Ignacio González. "Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con una diferencia fiscal de 20 millones, con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".
Alberto es Ruiz-Gallardón y la operación de la que hablaba Ignacio González en esta conversación con Eduardo Zaplana es clave para entender por qué está tan agitada la Fiscalía Anticorrupción. González se refiere a la adquisición de Inassa, la empresa de aguas de la ciudad caribeña de Barranquilla, en Colombia. El expresidente de Madrid redondea algo las cifras pero acierta de lleno en la explicación. En el año 2001, el Canal de Isabel II compró por 83 millones de euros una compañía que poco antes había sido vendida por solo 8 millones. El Canal, una empresa pública, pagó ese sobreprecio a través del paraíso fiscal de Panamá.
González. "Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes ni imaginar".
No solo el bufete Cuatrecasas cuestionó la legalidad de la compra y el hinchado precio pagado por Inassa en dos informes. También lo hizo Garrigues que, en otro informe incorporado al sumario, cuestiona una compra tan ruinosa como irregular. En total, son tres informes que demuestran que el sobreprecio no fue un error: que quienes ejecutaron la compra sabían perfectamente que estaban obrando mal.
González. "Estoy en un… no soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y tenemos dos. O Reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo".
Había dos opciones: llevar todos los papeles al juzgado, como la “gilipollas” de Cristina Cifuentes, o esconder ese pastel. González aplicó el código ético de los ladrones, el de la omertá. No solo no denunció, sino que se inspiró en la jugada para, años después, repetir paso por paso la misma operación.
En 2013, el Canal de Isabel II compró otra empresa de aguas en Brasil, Emissao. Con el dinero de todos los madrileños, pagaron 21,5 millones de euros por algo que un año después solo valía cinco millones. El dinero también se desvió a través de un paraíso fiscal, con la ayuda de su testaferro, Edmundo Rodríguez. Ahora la Audiencia Nacional investiga las dos irregulares compras del Canal.
La operación brasileña es una de las causas que ha llevado a la banda de González a prisión provisional. ¿Y Gallardón?
La Audiencia Nacional está investigando el pelotazo colombiano en el Canal durante los años de Gallardón, del que ya tiene muchas más pruebas, además de las grabaciones y pinchazos telefónicos. Los indicios de corrupción son bastante serios. Según el juzgado, estamos al menos ante un presunto delito de malversación de caudales públicos. Según consta en el sumario, “el procedimiento se dirige contra los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001”, por el que se compró Inassa.
Ese Consejo de Gobierno estaba presidido por Alberto Ruiz-Gallardón.
El pelotazo colombiano, ¿es el mismo caso o debería ser una pieza separada, en otro juzgado? Más allá del papeleo, el debate sobre la unidad de la Lezo tiene sus consecuencias.
En noviembre de 2016, el juez Alejandro Abascal –que estaba en esos momentos de refuerzo en el seis, junto con Eloy Velasco– planteó que tenía que ser una pieza separada: que la investigación de Galladón y sus responsables al frente del Canal fuese otro caso, al margen del que ha llevado a González a prision.
Los dos fiscales Anticorrupción que llevan la investigación se opusieron a esa decisión y la recurrieron. Tuvo que resolver el recurso la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en un auto del 19 de enero dio la razón a los fiscales y evitó que la investigación de la corrupción en el Canal se pudiese partir en dos.
Cuando Manuel Moix intentó frenar uno de los registros de la Guardia Civil por el caso Lezo y tuvo su famoso enfrentamiento con todos sus subordinados en la Fiscalía Anticorrupción –aquella votación interna que perdió–, ese auto de la sección cuarta tuvo una importancia fundamental. Moix pretendía parar una parte del registro. Precisamente, la parte relacionada con Inassa y el pelotazo en Panamá durante los años de Gallardón. Su argumento es que era una causa distinta a lo de González. El de los fiscales, que la Audiencia Nacional ya había dejado claro que el caso era el mismo y que no tenía sentido registrar el Canal dos veces. El auto era tan claro y la rebelión tan unánime que Moix tuvo que recular.
Moix perdió la batalla del registro del pelotazo de Colombia, pero ganó otra: que la Fiscalía no acusase a Ignacio González y los demás detenidos del delito de organización criminal.
Ser o no ser una organización criminal tiene una derivada nada inocente: que es más fácil probar la continuidad en los delitos, lo que también permite alargar los plazos de prescripción. Y han pasado casi 16 años desde aquel Consejo de Gobierno donde Gallardón y el resto de sus consejeros aprobaron el pelotazo colombiano.
Como dice Ignacio González, Manuel Moix es muy “profesional”.
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