La Fiscalía da la razón a Diputación Badajoz: Retirar ayudas a quienes incumplan la memoria histórica no es delito
- Guadiana del Caudillo se querelló por la retirada de ayudas de la Diputación por su nombre franquista
La Fiscalía Provincial de Badajoz no ve delito de prevaricación administrativa en las actuaciones del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en cuanto a supeditar la concesión de unas subvenciones al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El teniente Fiscal, Martín Gómez, responde así a la querella presentada contra Gallardo por parte del alcalde de la localidad pacense de Guadiana del Caudillo, informa Efe.
En su informe para las diligencias previas de la causa penal que lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz el fiscal concluye que “condicionar la concesión/retirada de subvenciones al cumplimiento de algo que está previsto legalmente no puede constituir delito de prevaricación administrativa”.
Se refiere al visto bueno del Decreto de 26 de enero de 2017 de aprobación de las bases específicas con convocatoria reguladoras de subvenciones de la Diputación destinadas a la celebración de actividades deportivas durante este año.
El querellante calificaba como “arbitrarias e injustas” las bases donde se condiciona la subvención a la elaboración, aprobación y presentación de un catálogo de vestigios de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura (franquista). También el compromiso de retirada de símbolos relativos a los anteriores extremos. Todo esto en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica.
Satisfacción desde la Diputación
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, valora que la Fiscalía no haya apreciado delito de prevaricación administrativa por la exigencia de cumplir con la Ley de Memoria Histórica para acceder a las subvenciones de la institución provincial.
Dice que la decisión de la Fiscalía tras estudiar la querella del alcalde de Guadiana del Caudillo era “algo esperado”. El presidente provincial ha declarado que cuando se anunció la querella ya alegó que se trataba de “una patada al aire, fundamentalmente porque las cuestiones que resuelve la Diputación de Badajoz siempre tienen que ver con la legalidad”. “Lo que pasa es que la legalidad a veces molesta al alcalde de Guadiana”.
“Que se cumpla la ley”
Gallardo ha manifestado que su intención es que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, que a día de hoy no está derogada, “algo que parece molestar al primer edil de Guadiana”.
Así apunta que la Diputación contribuirá a la defensa de la Memoria Histórica y a la reconciliación de la ciudadanía, y en ese sentido cumplirá las leyes. “Como la potestad de dar subvenciones por parte de la Diputación de Badajoz la tiene la propia institución, quien no cumpla con la ley lógicamente no podrá acceder a ellas, y en el caso de que acceda tendrá que reintegrarla si no cumple con lo que se especifica en la base de subvenciones”.
Para Miguel Ángel Gallardo la satisfacción por el anuncio de la Fiscalía es lógica porque se demuestra que la decisión, tomada con el respaldo de asesores jurídicos y técnicos de la institución provincial, estaba bien hecha.
“Había seguridad plena de que no se incurría en ningún tipo de ilegalidad, -ha incidido- lo ilegal es no cumplir la ley, que es lo que debe hacer Antonio Pozo, y gobernar para los ciudadanos y olvidarse de las obsesiones con el presidente de la Diputación de Badajoz”.
