No nos vamos a callar los secretos de la Operación Chamartín

El delito de revelación de secretos de empresa está castigado en España con entre dos y cuatro años de cárcel. Con eso nos amenaza Distrito Castellana Norte (DCN), una empresa propiedad al 75,54% del banco BBVA y, en menor medida, de la Constructora San José.

Ayer, en la redacción de eldiario.es, recibimos un burofax de los servicios jurídicos de esta compañía, promotora de la Operación Chamartín, donde nos exigen algo que no vamos a cumplir: no hacer nuestro trabajo.

Quieren que nos “abstengamos” de publicar una noticia sobre una de las operaciones inmobiliarias más importantes de la historia de España. Y también nos piden la “destrucción” con “carácter inmediato” del documento del que sale esa información.

Esto tampoco va a pasar. En las próximas horas –en el adelanto de socios de esta noche– eldiario.es va a publicar los detalles relevantes de esa documentación. Se trata de un acta del consejo de administración de Distrito Castellana Norte que hemos obtenido por vías perfectamente legales y que contiene datos muy relevantes para entender qué está pasando con esta gran operación urbanística.

En DCN saben que tenemos esa documentación porque en eldiario.es siempre llamamos antes de publicar. Porque contrastamos las informaciones y pedimos la versión de los hechos a todos los afectados. Porque hacemos periodismo, y verificamos cada dato y cada papel.

En los últimos días, en eldiario.es hemos puesto luz sobre esta enorme venta de suelo público en la mejor zona de Madrid: un enorme terreno –1,2 millones de metros cuadrados– cuyos propietarios son todos y cada uno de los españoles.

Gracias a la investigación de la periodista de eldiario.es Fátima Caballero, nuestros lectores han podido conocer los detalles de este enorme desarrollo inmobiliario. El precio por metro cuadrado –por debajo del de mercado–. Los distintos contratos secretos que firmó la Administración con DCN. Un informe jurídico de Renfe pidiendo anular la operación en 2001 porque suponía “un grave perjuicio a los intereses públicos” –un dictamen que el Gobierno de Aznar ignoró–. Y cómo las cláusulas claves de la operación fueron modificadas, a beneficio de BBVA y San José, sin volver a sacar la venta del terreno a concurso público.

La primera Operación Chamartín, que adjudicó Renfe en 1994 bajo el mandato como ministro de Fomento de Josep Borrell, era una explotación conjunta donde el Estado se iba a llevar el 53% de todo el beneficio antes de impuestos. Las posibles indemnizaciones a los antiguos propietarios del suelo –que reclamarán en los tribunales, porque fueron expropiados para hacer una estación y ahora el terreno se vende para pisos y oficinas– las iba a pagar la empresa privada. Y Renfe y todos sus viajeros recibirían una nueva estación de tren más moderna en Chamartín.

Nada de esto se cumplió. Y en lugar de ello llegó una negociación de 25 años bajo la teoría del salchichón. Explicado en palabras de Felipe González, autor de esta teoría, durante una conferencia de prensa en La Moncloa junto con François Mitterrand. “Se sientan dos a repartir un salchichón y, cuando se ha pactado el reparto, uno de los interlocutores dice: ahora vamos a repartir el salchichón. ¡Pero si ya está repartido!, dice el otro. No, no, lo que está repartido ya es mío, ahora volvemos a empezar la discusión con tu pedazo. ¡Pues ni hablar! ¡Eso no lo admito!”.

La diferencia, en este caso, es que la administración, bajo distintos gobiernos de PP y PSOE, sí lo admitió. Y hasta en cinco ocasiones aceptaron volver a negociar sobre su trozo del salchichón.

A lo largo de 25 años, el porcentaje de beneficios para el Estado pasó del 53% al 20% y después al 0%, sustituido por un canon fijo. El terreno vendido se duplicó. Las indemnizaciones a los antiguos propietarios del suelo dejaron de ser responsabilidad de BBVA y San José para ser cosa del Estado, que será ahora quien las pagará si es que los tribunales así lo deciden. La venta se iba a abonar en cinco años y ahora será en dos décadas –lo nunca visto, un Estado con una deuda del 100% de su PIB, financiando a “un tipo de interés muy bajo” a un banco–. Y así con varias cláusulas más.

En la mayoría de las ocasiones (todas menos el último contrato, que recorta los metros edificables respecto al anterior) las renegociaciones han sido a favor de BBVA y San José. Es decir, en detrimento de todos los españoles, propietarios del salchichón en cuestión.

Todos estos datos hoy se conocen porque existe eldiario.es. Y porque este periódico se financia en gran medida con el apoyo de sus lectores, con más de 34.000 socios y socias que nos permiten publicar noticias que otros medios no pueden contar.

No tengo miedo a la cárcel, a pesar de que aún sigo imputado –junto con nuestra compañera Raquel Ejerique– por la querella de Cristina Cifuentes, que pide para nosotros hasta cinco años de condena por el supuesto delito de revelación de secretos.

No tengo miedo a la cárcel porque estoy seguro de que en eldiario.es hemos hecho lo correcto. Hemos cumplido con nuestro deber como periodistas y también con la ley. Con la Constitución Española y su artículo 20, que garantiza el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Moleste a quien moleste, presionen lo que presionen, eldiario.es va a seguir cumpliendo con su obligación. Con la ayuda de los socios, nunca nos vamos a callar.