Bruselas abre la puerta a las ayudas públicas para la fabricación de chips ante la escasez mundial de semiconductores

Ayudas públicas para fabricar chips ante la escasez mundial de semiconductores que atraviesa las cadenas de producción de múltiples sectores industriales. Es una de las principales novedades de la Comunicación de la Comisión Europea sobre cómo quiere el Ejecutivo comunitario que sea la política de competencia de la UE en el futuro próximo. No en vano, la crisis de los chips podría costar 180.000 millones al sector del automóvil, el doble de lo previsto, por ejemplo; un sector paralizado por la crisis de los semiconductores. “Lograr un suministro resistente y seguro de semiconductores para la industria europea es un requisito previo para lograr los objetivos de la Década Digital y sus objetivos para 2030”, dice Bruselas.

La vicepresidenta europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha presentado esta revisión de la política de competencia comunitaria que, eso sí, preserva su capacidad de vetar acuerdos, castigar el mal comportamiento empresarial y bloquear las grandes ayudas estatales. Unas capacidades a veces discutidas por Francia y Alemania, que piden más manga ancha para sus grandes campeones nacionales –como Siemens o Alstom– ante sus rivales chinos, a los que Bruselas intenta reducir los márgenes de maniobra cuando las empresas extranjeras son de propiedad estatal.

Y, en relación con las ayudas a los chips, la Comisión Europea entiende que los fondos estatales pueden destinarse a la innovación y la investigación, sin ser un cheque en blanco. Así, la Comisión está dispuesta a eliminar obstáculos para los países de la UE que desean invertir en instalaciones de producción de chips, aunque con condiciones.

La ayuda tendrá que ser “necesaria, apropiada y proporcionada”, minimizar las “distorsiones indebidas de la competencia” y los beneficios deben ser “compartidos ampliamente y sin discriminación en toda la economía europea”, dice el Ejecutivo comunitario en su comunicación.

Vestager ha permitido en el pasado subsidios a semiconductores a través de los llamados Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI), limitados a fondos de investigación para chips de vanguardia. Ahora se abre a que la UE permita ayudas estatales para garantizar que haya suficiente capacidad de producción de microchips en Europa.

“En vista de la situación excepcional en lo que respecta a los semiconductores, su relevancia y la dependencia del suministro de un número limitado de empresas en un contexto geopolítico desafiante, la Comisión puede contemplar la aprobación de ayudas para cubrir posibles lagunas de financiación para el establecimiento, en particular, de empresas europeas de primer orden. instalaciones únicas en el ecosistema de semiconductores”, afirma Bruselas.

“La ley de Chips europea ha sido anunciada en el contexto de la escasez mundial de semiconductores, que ha puesto de manifiesto la extraordinaria relevancia de esta industria en una amplia gama de la huella industrial europea, desde la automoción hasta la sanidad”, prosigue el Ejecutivo comunitario, “algo que aumentará exponencialmente en el futuro en vista de las demandas de conectividad, ciberseguridad y eficiencia energética. Lograr un suministro resistente y seguro de semiconductores para la industria europea es un requisito previo para lograr los objetivos de la Década Digital y sus objetivos para 2030, respaldados por el Consejo Europeo”.

La Comisión Europea constata que la crisis “ha puesto de manifiesto la dependencia europea del suministro de un número limitado de empresas y geografías, y su vulnerabilidad a las restricciones de exportación de terceros países y otras perturbaciones en el contexto geopolítico actual. Además, esta dependencia se ve agravada por las barreras de entrada extremadamente altas y la intensidad de capital del sector, así como por su particular relevancia para las aplicaciones de seguridad y defensa existentes y futuras”.

“Teniendo en cuenta todos los factores”, la Comisión Europea “puede prever la aprobación de ayudas públicas para colmar posibles lagunas de financiación en el ecosistema de semiconductores para el establecimiento, en particular, de instalaciones europeas pioneras en la Unión. Dicha ayuda debería estar sujeta a fuertes salvaguardias para garantizar que la ayuda sea necesaria, apropiada y proporcionada, que se minimicen las distorsiones indebidas de la competencia y que los beneficios se compartan ampliamente y sin discriminación en toda la economía europea. Todos los casos relacionados con el suministro de un producto tan crítico deben ser examinados rigurosamente en función de sus propios méritos respectivos”.

La Comisión Europea afirma que “la apertura del mercado único al comercio y la inversión es una fortaleza y una fuente de crecimiento y resistencia para la Unión, como importante importador y exportador. Sin embargo, es posible que la escala y la igualdad de condiciones que ofrece el mercado único no garanticen la competitividad de las empresas europeas si no se garantiza también una competencia leal en el escenario mundial”.

Así, la Comisión está revisando el marco de ayudas estatales sobre proyectos importantes de interés común europeo (IPCEI). Este marco permite a los Estados miembros y la industria “superar conjuntamente las deficiencias del mercado o los desafíos sociales, mediante la puesta en marcha de ambiciosos proyectos paneuropeos de manera transparente e inclusiva, al tiempo que garantiza efectos indirectos positivos para la economía de la UE en general”.

Por ejemplo, la Comisión está dispuesta a permitir la cofinanciación de un posible IPCEI sanitario con fondos de la UE que puedan contribuir al logro de los objetivos de salud y resiliencia de la UE mediante el diseño de nuevas generaciones de contramedidas médicas o tecnologías de fabricación innovadoras.

Regulaciones

Para contribuir a la respuesta de Europa a la crisis del coronavirus y apoyar la recuperación europea, la Comisión Europea ha adoptado una sexta prórroga de las ayudas estatales temporales con una prolongación limitada de las medidas existentes hasta finales de junio de 2022.

Bruselas, así, establece el camino para una fase progresiva fuera de las medidas de crisis, al tiempo que evita los efectos del borde del precipicio, y acompaña la recuperación con nuevas herramientas para impulsar y atraer la inversión privada en la fase de recuperación.

En relación con la transición verde, las próximas directrices sobre clima, protección ambiental y ayuda energética tendrán como objetivo “apoyar los esfuerzos de la industria hacia la descarbonización, la circularidad y la biodiversidad, así como la movilidad limpia o de cero emisiones y la eficiencia energética de los edificios”.

Además, la Comisión tiene la intención de “proporcionar orientación y seguridad jurídica para permitir la cooperación para perseguir productos y procesos de producción más sostenibles”. Para contribuir a la transición digital, las próximas directrices sobre ayudas estatales de banda ancha “tienen como objetivo fomentar el desarrollo de la infraestructura digital facilitando el despliegue y la adopción de redes de banda ancha que respondan a las necesidades de los usuarios en rápida evolución”.

“Para contribuir a la resiliencia por medio de mercados abiertos y competitivos”, continúa el Ejecutivo comunitario, “el control europeo de fusiones seguirá permitiendo a las empresas alcanzar una mayor escala, al tiempo que se asegura de que los mercados sigan siendo competitivos y las cadenas de suministro diversificadas. Además, la política antimonopolio permite a las empresas de la UE unir fuerzas para avanzar en sus esfuerzos de investigación y desarrollo, diseñar, producir y comercializar productos, o comprar conjuntamente productos o servicios que puedan necesitar para sus operaciones”.

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