Reforzar el marco europeo de protección del periodismo

Naciones Unidas estableció el 2 de noviembre de cada año como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Cada año, un periodista recibe el prestigioso premio Pulitzer, pero según cifras de la ONU alrededor de un centenar reciben un disparo. En el mundo, se han contabilizado 1.293 asesinatos a periodistas desde 1993. La libertad de prensa en todo el mundo está en crisis. México es el país con más muertes de periodistas del mundo y, aunque el gobierno ha establecido un Mecanismo Federal de Protección, hay 30 muertes de periodistas en México sin resolver. 

A nivel global, las estadísticas indican que los grupos armados son los que atacan a los periodistas con mayor impunidad. Pero en realidad lo que hay detrás de este fenómeno es la corrupción sin control, la ineficacia de las instituciones y la falta de voluntad política para llevar a cabo investigaciones efectivas. Todo crimen no resuelto contra periodistas envía una señal al resto de sus compañeros y compañeras de profesión de que no es seguro hablar. Es una amenaza a la democracia y un ataque los derechos fundamentales de toda la población.

Este fenómeno no es ajeno a la realidad europea, la violencia contra los y las periodistas también ocurre en la UE. En Malta, en 2017, Daphne Caruana Galizia fue asesinada a plena luz del día con un coche bomba. Esta periodista de investigación jugó un papel fundamental para destapar los vínculos del Gobierno de Malta con el entramado de fraude fiscal de los Papeles de Panamá. Dos años después, su asesinato sigue impune y el gobierno de Malta sigue torpedeando las investigaciones. En 2018 Jan Kuciak y su pareja fueron tiroteados en su casa en Eslovaquia, porque el periodista investigaba las conexiones entre el gobierno, la mafia y los esquemas de fraude fiscal de grandes empresarios. El primer ministro del país dimitió y se realizaron diversos arrestos, aunque el caso sigue sin resolverse. Hace justo un año, Viktoria Marinova fue violada y asesinada en Bulgaria poco después de presentar un programa de televisión en el que destapó escándalos de corrupción política y empresarial. Más conocido es el caso de Roberto Saviano que vive con escolta desde 2006 por la amenaza de muerte de la Camorra.

Al margen de los casos de violencia e intimidación más extremos, también hay ataques más sibilinos a la libertad del periodismo en Europa y el resto del mundo. Presenciamos continuamente las presiones de las marcas comerciales para influir sobre las líneas editoriales. Vemos como las instituciones financieras y empresas multinacionales poseen cada vez más porcentaje de acciones de los grandes grupos de comunicación. El descarado control político en algunos medios públicos, ataques físicos a periodistas, ridículas acusaciones legales, campañas de difamación y el constante acoso en las redes sociales son desgraciadamente parte del día a día de muchos y muchas periodistas. Las mujeres periodistas lo tienen aún más difícil, ya que reciben amenazas machistas y sufren niveles escandalosos de acoso. España, como hemos presenciado lamentablemente en los últimos meses, no es ajena a este tipo de fenómenos.

En Europa queda mucho camino por recorrer para evitar la impunidad de los crímenes contra periodistas. La UE y los Estados miembros deberían actuar -incluso mediante sanciones- para presionar a los gobiernos con el objetivo de que garanticen que se investiguen adecuadamente todos los delitos contra periodistas. Las oficinas de las delegaciones de la UE en terceros países deben intensificar su labor de defensa de periodistas atacados y aplicar las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet.

La nueva Comisaria Europea de “Valores y Transparencia” debería condenar los ataques de políticos extremistas de la UE a la prensa, proporcionar financiación para la protección preventiva en respuesta a las amenazas y dotar a Europol de más recursos para supervisar y apoyar las investigaciones de los Estados miembros sobre los delitos cometidos contra periodistas. 

Los mecanismos de protección de los periodistas deberían formar parte también de la supervisión de la UE sobre el Estado de Derecho en los diferentes países europeos. Además, se debería presentar un plan de acción para asegurar que los poderes políticos y económicos respetan la libertad de los medios de comunicación. Esto incluye legislar a nivel de la UE para evitar el uso de denuncias con el simple objetivo de silenciar a periodistas y asegurando que se proporciona financiación suficiente para la defensa legal de periodistas y medios amenazados por querellas de políticos y empresarios como consecuencia de hacer públicas sus historias.

Por otra parte la UE también tiene capacidad para, mediante las normas de libre competencia, evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unos pocos intereses empresariales.

Todas estas acciones están en nuestras manos. De poco sirve lamentarse de las amenazas y ataques que recibe el periodismo si no nos ponemos manos a la obra para solucionar la situación actual. Esperamos que la próxima Comisión Europea se tome muy en serio este asunto. Proteger a los y las periodistas es proteger a la democracia, porque están en  primera línea cuando se trata de sacar a la luz escándalos relacionados con el poder con el riesgo, incluso, de ser violentamente silenciados.