Muy claro: estoy en contra de las amenazas, la coacción y la violencia contra los políticos y sus familias en sus domicilios. Creo que un acoso así es fascismo y debería ser perseguido por la justicia... si es que alguna vez llega a suceder. Porque hasta ahora los escraches no han sido violentos ni han supuesto amenaza o coacción alguna ni mucho menos se han producido en el domicilio de los políticos. Con la ayuda de Barrio Sésamo, en mi infancia aprendí a distinguir entre 'dentro y fuera: entre en y en la puerta de'. Si algún político se pierde con el matiz, que pregunte a los desahuciados, en vez de insultarlos. Ellos conocen mejor que nadie la diferencia entre una casa y la calle, o el gran cambio que supone pasar de dormir 'en' una casa a dormir 'en la puerta de' una vivienda: en un portal, en un cajero o debajo de un puente.
Afortunadamente, los jueces también lo tienen claro y están aplicando la ley con medida y rigor: archivando las denuncias por escraches y recordando a los políticos del PP esos derechos y libertades que reconoce una ley que citan mucho, la Constitución. “La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática”, explica el juez Marcelino Sexmero en el reciente auto donde archiva la denuncia contra quienes se manifestaron frente a la vivienda de Soraya Saénz de Santamaría. Por supuesto, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación tienen límites. Los explica en este caso el propio juez y no son nada teóricos: “Golpear la puerta del domicilio, realizar pintadas, intentar superar el control policial que rodeaba la vivienda, lanzar objetos, acometer a los agentes policiales, formar barricadas y causar daños al mobiliario urbano”. Nada de esto ocurrió. Además, la vicepresidenta no es una ciudadana corriente, según explica este juez: “Como tiene declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio que en los de un individuo particular”.
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