Transportes abre el grifo de los fondos europeos con 1.000 millones para ciudades que reduzcan el tráfico rodado

Comienza el reparto de los fondos europeos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha abierto la primera convocatoria para repartir 1.000 millones entre ayuntamientos que creen zonas de bajas emisiones y fomenten los modos de transporte sostenibles (transporte público colectivo, ir en bicicleta y caminar). Las ayudas cubrirán hasta el 90% de los costes y el plazo para solicitarlas concluye el próximo 30 de septiembre, según se desprende del anuncio publicado en el BOE. Los consistorios pueden presentar proyectos licitados después del 1 de febrero de 2020. Está prevista una segunda convocatoria de 500 millones en 2022.

La creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) está recogida en la Ley del Cambio Climático, aprobada el pasado 8 de abril en el Congreso. Afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes y a las capitales de provincia, a quienes va dirigida la convocatoria. Además, podrán solicitar ayudas los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que tengan transportes colectivos, los entes locales supramunicipales y las agrupaciones de municipios.

¿Qué conceptos son subvencionables? En primer lugar, inversiones necesarias para la creación de las propias ZBE, como controles semafóricos, sensores o programas de reconocimiento de matrículas.

En segundo lugar, se subvencionarán “medidas destinadas a fomentar el cambio modal hacia el transporte público e impulso de la movilidad saludable”. En este apartado se incluyen proyectos como: peatonalizaciones, creación de infraestructura ciclista, de supermanzanas, fomento de la intermodalidad con vehículos de bajas emisiones (patinetes, carsharing y motosharing), creación de aparcamientos disuasorios y otras actuaciones para calmar el tráfico rodado (señalización, controles de velocidad, etc.).

Además, se subvencionará la transformación de las flotas de transporte público, mediante la compra de autobuses eléctricos o de hidrógeno y la instalación de puntos de recarga eléctrica para estos.

El control del cumplimiento de las actuaciones corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, aunque otros órganos —como el propio Mitma, el Tribunal de Cuentas, la Secregaría General de Fondos Europeos y los órganos de control de la Comisión Europea— pueden realizar actuaciones de comprobación.

Esta línea de los fondos europeos está dotada con 2.900 millones en total. Además de los 1.500 millones previstos para las actuaciones descritas, el Mitma transferirá 900 millones a las comunidades para que financien proyectos similares, dedicará 400 millones para transformar flotas de empresas y 105 millones a proyectos de “humanización y calmado de tráfico” en travesías.