La política migratoria europea como nueva forma de colonialismo

Hace mucho tiempo que las instituciones europeas decidieron que una de sus principales razones de ser es la lucha contra lo que ellos llaman “inmigración ilegal”. Incluido en los planes de seguridad de la Unión Europea, lo asimilan a la lucha contra el tráfico de drogas o de armas ilegales. Sitúan al migrante como un elemento nocivo en sí mismo como si fuera un alijo de heroína, o peligroso como una ametralladora.

Y las políticas que llevan aplicando treinta años para frenar la entrada de personas migrantes en situación administrativa irregular o expulsarlos cuando ya están en territorio UE van desde las vallas de Ceuta y Melilla a las deportaciones forzadas, pasando por las redadas racistas, y las detenciones y muertes que se producen en los CIE.

Ahora, después de todo ese tiempo, parece que los líderes europeos han entendido una cosa muy obvia: para reducir el número de migrantes que llegan a la UE hay que reducir el número de migrantes que salen de África. Si de esta evidencia se derivaran políticas encaminadas a que nadie abandone su lugar de origen por necesidad; a acabar con el expolio de las multinacionales, foco de conflictos armados en todo el continente; a condonar la deuda externa que desangra a muchos países africanos; o a que las farmacéuticas dejen de hacer negocio con enfermedades por las que mueren miles de personas a pesar de existir cura para ellas, sería, sin ninguna duda, una muy buena noticia.

A pesar de ello seguirían existiendo movimientos de población, pues a lo largo de la historia las personas se han trasladado siempre de unos lugares a otros por infinidad de motivos aportando enorme riqueza social y cultural a nuestras sociedades. Pero, desde luego, las cifras serían más bajas.

Sin embargo, esa no es la propuesta. Los dirigentes de la Comisión Europea, siempre bien acompañados de los gobiernos representados en el Consejo Europeo, han pensado que para que los migrantes no salgan de África lo mejor es poner vallas por todo el continente, que con las Ceuta y Melilla no hay suficiente y que, por tanto, hay que ponerlas en Níger, en Senegal o en Libia. Vallas físicas, o en forma de ejércitos, de centros de detención, o de legislaciones en materia de visados. En definitiva, su plan es trasladar las fronteras de la UE a países cada vez más lejanos. Crear muros, sean o no físicos, cada vez más lejos.

A esto es lo que llamamos externalización de fronteras, una serie de acuerdos de la UE con países africanos con los que Bruselas impone sus políticas migratorias a cambio de ayuda técnica e inversiones bajo amenaza de retirarles los fondos de cooperación si no aceptan los dictados de la nueva metrópoli.

La UE tiene acuerdos firmados con decenas de países de África y Asia, pero se ha marcado cinco países como prioritarios: Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía. Hace unas semanas, la Comisión Europea publicó el cuarto Informe sobre el marco de asociación con terceros países, que está dedicado casi en su totalidad a estos cinco países.

Se trata de un documento –con un lenguaje propio de épocas coloniales–, en el que la UE se permite evaluar las políticas migratorias de esos países y definir como “socios proactivos” y “constructivos” a aquellos que aplican las políticas más duras en materia de control de fronteras que la UE ha diseñado. Como si de buenos y obedientes alumnos se tratara.

De este modo, la UE se compromete a sostener políticamente a cualquier gobierno dispuesto a cumplir su mandato. Por cierto, algunos de estos buenos socios son gobiernos autoritarios y represivos, con ejércitos que violan sistemáticamente los derechos humanos. Eso, sin embargo, no aparecerá en los documentos siempre y cuando detengan a todos los migrantes que pasen por allí.

Como ya se ha comentado, el objetivo de estos acuerdos es evitar que salgan migrantes de esos países en dirección a Europa y que pasen los migrantes procedentes de otros países. Para ello, la UE ha desplazado a cada uno de esos Estados a equipos de funcionarios de la Agencia Europea de Control de Fronteras. Su cometido es controlar y analizar los flujos migratorios, entrenar a las fuerzas de seguridad locales o transmitirles “nuestro conocimiento” sobre recogida de huellas dactilares y datos personales. Es, sin duda, una injerencia en las políticas internas de esos países. Algo difícilmente aceptable si se hiciera en sentido contrario, desde el sur hacia el norte.

Ahora bien, la readmisión es, de todos los objetivos, la clave. La UE quiere que estos países acepten a toda costa a las personas que consiguieron llegar a su territorio y que van a ser deportadas. Esas expulsiones se hacen, muchas veces, sin ningún tipo de garantía, con violencia policial, decisiones judiciales no firmes e incluso sin documentos de viaje e identificaciones válidas.

Es en la deportación, en la expulsión de aquellas personas que después de jugarse la vida en la ruta por África, en el Mediterráneo, de pasar por los CIE, de sufrir muchas de ellas la explotación sexual y laboral, donde la UE pone el acento. Devolver al hambre, a la miseria, a la falta de esperanza a miles de personas es, en definitiva, el pilar fundamental de la política migratoria de la UE.

Y es en este punto donde, hay otros dos países clave que sumar a los cinco mencionados: Libia y Turquía. La UE también tiene acuerdos con ellos y a cambio de sumas importantes de dinero se han convertido en plataformas tanto para recibir deportados como para deportar desde ahí a otros países africanos –Libia–, o de Oriente Medio y Asia –Turquía–.

Eso sí, la Comisión alude constantemente en todo el documento a la lucha contra los traficantes de personas. Luchan contra los traficantes deportando y deteniendo a migrantes, y militarizando fronteras. Pero se les olvida señalar que la mejor forma de luchar contra los traficantes es instaurando un sistema de migración legal y garantizando un cumplimiento efectivo del derecho al asilo. Así nadie tendrá que ponerse en manos de mafias criminales. En estos momentos no hay prácticamente forma legal de llegar, residir o trabajar en la Unión Europea. Y hasta que eso no se solucione, la lucha contra los traficantes es sólo la excusa para seguir blindando Europa.