¿A qué espera la UE mientras Colombia arde?

Colombia vive una crisis humanitaria por violencia. El pasado miércoles se cumplieron dos semanas del estallido social y de la brutal represión policial y militar con la que el Gobierno de Iván Duque, comandado en la sombra por el expresidente Álvaro Uribe, ha respondido desde el minuto uno. El escenario es dramático: las cifras de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones sexuales y otros abusos de derechos humanos por parte de la Policía no dejan de aumentar cada día.

Pero la situación ya era enormemente preocupante antes del inicio de esta crisis. Colombia es el país más desigual de la región latinoamericana, y también el que más asesinatos de líderes y lideresas sociales registra: 52 en lo que llevamos de año, y más de 1.000 desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, según cálculos de la Jurisdicción Especial para la Paz, Indepaz y otras organizaciones. La falta de implementación de aspectos centrales como la reforma agraria estaba generando un clima de violencia e injusticia social insostenible. 

La crisis de derechos humanos que arrastraba el país, los altos niveles de violencia y desigualdad, los asesinatos, las masacres, las amenazas, los desplazamientos forzados y la impunidad generalizada con la que se saldan los crímenes han creado, entre otros factores, el perfecto caldo de cultivo de este estallido. A todo ello se suma la debilidad del sistema de salud en Colombia y una gestión de la pandemia que se ha cebado con las capas sociales medias y bajas, agudizando la situación. No era de extrañar que una medida como la reforma tributaria que pretendía imponer Duque en mitad de la pandemia hiciera volar todo por los aires. El pueblo colombiano ha soportado demasiado.

Sin embargo, el gobierno continúa jugando al desgaste y no parece dispuesto a realizar gestos significativos para establecer un diálogo respetuoso con la sociedad civil y las organizaciones del Paro Nacional. El pasado lunes se daba el primer encuentro por fallido y resurgían los llamamientos a continuar el paro durante el resto de la semana. En las calles, las protestas están siendo contestadas con una brutalidad que nos llega en cifras de muertos e imágenes desgarradoras.

Lo que está en juego es la democracia colombiana y la vida de millones de personas abocadas desde hace demasiado tiempo a la desigualdad, la violencia y la desposesión. Pero también preocupan los ecos que esta crisis puede tener en el resto de la región, ya amenazada por la extrema derecha reaccionaria y por unas oligarquías financieras y económicas capaces de cualquier cosa para hacer valer sus intereses.

Y en esto Bruselas, y también España, tienen mucho en lo que implicarse. Empezando por la responsabilidad de nuestras empresas en territorio colombiano y por el impacto de su actividad en términos de derechos humanos y medioambiente. También porque hemos destinado cientos de millones de fondos de cooperación para proyectos de desarrollo y para la implementación de los Acuerdos. En el caso concreto de España, el pasado mes de febrero firmamos un nuevo Marco de Asociación País con Colombia hasta 2024, por el que se destinarán unos 120 millones de euros.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos llevan mucho tiempo denunciando que los Acuerdos no se están poniendo en marcha. El último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas reflejaba también la falta de esfuerzo en políticas clave como el desmantelamiento de las bandas criminales –sucesoras de los grupos paramilitares– o la protección de los exintegrantes de la guerrilla. La Unión Europea debe contribuir de manera efectiva al cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. No puede ocurrir lo mismo que hemos visto en otros otros conflictos en Latinoamérica y en el mundo, en los que el ensimismamiento y la incoherencia han conducido a callejones sin salida y han puesto en cuestión el papel que Europa y España deben desempeñar en el orden internacional y en Latinoamérica en particular. Vamos tarde.

Como parte de la comunidad internacional, pero especialmente por los vínculos que nos unen a Colombia, debemos implicarnos y hacer que la UE se implique de forma mucho más contundente. Esto pasa por exigir el fin de la represión, garantías para el derecho a la protesta y una investigación independiente de los crímenes para depurar responsabilidades y terminar con la impunidad. Pero también por suspender la venta de armamento al país, por velar para que la financiación europea se oriente a los elementos clave del Acuerdo de Paz y por activar la cláusula de derechos humanos del acuerdo comercial entre la UE y Colombia. 

Por nuestra parte, además, debemos ampliar el foco y desarrollar una política integral hacia el país y hacia la región basada en la coherencia de políticas. Estableciendo, por ejemplo, una normativa vinculante para las empresas transnacionales europeas que vincule la política comercial al cumplimiento de los derechos humanos. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para frenar esta barbarie y contribuir a la paz, a la consolidación de la democracia y a los derechos humanos en el país hermano. Que no es poco.