Vivir en palacetes por 350 euros al mes: el "escándalo" que beneficia a decenas de cargos de la Agencia Tributaria

Enormes viviendas de propiedad pública por alquileres ultrarreducidos para altos funcionarios cuyo sueldo supera los 100.000 euros anuales. Es la situación en la que se encuentran desde hace años más de una veintena de cargos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 

Estos funcionarios, a menudo los mejor pagados en su provincia, disfrutan de viviendas de propiedad pública en las mejores zonas de algunas ciudades españolas a cambio de una renta muy por debajo de los precios del mercado: unos 350 euros al mes, que declaran como retribución en especie en el IRPF.

A 10 de febrero de 2022, “en total son 32 los inmuebles ocupados”, indica la AEAT en un correo electrónico en el que explica que el perfil de estos funcionarios, que no son altos cargos, “es diverso”. De esos 32 “inmuebles ocupados”, en expresión de la agencia (en diciembre eran 34), cinco lo están por delegados especiales y doce, por delegados provinciales. Otras quince viviendas están “ocupadas por administradores, responsables de Aduanas y de Vigilancia Aduanera, porteros…”. 

Por tanto, están en esa situación casi un tercio de los delegados especiales de la agencia (hay uno por cada comunidad autónoma). Por lo general, inspectores de Hacienda cuyas retribuciones pueden superar holgadamente los 100.000 euros brutos anuales, más que el presidente del Gobierno o cualquier ministro. La última vivienda ocupada, indica el organismo, fue la de un delegado provincial, en noviembre.

Esas casas, ubicadas en dependencias de la AEAT, tienen un tamaño medio de 186,48 metros cuadrados. “La superficie máxima es de 423 m2 y la mínima de 40 m2”, indica la agencia.

Respecto al tiempo medio que estas personas llevan en esas viviendas, las situaciones son “muy diversas. Hay supuestos de viviendas ocupadas por personal laboral, por ejemplo, que las pueden mantener durante muchos años, combinados con casos de delegados especiales y provinciales cuya permanencia en el cargo, y por tanto, con permanencia en la vivienda, depende del momento de su nombramiento y cese”.

¿Cómo es posible que paguen tan poco? La ley del IRPF estipula que el disfrute gratuito o por un precio inferior al de mercado de un inmueble para fines particulares es una renta en especie. Se valora mediante un porcentaje del 5% o el 10% del valor catastral de la vivienda, en función de si el municipio de residencia ha revisado o no esos valores en la última década. Pero la valoración que se aplique no puede superar el 10% de la retribución anual del trabajador.

Para un delegado con un sueldo anual de 100.000 euros, la máxima valoración del inmueble sería del 10% de ese importe, 10.000 euros, con lo que el coste para él sería el tipo marginal del IRPF. “Suponiendo un tipo del 45%, serían 4.500 euros, que suponen 375 al mes por viviendas cuyo valor de mercado real en régimen de alquiler sería de varios miles de euros”, resume un fiscalista consultado.

No tiene un pase que una persona sea delegada de Hacienda, embargando a ciudadanos humildes, cuando está viviendo por 300 euros al mes en pleno centro de una capital

Antonio García Soto — Secretario general de UGT en la AEAT

Para Antonio García Soto, secretario general de UGT en la AEAT, “no tiene un pase que una persona sea delegada de Hacienda, embargando a ciudadanos humildes, cuando está viviendo por 300 euros al mes en pleno centro de una capital española”. “Es un escándalo” y “una maniobra corporativa de una élite”. En su opinión, este “abuso del erario público” puede “tener sentido en algunos destinos, como Ceuta y Melilla, o en épocas pasadas, por la amenaza terrorista”.

“Viven en palacetes y áticos en las mejores zonas de las ciudades” pagando “alquileres testimoniales”, lamenta. “Se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos y a estos no”, ironiza.

A preguntas sobre este asunto, la AEAT no detalla la relación de inmuebles y funcionarios que disfrutan de esas casas, por protección de datos. La cifra global de viviendas ocupadas que facilita se acerca a la que figura en un inventario de viviendas y aparcamientos reservados para vehículos particulares de funcionarios de la AEAT que han elaborado UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), mayoritarios en el organismo.

Según ese listado, que los sindicatos reconocen que puede tener errores, entre los inmuebles ocupados por cargos del organismo no hay ninguno en las dos grandes capitales españolas, Madrid y Barcelona. Pero sí en dependencias de la AEAT en ciudades muy relevantes como A Coruña, Alicante, Almería, Cádiz, Córdoba, Donostia, Granada, Palma o Vigo.

Uno de los casos más comentados es el de Arnaldo Cañellas, delegado especial de la AEAT en Palma desde hace diez años. Este alto funcionario, reconoce la AEAT, reside en la vivienda ubicada en la delegación, un palacete en la capital balear. Al mismo tiempo tiene a su nombre, entre otros inmuebles en la isla, y según la información disponible en el Registro de la Propiedad, dos amplias viviendas en el centro de Palma, a nueve minutos a pie de la delegación. Los sindicatos aseguran que al menos una de ellas está alquilada. La AEAT no comenta este asunto: es información del ámbito privado.

Otro aspecto polémico son las plazas de garaje en dependencias de la agencia. Según los tres sindicatos, además de ocupar esos inmuebles junto a sus familias, estos y otros funcionarios del organismo también disfrutan de más de medio centenar de plazas para uso particular (alguna de ellas, apuntan, como trastero), situación que las organizaciones sindicales analizan de cara a la posible presentación de una denuncia por presunto uso indebido de bienes públicos.

La agencia indica que “la normativa interna no contempla el uso de plazas de aparcamiento vinculadas con las viviendas oficiales”. “Las ocupan por un uso profesional, igual que en muchos edificios hay plazas para otros muchos empleados que no tienen cargo. En el caso de los delegados especiales, además, se da la circunstancia de que son los máximos responsables del edificio, tengan o no vivienda en él. Por ejemplo, si se produce un siniestro fuera del horario laboral, son ellos los que acuden”, argumenta la AEAT. 

Tanto UGT, CCOO y SIAT como el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Julio Ransés Pérez Boga, sostienen que estas personas no pagan los gastos de suministros de sus casas. La AEAT lo niega: “Los consumos son soportados por los usuarios de las viviendas”. Se han instalado contadores individualizados de forma paulatina, siempre dependiendo “de las posibilidades que aprecie el instalador”. 

Y “en los casos donde no haya sido posible se mantiene el sistema anterior, en el que se hacía un prorrateo del consumo del edificio en función de la proporción de superficie total que suponía la vivienda”, asegura la AEAT. Teniendo en cuenta el tamaño de muchas de esas viviendas (más de 300 metros cuadrados), la factura energética de los últimos meses se antoja abultada.

“Lo pagamos tú y yo”

“Todos los gastos de la vivienda son a cuenta del Estado. Lo pagamos tú y yo. La luz, el agua, el teléfono, y todas las reparaciones que tenga la vivienda. Y si no les gusta el color rosa, lo pintan de rojo. A cuenta nuestra, claro. Esto es así. Que demuestren que lo que dicen los sindicatos es mentira”, reta Ceferino Trillo, secretario general de SIAT.

Las reformas de esas viviendas las sufraga la AEAT, indican los sindicatos. “La Administración a lo que está obligada es a mantener las viviendas en condiciones de habitabilidad”, responde la agencia. Los representantes de los trabajadores recuerdan los más de 48.000 euros que ha destinado la delegada especial en A Coruña, Imelda Capote, a reparar la cubierta del enorme ático en que reside, en la octava planta del edificio que alberga la Delegación, frente a la Playa de Riazor.

“Yo he estado allí. La casa es gigantesca, un poco fea... tiene un montón de metros, una cifra desmesurada. No es demasiado bonita, desde las ventanas no se ve el mar porque dan a una terraza y la casa está como retranqueada; las habitaciones son horrorosamente grandes y tiene el mayor salón que he visto en mi vida”, dice el presidente de IHE, inspector de Hacienda destinado en A Coruña.

Para UGT, CCOO y SIAT, esta “utilización de medios públicos para uso particular” pone “en entredicho el compromiso con los valores éticos que han de guiar las actuaciones de la AEAT”, “manteniendo privilegios del siglo XIX” y mientras la agencia está “alquilando oficinas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”. Pérez Boga, de IHE, coincide en que es “terrible” que se ocupen viviendas en municipios donde a la AEAT le falta espacio y tiene que alquilar inmuebles.

En noviembre, acogiéndose a la Ley de Transparencia, los tres sindicatos mayoritarios solicitaron en un escrito al entonces director general de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda, Olivié Bayón, el importe de la valoración como retribución en especie, a efectos del IRPF, “generada como consecuencia del uso de inmuebles de titularidad pública como vivienda habitual por parte de los Delegados Especiales y otros cargos” de la agencia; “la reserva de plazas de garaje públicas para uso de vehículos particulares de estos funcionarios”; y el importe de los ingresos a cuenta del IRPF de cada uno de ellos.

También reclamaron el valor catastral de los inmuebles, “con indicación de si ha sido revisado o no en los últimos 10 años”. Es la única información que les ha facilitado la agencia, aduciendo entre otras razones el carácter reservado de los datos tributarios. La AEAT se limita a “informar con carácter genérico sobre lo que se pregunta”, detallando el valor catastral de 34 viviendas “ocupadas a 16 de diciembre de 2021”. Ese valor, con el que se calcula la correspondiente retribución en especie que se imputa a cada funcionario por disfrutar de esas viviendas, lleva más de 10 años sin actualizarse en la inmensa mayoría de casos.

El uso de viviendas por empleados públicos está recogido en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de 1996. Esa norma, que quedó a la espera de un desarrollo reglamentario nunca aprobado, dice que “podrá exigirse al personal afectado el abono de los gastos de mantenimiento de la vivienda y el de los gastos medibles por contador”.

La AEAT señala que se ha producido “una reducción importante” del número de viviendas del Estado ocupadas por su personal: “Más de un 20%” desde septiembre de 2018 hasta febrero. A falta de ese reglamento, la entidad aprobó una normativa interna en 2020 “para fijar criterios que permitieran orientar las decisiones sobre ocupación y uso de las viviendas”. Con carácter general, serán “espacios a destinar, en el futuro, a usos administrativos”, salvo en Ceuta, Melilla, Algeciras y las cinco islas canarias que no son sede de delegación, para “facilitar la aceptación de destino en estos territorios” por parte de los funcionarios. 

“En el caso de las viviendas ocupadas por razón de cargo, cuando se produce un relevo sólo se ofrecerá la vivienda a la persona que ocupe el puesto si el nombramiento le supone el traslado a un término municipal distinto”. El caso del delegado en Palma con varios pisos a su nombre en la misma ciudad es una situación previa y no le afecta, razona la AEAT: “No hay desarrollo reglamentario que marque actuaciones para ningún organismo. Nosotros hemos fijado reglas para ir limitando su uso a medida que se van produciendo cambios en los cargos”.

“En todo caso, las viviendas se podrán suprimir, o reducir su superficie, cuando se considere acreditada la necesidad de cada espacio concreto para uso administrativo o dado el estado de conservación de la vivienda. Adicionalmente, se establece que en los proyectos de construcción de nuevos inmuebles no se habilitarán ya espacios destinados a uso de vivienda” y que en las rehabilitaciones se eliminarán las existentes.

Según el organismo, la situación actual es muy variada y las grandes delegaciones, que suelen ser los territorios que más espacio de oficinas necesitan, no tienen viviendas ocupadas. “Ha habido casos en años anteriores donde el propio delegado o delegada especial ha renunciado a la vivienda al asumir el cargo, como por ejemplo años atrás en Valladolid”. Y “muy recientemente en Almería y Cáceres los delegados entrantes no han ocupado la vivienda, quedando a partir de entonces definitivamente desocupada”.

“En el pasado tenía sentido”

Pérez Boga, de IHE, invita a recordar las razones históricas de una práctica centenaria. Pone el ejemplo de las aduanas. En el pasado, cuando se hacía el levante de la mercancía que llegaba a puerto, era obligatorio que un funcionario convalidase la declaración sumaria y le diera el visto bueno, independientemente de a qué hora llegase el barco.

“Con los años y la entrada en la UE llegan otros procedimientos”, hay declaraciones telemáticas, y la presencia del funcionario solo se exige en horario de oficina. “Pero entonces facilitaba mucho las cosas vivir en el propio edificio de la aduana. Cogías un abrigo, te lo ponías encima del pijama, bajabas a ver el barco y tramitabas la declaración, le ponías el sello y se lo entregabas al transportista para que pudiera sacar las mercancías del recinto aduanero. Aquello en el pasado tenía sentido. Ahora ya no”.

En el caso de los delegados, existía la costumbre de que fueran, por así decirlo, forasteros, “porque se consideraba más fácil que ejercitaran la dirección”, explica. “En A Coruña la delegada es una chica que es canaria. El de Castilla y León está en Valladolid y es un señor de Palencia. En tiempos era una regla. Ahora hay excepciones, como Valencia. Se trataba de dar una cierta facilidad a los delegados, que tienen una cierta especialización, porque es un puesto muy específico: tiene que saber de impuestos, pero ante todo es un gestor de personal. Eso se aprende con la práctica y por eso es corriente que la plaza se cubra con otro delegado”. 

No es tanto un privilegio como una forma de hacer estos puestos más atractivos y que estas personas tengan una mayor presencia de trabajo en un cargo que es de confianza y es un puesto directivo

Ransés Pérez Boga

En opinión del presidente de IHE, “que estés en el edificio, ya que eres el jefe administrativo”, permite “mantener una presencia más allá de las 37 horas y media o 40 horas que trabajamos durante la semana. Yo entiendo que es una motivación bastante aceptable. No es tanto un privilegio como una forma de hacer estos puestos más atractivos y que estas personas tengan una mayor presencia de trabajo en un cargo que es de confianza y es un puesto directivo”.

Mucho más crítico se muestra Francisco Tamargo, secretario general de CCOO en la AEAT. “Hubo momentos en que a lo mejor estuvo justificado por un cambio de domicilio. Hoy día, personas que están ganando más de 100.000 euros anuales no viene a cuento pagarles la vivienda. No digo que sea irregular, pero no tiene mucha razón de ser”.

Al presidente de IHE le parece bien ceder ese espacio al funcionario “si el espacio no lo necesitamos y resulta que hay una vivienda”. “Eso sí, pidiéndole un plus: imputarle una retribución en especie, darle lo que marca la normativa, no para los funcionarios sino la normativa general. Y pidiéndole un grado de dedicación extra por estar ahí y tener esa disponibilidad”.

Pérez Boga sí cree necesaria una reforma del Impuesto de la Renta porque “a lo mejor” se ha quedado obsoleto ese sistema de retribución en especie basado en el valor catastral. Y que “cuando se quiera facilitar” que los funcionarios usen esas viviendas, “se utilice el sistema de la empresa privada, con un complemento específico o una retribución dineraria para que se busque la vida”.

Porque en muchos casos, por grandes, esas enormes viviendas se convierten en un incordio para sus habitantes. Tamargo, de CCOO, recuerda la anécdota de un delegado especial que hace años vivía en un gigantesco piso “de 800 metros cuadrados”, hoy ya desocupado, en el sur de España. Se quejaba de que, con un hijo pequeño, “iba perdiendo al crío por la casa” y tenía que poner mamparas en algunas estancias, a modo de barricadas. “No la quería ni siquiera, pero ya que se la daban”…