Qué es el Tribunal de Cuentas que reclama 5 millones a Mas por el 9-N
El Tribunal de Cuentas ha citado al expresidente catalán Artur Mas en el marco de su investigación sobre la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, y podría reclamarle a él y a otros ex altos cargos el dinero público que se gastó en aquel proceso, una cantidad que podría superar los cinco millones de euros.
Este tribunal es un órgano de control externo de las cuentas y de la gestión económica del sector público, y también tiene una función jurisdiccional, es decir, capacidad para enjuiciar la responsabilidad contable en que incurran quienes tienen a su cargo el manejo de fondos públicos.
Se le atribuye asimismo el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria. Sin embargo, de ninguno de sus informes ha salido un gran caso de corrupción como la trama Gürtel, Fundescam o el caso Palau. Sus investigaciones sí han servido para cifrar en 3.718 millones el coste del rescate de las autopistas de peaje o los distintos sobrecostes de las obras del AVE.
El nombre de uno de sus presidentes y consejero durante 22 años a propuesta del PP, Ubaldo Nieto, apareció en una anotación en la supuesta libreta de Bárcenas con una “donación” de 3.000 euros el 2 de marzo del 2004, cuando dirigía el tribunal.
Además de recibir críticas por la lentitud de sus informes y dictámenes, un problema endémico que ha ido enmendando en parte con el tiempo, esta corte centenaria se ha visto envuelto en escándalos como la noticia de que 100 de sus 700 empleados tenían lazos familiares entre sí o con altos cargos, como publicó El País. En la actualidad se sientan en el consejo del Tribunal de Cuentas, cuyos miembros son designados por las Cortes Generales, Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, o Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia. En total son doce miembros elegidos por un periodo de nueve años renovables.
Otras polémicas en las que se ha visto envuelto fueron la adjudicación a dedo a una empresa de Villar Mir de la nueva sede del Tribunal o el archivo de un expediente a una empresa administrada por el marido de su secretaria general.
En junio pasado, Ciudadanos registró una proposición no de ley para modificar las leyes que regulan el TCu con el fin de “modernizar y regenerar” esta institución y evitar así los casos de “desviación de poder, arbitrariedad y nepotismo” que se están produciendo, según distintas sentencias del Tribunal Supremo.
En 2003 una sala del Tribunal condenó al ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano a restituir 103.776 euros, pero fue posteriormente absuelto por otra sala de la corte. También fue famoso el caso de Pilar Miró, que no llegó a ser condenada por el Tribunal al reintegrar en 1988 dos millones de pesetas que habría utilizado indebidamente en su etapa como directora de TVE.
