El PP impone a una concejala, hermana del presidente local del partido, como asesora del Diputado del Común en El Hierro

Las exigencias del Partido Popular (PP) para colocar en la defensoría del pueblo de Canarias (el Diputado del Común) a dos técnicos asesores de los 12 previstos en la ley está provocando la desarticulación del equipo histórico de juristas de la institución y situaciones tan pintorescas como que haya que buscar un espacio más grande en la isla de El Hierro para que, en vez de una asesora, quepan dos. La imposición de que una concejala del PP en la isla, hermana del presidente local del partido, sea asesora de la institución, ha tensionado aún más la organización, a cuyo frente el PSOE ha colocado a un exalcalde tinerfeño, Rafael Yanes.

Regina García Casañas se presentó hace unos días en la sede del Diputado del Común en Valverde, la capital herreña, diciendo a su ocupante, Silvina Morales Dragonetti, que tenía que desalojar aquellas dependencias porque la nueva asesora en la isla iba a ser ella. La reacción del PSOE insular no se hizo esperar, y su secretario general, Alpidio Armas, telefoneó a su secretario regional, Ángel Víctor Torres, para exigirle una explicación. Torres no se cansa de repetir a todo el que le pregunta que en la negociación de los órganos dependientes del Parlamento, al PP le correspondieron dos de los tres adjuntos que tiene el Diputado del Común, plaza para la que designó a Beatriz Barrera y Felipe Afonso El Jaber, que ya han tomado posesión. Y que nada se habló entonces de que a los populares debían corresponderles dos de las doce plazas de asesores técnicos que por ley tiene la institución. El nuevo titular, Rafael Yanes, se las prometía muy felices con la potestad de renovar o confirmar en parte a los juristas heredados de la etapa de más de seis años de Jerónimo Saavedra.

Pero, de repente, la portavoz del PP en el Parlamento, Australia Navarro, descuelga el teléfono y empieza a exigir dos plazas entre esa docena de escogidos. Y las dos imposiciones populares han llegado por las islas de El Hierro y de La Palma.

Para hacer un hueco a esas dos recomendaciones, Yanes ha prescindido de otros tantos profesionales, algunos de los cuáles llevan más de dos décadas prestando servicios en la institución, sin que las nuevas incorporaciones puedan garantizar ni la experiencia ni los conocimientos jurídicos requeridos. Son imposiciones de los partidos, expresamente del PSOE y del PP, sin mayores miramientos.

No es nueva en la casa Silvina Morales Dragonetti, la asesora de El Hierro, que entró con Jerónimo Saavedra. Está casada con el consejero socialista del Cabildo Juan Rafael Zamora Padrón y su continuidad la dieron por sentada en el PSOE insular cuando comenzó el baile de despidos y contrataciones.

En una oficina tan pequeña como la de El Hierro no caben dos asesoras, así que con el nombramiento de Regina García Casañas, hermano del presidente local del PP, la institución tendrá que buscar una sede más grande. En eso anda ya afanado el Diputado del Común, Rafael Yanes, que ha cursado una petición, de momento informal, a la presidenta del Cabildo herreño, Belén Allende. Yanes quiere ahorrar dinero en alquileres y en la isla de El Hierro pretende que su principal institución, el Cabildo, le ceda algún espacio público.

La nueva asesora en la isla, hermana del líder local del PP, Juan Manuel García Casañas, es concejala de ese mismo partido en el municipio de La Frontera. Ocupa actualmente plaza en la oposición, por lo que no percibe retribución alguna más que las dietas por asistencia al pleno. Deberá abandonar ese cargo antes de tomar posesión, lo que se estima pueda ocurrir a final de mes.

Las presiones del PSOE herreño, además, harán que también se quede Silvina Morales. Dos asesoras en la isla menos poblada del Archipiélago, cuestión a la que el Diputado del Común resta importancia porque, según ha explicado a este periódico, los asesores y asesoras se ocupan de áreas temáticas, y da igual dónde tengan su ubicación física porque solo tienen que resolver las quejas de la población y remitirlas al titular de la institución, que es el que abre y da por cerrados los expedientes.

En La Palma, un viejo conocido

Otra imposición del Partido Popular va a generar algunas tensiones dentro de la institución en la que es su sede oficial, en la isla de La Palma. A ella se habrá de incorporar el abogado Javier Brito, un viejo conocido de la casa a la que llegó en los tiempos de uno de los primeros defensores del pueblo de Canarias, Fernando Giménez. Brito pudo prolongar su contrato de asesor técnico con el siguiente Diputado del Común, Manuel Alcaide (propuesto por el PP), y fue en esa etapa cuando empezaron los problemas con él.

El adjunto al Diputado del Común de entonces, Carlos Rodríguez Álvarez, detectó que Javier Brito utilizaba los despachos de la institución para recibir a clientes de su despacho profesional en horas de atención al público, contraviniendo claramente las incompatibilidades a las que están sometidos este tipo de cargos públicos. Una fuente conocedora de aquellos incidentes ha confirmado que a Brito se le llamó la atención en varias ocasiones y que, tras la intervención del mismísimo Manuel Alcaide, depuso su actitud durante un corto espacio de tiempo.

Con la llegada de Jerónimo Saavedra al organismo, no se le renovó el contrato.

El informático recomendado por Castro

El juego de imposiciones políticas también alcanza a un profesional técnico del Diputado del Común. Y en este caso por recomendación de Coalición Canaria, más concretamente del líder palmero de esa formación, Antonio Castro Cordobez. Se trata del informático, un profesional que lleva unos pocos años en la institución y que sustituyó a una empresa que prestaba su asesoramiento técnico por una cantidad mucho más baja de lo que supone su sueldo.

Coalición Canaria pidió al nuevo Diputado del Común que afianzara a esa persona en la institución, lo que llevó a Rafael Yanes a publicar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) en el Boletín Oficial de Canarias. En esa publicación podía comprobarse cómo se prescindía de una plaza de asesor jurídico para crear la de un jefe de Informática. Sin embargo, según fuentes oficiales, Yanes se ha visto obligado a anular esa RPT al imponérsele que el puesto de informático de la institución sea cubierto a través de la lista de solicitantes de trabajo del Servicio Canario de Empleo (SCE). Esta exigencia legal va a obligarle a dibujar un perfil acorde con el informático que Antonio Castro Cordobez enchufó en el Diputado del Común.