular se hará con Pastor y, una vez acabada, Santander con Popular. Esta operación ya está aprobada por los consejos de los tres bancos y está previsto que se realice finalmente en otoño, tras los permisos necesarios.
Tras este paso, en el que ya las tres entidades operarán como una sola, quedará pendiente la unión de la tecnología de los bancos, con el fin de que acaben funcionando bajo un sistema único. Y, con ello, llegará la hora de la fusión comercial. Como ya se avanzó, este paso supondrá finalmente la desaparición de Popular y Pastor como marcas y todas se unificarán bajo Banco Santander. Se espera que esto ocurra en junio del próximo año.
Unión laboral y recorte de plantilla
La unión de los tres bancos lleva consigo la fusión de tres plantillas que suman en total cerca de 30.000 empleados. Hace semanas, sindicatos y empresa arrancaron las negociaciones que ahora se encuentran en un “impasse”, según se señala desde CCOO. En concreto, las negociaciones han llegado a un escollo que ha frenado la unión de las condiciones laborales de las tres plantillas. La empresa, según explican desde el sindicato, ha incluido una modificación de los horarios, con el fin de poder ampliar las horas de apertura en algunas de sus sucursales. Fuentes sindicales confían en volver a la mesa en las próximas semanas, cuando les vuelva a convocar la empresa.
La fusión de las empresas se inició a finales del año pasado con la unión de los servicios centrales. Esto supuso un ERE que finalmente afectó a 1.100 empleados. Con las siguientes fases de la unión, especialmente con la comercial, se da por hecho por parte de la empresa que se acometerá un nuevo recorte de plantilla. Según CCOO, a ellos todavía no se les ha trasladado nada relativo a esta posibilidad, aunque asumen que en un proceso de este tipo acabará sucediendo.
Sin embargo, desde el sindicato señalan que, de producirse, no será hasta después del primer trimestre del próximo año, puesto que hay previstas unas elecciones sindicales para el arranque de 2019.
En resumen, no será hasta el próximo verano cuando la fusión entre Santander y Popular sea una realidad bajo una única marca. Parece más complicado que para entonces se tenga ya una sentencia sobre el caso que afecta a la antigua cúpula de la entidad rescatada, a tenor de lo visto en el caso Bankia, cuya salida a Bolsa no llegará a juicio oral hasta noviembre, siete años después de producirse.