El Tribunal Constitucional alemán levanta el bloqueo y despeja el camino a los fondos de recuperación en toda la UE

El Tribunal Constitucional alemán despeja el camino para los 750.000 millones (140.000 millones para España, entre transferencias y créditos) de los fondos de recuperación europeos. Así lo ha decidido este miércoles, rechazando las medidas cautelares y permitiendo la ratificación en el Parlamento federal de la orden de recursos propios (la que permite que la Comisión Europea emita deuda para financiar los fondos), que había paralizado a finales de marzo.

El tribunal con sede en Karlsruhe, no obstante, no se manifiesta sobre la cuestión de fondo, que queda pendiente más adelante, si bien da el visto bueno dado lo que está en juego y advierte de que puede negarse en una futura ocasión si llega el caso con un nuevo fondo de recuperación, por ejemplo.

La decisión ha sido celebrada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

A partir de aquí, el siguiente paso será la firma por parte del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que quedó suspendida el 26 de marzo por el Constitucional alemán. En todo caso, aún quedan 10 países, incluido Alemania, por ratificar la legislación. Ahora, las miradas se fijan en Polonia, donde la coalición gobernante está dividida al respecto.

En todo caso, el tribunal dice que la denuncia, entre otros del partido de extrema derecha AfD, no es “infundada”, pero entiende que bloquear el instrumento de deuda conjunta de la UE (800.000 millones a precios actuales) trae consigo más riesgos que una posible violación de la Constitución de Alemania.

“Retrasar la entrada en vigor de la Decisión sobre recursos propios de 2020 afectaría negativamente al objetivo de política económica perseguido”, dicen los jueves: “Las consecuencias resultantes podrían resultar irreversibles y, dado que como instrumento de recuperación, el NGEU [fondos de recuperación] tiene como objetivo específico abordar las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y prevé medidas a tomar en un período de tiempo relativamente corto, retrasar la entrada en vigor de la Decisión supondría, además, una tensión importante en las relaciones exteriores y europeas”.

“Por el contrario”, prosiguen los jueces, “las desventajas que surgirían si no se dicta la orden judicial preliminar y luego se declarara inconstitucional la ley que ratifica la Decisión sobre recursos propios de 2020, tienen un peso significativamente menor. En este caso, la Decisión sobre Recursos Propios de 2020 podría entrar en vigor una vez que todos los Estados miembros la hayan ratificado, autorizando a la Comisión Europea a pedir prestado hasta 750.000 millones de euros a precios de 2018 en los mercados de capitales en nombre de la Unión Europea hasta el año 2026”.

Por tanto, “si en el procedimiento principal se concluyera que la Decisión sobre recursos propios de 2020 equivale a un acto ultra vires [de invasión de competencias europeas sobre las alemanas], parece posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previa remisión del Tribunal Constitucional Federal, pudiera declarar nula la Decisión sobre recursos propios de 2020. Si la Corte Constitucional Federal determinara que la Sentencia de Recursos Propios de 2020 constituye un acto ultra vires o declara, contrariamente al examen sumario en el procedimiento de medida cautelar, que invade la identidad constitucional, correspondería al Gobierno Federal, Bundestag y Bundesrat para restaurar el orden constitucional por todos los medios a su alcance”.