El anteproyecto de ley para instaurar en España un impuesto de transacciones financieras ha echado a andar. El Consejo de Ministras anunció este viernes su aprobación. De superar su tramitación parlamentaria, España se unirá a otros países europeos como Italia o Francia que ya cuentan con este gravamen, aunque sin los resultados esperados.
En concreto, tal y como se avanzó en el acuerdo firmado entre el Gobierno y Unidos Podemos, el nuevo impuesto gravará en un 0,2% la compra de acciones de empresas españolas cotizadas con más de 1.000 millones de capitalización. El gravamen afectará a los intermediarios y se liquidará con periodicidad mensual, dejando fuera las salidas a Bolsa.
Con esto, el Gobierno quiere captar 850 millones de euros en 2019, que irán destinados a financiar el sistema público de pensiones. “Es una muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema”, defendió María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Este impuesto no es exclusivo de España. Ya en 2011, una decena de gobiernos europeos, entre los que estaba España, acordó con Bruselas la creación de este impuesto de transacciones financieras (FTT, en sus siglas en inglés). Allí se incluía la incorporación de un impuesto del 0,1% sobre la compra de acciones y un 0,01% sobre los derivados, que son operaciones bursátiles con activos cuyo valor está basado en otros activos, como los contratos de futuros.
España sí ha aplicado el primero y lo ha subido al 0,2%, pero no el segundo, que hace referencia a las operaciones más especulativas de la Bolsa. De este modo, solo se gravará la compra de acciones, también intradía, de las empresas españolas cotizadas de más de 1.000 millones de capitalización. Esto incluye hoy en día a unas 60, algo menos de la mitad de las compañías cotizadas.
El modelo más parecido a lo que ha presentado ahora España es el francés. Allí, el conservador Nicolas Sarkozy instauró en 2012 este impuesto para la compra de acciones. En un principio, era el 0,1%, posteriormente se subió al 0,2% y en la actualidad está en el 0,3%. El impuesto recaudó en 2016 algo más de 900 millones de euros, aunque en ejercicios previos llegó a superar los 1.000 millones. También gravaba la compra de acciones de empresas francesas de más de 1.000 millones de capitalización.
Sin embargo, la Cámara de Cuentas francesa remitió hace un año una carta al ministro de Economía francés, Bruno LeMaire, asegurando que el impuesto, con una estructura prácticamente idéntica al español, no ha tenido “los resultados esperados” cuando se instauró en 2012. En concreto, apuntaban que no había tenido impacto en el sector financiero, pero sí en “el usuario de los sistemas de intermediación”, puesto que las empresas de servicios de inversión transmitían los costes a sus clientes.
El organismo francés criticaba además que no se incluía a los derivados financieros y que, de facto, no se gravaba a las operaciones del mercado más especulativas. También señalaba que la limitación del campo de acción de este impuesto a las empresas francesas “permitía que las operaciones nocivas que se querían evitar se desplazaran a otros países”. Este organismo fiscalizador solicitaba el aumento de controles sobre el sector para elevar los ingresos por este impuesto.
El impuesto francés sobre las transacciones financieras nació con tres objetivos. El primero de estos era hacer que el sector financiero contribuyera en la reparación de las finanzas públicas. En segundo lugar, se pretendía ejercer una mayor presión sobre las actividades más especulativas. Por último, se apuntaba a la necesidad de buscar que se sumasen otros Estados.
Reacciones en España
La principal preocupación para las asociaciones de consumidores financieros, como Adicae, es que este impuesto no suponga un mayor coste para los pequeños accionistas. En este sentido, solicitan que tanto la CNMV como el Banco de España ayuden a controlar que no se produzca un aumento de comisiones de estos servicios. En Francia la Cámara de Cuentas apuntó a esta como una de las consecuencias del impuesto. Por último, considera que la ley se ha quedado “corta”, por no afectar a los fondos buitre y a las actuaciones más especulativas.
El impuesto de transacciones financieras es un heredero de la histórica Tasa Tobin. Uno de sus defensores tradicionales ha sido la asociación ATTAC, que valora “positivamente” la instauración en España de este gravamen, aunque lo consideran un acuerdo “de mínimos” y animan a avanzar en el futuro en su ampliación.
Entre las reacciones contrarias a la implementación de este impuesto, destaca la de BME, la empresa que gestiona las bolsas y mercados en España. La compañía considera que será una “mala noticia” para empresarios, intermediarios e inversores. “Esta medida genera desconfianza en la comunidad inversora, producirá inequidad y arbitraje fiscal con otros países de nuestro entorno”, apunta.
En esta línea, en un reciente evento público, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, consideró que “este impuesto solo funciona si lo aplica toda Europa al mismo tiempo”. Esta última idea coincide con el planteamiento que hace la Cámara de Cuentas francesa que apuntaba la falta de acuerdo como un freno para lograr el éxito de este impuesto.