Trabajadoras del 016 y del centro de pulseras contra maltratadores: “No es un trabajo de telemarketing”
Como si se tratara de una empresa de recepción de llamadas cualquiera. Es lo que aseguran las trabajadoras que ocurre en los dos servicios estatales de violencia de género, el teléfono de atención a las víctimas 016 y el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), que gestiona las pulseras para hombres investigados por maltrato, desde que vieran la luz en 2007 y 2009 respectivamente. La externalización de su gestión, que el Gobierno licita y adjudica a una empresa después de un concurso público, ha derivado en la imposición de unas condiciones a la plantilla más propias de empresas de call center o recepción de alarmas alejadas de la naturaleza del servicio, denuncia UGT en un informe presentado este jueves.
“Ellos lo que pretenden es que te conviertas en una operadora de telemarketing, hagas determinadas preguntas, no te alargues demasiado, la sonrisa que le llaman ellos…. Al final estás más pendiente de todas las cosas formales que te están imponiendo que de lo que te está contando la mujer. Y ya no te digo si te estás excediendo en el tiempo…”, explica una trabajadora del 016. Este servicio se encarga de la atención, información y asesoramiento de las víctimas de maltrato, mientras que Cometa gestiona las alarmas cuando un hombre entra en la zona prohibida que le ha establecido un juez. En ese caso, las trabajadoras deben activar un protocolo para contactar con él, con la mujer y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La denuncia que UGT desarrolla en el estudio denominado Esto no es un negocio llama la atención sobre “la precariedad” derivada del proceso externalizador y denuncia la falta de especialización en violencia de género de las empresas adjudicatarias: Telefónica en el caso de Cometa, que subcontrata a Securitas Direct para ejecutar el servicio, y Atenzia en el del 016. El informe, que incluye testimonios de varias trabajadoras, incide en las consecuencias que tiene la aplicación de convenios colectivos que tienen más que ver con la actividad originaria que llevan a cabo las empresas adjudicatarias que con el objetivo social de estos servicios concebidos para proteger a las víctimas de violencia de género.
Así, tal y como establecen los pliegos técnicos, dependientes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en el caso del 016, el convenio aplicado es el del sector de Contact Centers –antes llamado de Telemarketing– y en el caso de Cometa, el de Seguridad, en consonancia con la actividad principal de Securitas Direct, la gestión de alarmas. Esto provoca que las trabajadoras sean incluidas en las categorías de menor cualificación y en las que no se exige titulación universitaria de las dispuestas en estos convenios, categorías reservadas para las personas que ejercen de operadoras de alarmas y de llamadas.
Sin embargo, UGT ha podido comprobar que muchas de las empleadas, sobre todo las que más años llevan, sí cuentan con titulación universitaria y especialización en violencia de género, lo que unido a una progresiva flexibilidad de la exigencia de este tipo de criterios en los procesos de selección, ha conducido al “encubrimiento de trabajo cualificado en categorías laborales no cualificadas”, denuncia el sindicato. En el caso de Cometa, de hecho, conforme se ha ido consolidando el centro “los criterios y procesos de selección iban degradándose y haciéndose un tanto erráticos”. “¿El hecho de utilizar el teléfono como herramienta de trabajo es sinónimo de que se trata de un trabajo no cualificado?”, se pregunta el informe.
Entre un 27% y un 64% más de sueldo
Esta situación afecta directamente en dos vertientes: por un lado, las trabajadoras perciben un menor salario que si el convenio aplicado fuera el de Intervención Social, más acorde a las funciones que realizan, o el Convenio Único de la Administración General del Estado, en el caso de que el Gobierno no externalizara el servicio. En estos casos, no podrían usarse las categorías de operadoras “como cajón de sastre” y pasaría a incrementarse el salario bruto mensual de las trabajadoras. Actualmente, el convenio marca un salario para el 016 de 1.064 euros y 901 en el caso de Cometa. De aplicarse el convenio de Intervención Social, las empleadas percibirían 1.479 euros y entre 1.600 y 1.900 en caso de que la Administración prestara el servicio directamente. Es decir, se producirían aumentos de entre el 27% y el 64%, dependiendo del convenio y la titulación exigida.
“La precariedad para mí es más que la precariedad económica. Es también que no se sepa dignificar el trabajo que estás haciendo, que encima la empresa te ponga zancadillas y te digan 'sí, sí, eres titulada universitaria, eres especialista en violencia de género pero para nosotros eres una operadora, te estoy evaluando como a una operadora y te estoy pagando como una operadora'”, explica una trabajadora de Cometa, que actualmente mantiene a poco más de 1.000 hombres vigilados mediante este sistema de seguimiento.
La misma sensación comparten las trabajadoras del 016, en cuyo caso además los pliegos técnicos de adjudicación del servicio sí reconocen que las trabajadoras deben ser profesionales con formación especializada. “Estás atendiendo muertes en directo, crisis de ansiedad, persecuciones, navajazos, menores aterrados viendo palizas, un caso detrás de otro. No es un trabajo de telemarketing”, explica una empleada.
Junto a ello, las trabajadoras denuncian los procesos de evaluación bajo criterios productivos a los que son sometidas. En el caso del 016, la nueva empresa adjudicataria, Atienza, no ha implementado todavía ningún control de este tipo, pero en Cometa sí pervive un sistema por el que auditan a las empleadas mensualmente. “Por ejemplo, una señal de agresor en proximidad se tiene que resolver en tres minutos y todo lo que te salgas de eso, ¡mal! Dime tú, en un caso en que un agresor está a 50 metros de una señora y ella está muy nerviosa, muy alterada, histérica, ¿cómo voy a estar yo pensando en no irme de tiempo y colgarle lo antes posible para que eso no me perjudique en mi auditoría? ¡Cuando mi trabajo es ese! ¿Entiendes lo absurdo de la situación?”, se pregunta una trabajadora del centro.
El vaivén de las adjudicaciones
El informe del sindicato pone sobre la mesa la inestabilidad laboral a la que están sujetas las empleadas de ambos servicios e incide en que el control que ha ejercido la Administración pública sobre la actuación de estas empresas “no ha sido suficiente”. Algo que ejemplifican los procesos de adjudicación acontecidos en el último año, una externalización que, en último término, “limita el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género”, lamenta el estudio.
El pasado mes de agosto, el BOE publicaba la formalización del contrato para gestionar Cometa tras ser adjudicado en julio a Telefónica. Lo hizo después de que en una primera ocasión, el contrato quedara desierto por falta de ofertas, lo que hizo que el Gobierno, entonces del PP, se viera obligado a publicar unos segundos pliegos con un ligero incremento del presupuesto y una mejora económica para la empresa. Entre otras cosas, aligeró la exigencia a la compañía para renovar las pulseras de control a los maltratadores, dispositivos tecnológicos obsoletos que daban multitud de errores técnicos. Si en un primer pliego, el plazo máximo para sustituirlos era de cuatro semanas, el contrato finalmente adjudicado no contaba con pliego ni con exigencia de tecnología puntera. Por ello, los dispositivos serán renovados a tecnología 3G por primera vez en nueve años, en vez de a la 4G o 5G que ya utiliza el mercado.
El caso del 016, por su parte, ha provocado que las trabajadoras, más de la mitad en el servicio desde 2007, hayan perdido sus derechos de antigüedad con el cambio de empresa –el contrato fue adjudicado a Atienza el pasado mes de mayo– debido a que el convenio de Contact Center no garantiza que, en caso de un cambio de compañía, las trabajadoras mantengan sus condiciones de trabajo, solo que sean incorporadas al proceso de selección. Con ello, pocas horas antes de que el contrato con la anterior empresa adjudicataria, Arvato Qualytel, finalizara, las empleadas desconocían de qué forma ni en qué lugar trabajarían. Poco después, el servicio fue trasladado a un polígono alejado del centro de Madrid para pasar ahora a un lugar que, denuncian las trabajadoras, es “denigrante”. “Antes nos venían a visitar de todo el mundo, éramos un referente. Ojalá viniera alguna de esas visitas ahora y viera en qué condiciones trabaja el 016”, zanja una de ellas.
