La expresidenta de Madrid está tan “encantada de colaborar con la justicia” que ha decidido huir del juez y testificar por escrito. Esperanza Aguirre se aprovecha de un privilegio injusto que protege a políticos y altos cargos. Es una lástima que se haya escapado del interrogatorio porque tenía mucho que contar sobre una trama de corrupción, la Gürtel, que creció entre sus faldas mientras ella, en el mejor de los casos, miraba hacia otro lado.
De entre todos los ejercicios de prestidigitación de la política reciente, hay pocos comparables al truco de magia que aplicó Esperanza Aguirre para escapar del caso Gürtel. La máxima responsable de la Comunidad de Madrid y del PP regional, la jefa directa de todos los políticos imputados en esta trama, se presentó ante los ciudadanos como el látigo implacable contra la corrupción. En un exceso de frenada, llegó a presumir, incluso, de ser la persona que destapó la trama. Los datos, sin embargo, demuestran justo lo contrario: ni movió un dedo para sacar las empresas de la Gürtel de Madrid ni fue implacable contra la corrupción hasta que la mierda desbordó esa cloaca.
1. La Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre adjudicó 327 contratos públicos a la trama Gürtel entre 2004 y 2006. De ellos, solo tres fueron por concurso. Los demás se repartieron a dedo, fraccionando ilegalmente las adjudicaciones en varios contratos más pequeños para que no se pudiesen presentar otras empresas.
2. El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó así a la Gürtel al menos 8,7 millones de euros de forma irregular. Casualmente, los chicos de la Gürtel también eran uno de los principales proveedores de sus campañas electorales. La cifra exacta no se sabe porque la Comunidad de Madrid colabora con la justicia a su manera, al estilo de Esperanza Aguirre.
3. La Audiencia Nacional hace ya varios años que reclama al Gobierno madrileño que entregue esos contratos amañados, que firmaron la práctica totalidad de las consejerías. Sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue sin cumplir la orden del juzgado. Hay 71 de esos contratos que aún no han sido entregados: no aparecen, o se han perdido, o alguien los ha traspapelado.
4. Uno de los los máximos imputados en la Gürtel es Alberto López Viejo. No solo era consejero en el Gobierno de Aguirre –el equivalente a un ministro–, también fue el director adjunto de sus campañas electorales. López Viejo guardaba en Suiza 5,5 millones de euros. Gran parte de ese inmenso botín lo consiguió mientras trabajaba codo con codo con Esperanza Aguirre. La lideresa, al parecer, no vio nada.
5. Dos de las campañas que coordinó López Viejo para Aguirre fueron las autonómicas de 2003; las dos del año del tamayazo. En ellas, el PP financió parte de los gastos electorales de Esperanza Aguirre a través de Fundescam: una opaca fundación del PP que consiguió más de un millón de euros en “donativos” de empresarios amigos, como Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández.
6. Fundescam recibió el dinero de estos empresarios –que después se llevaron lucrativos contratos con el Gobierno madrileño– y desvió el dinero para pagar todo tipo de actos electorales. ¿Adivinan quién era su proveedor para organizar la campaña? Por supuesto: la trama Gürtel, a través de la empresa “Special events”. La investigación encontró serios indicios de un delito electoral. Aguirre tuvo suerte: el delito había prescrito.
7. Esperanza Aguirre presume de que destapó la Gürtel. La realidad es justo la contraria: que la trama siguió creciendo bajo su Gobierno, a pesar de que fue advertida en al menos dos ocasiones de lo que allí pasaba. El primero en avisar fue el extesorero del PP Álvaro Lapuerta. En noviembre de 2004, Lapuerta alertó a Esperanza Aguirre y a Mariano Rajoy de que varios constructores se habían quejado al partido porque les querían cobrar comisiones por una enorme operación inmobiliaria en Arganda del Rey; un pelotazo de 100 millones de euros. El presidente de Martinsa, la empresa que se llevó el negocio, está hoy imputado por aquel chanchullo, acusado de pagar una enorme mordida. Aguirre no hizo nada.
8. En septiembre de 2006, Esperanza Aguirre recibió un segundo aviso. Un concejal de Boadilla, Ángel Galindo, escribió una carta a la presidenta de Madrid denunciando las irregularidades en otra adjudicación a una empresa de la trama Gürtel. No tuvo respuesta.
¿Por qué no hizo nada Esperanza Aguirre contra la Gürtel hasta que el juez Baltasar Garzón imputó a una docena de alcaldes, diputados y altos cargos del PP de Madrid?
Al menos esta vez Aguirre contestará, aunque sea por carta. Pero si quería “colaborar con la justicia”, lo mínimo habría sido dar la cara.
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