El 20% del presupuesto del plan de choque de Urkullu contra la guerra en Ucrania se retrasa a 2023 y 2024

El 20% de la dotación total del plan extraordinario del Gobierno de Iñigo Urkullu contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania en Euskadi no está presupuestado para 2022 y se retrasará a 2023 y 2024. Los fondos movilizados -ya anunciados este viernes en el Parlamento Vasco- alcanzan finalmente 201 millones y no 198. Por años, en 2022 se inyectarán 159,7 millones y en los dos siguientes ejercicios los otros 41,3 millones, según el detalle conocido este martes tras el Consejo de Gobierno. Se da la circunstancia de que, al mismo tiempo, se ha presentado el plan ordinario de empleo hasta 2024 y con un presupuesto mucho más elevado, de 2.071 millones.

Sin novedades con respecto al anuncio de Urkullu, el paquete de ayudas se divide en tres patas. Hay una primera de 15,1 millones para el “rescate social”. “Las medidas tienen que ver en primer lugar con el apoyo a las personas que, huyendo de Ucrania, han llegado a vivir un tiempo entre nosotros. También como consecuencia de la situación económica, somos conscientes de que hay ciudadanos que van a vivir situaciones de apuro económico”, ha explicado el consejero-portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria. En este caso, el 100% será gastado en 2022 e incluye 3,7 millones de refuerzo para las ayudas de emergencia social (AES) y contra la pobreza energética, 0,6 millones para la integración de personas sin hogar, 1,5 millones para jóvenes sin apoyo familiar y otros 3,5 millones para diferentes programas para los propios refugiados o para las familias que los atienden. Zupiria ha dado a entender que hay margen presupuestario para “incluso ampliar las ayudas hoy aprobadas” si fuera necesario. “El objetivo es que ninguna personas que tenga necesidad se vea privada de la asistencia básica que le corresponde”, ha indicado.

La segunda pata son los 142,9 millones para el “rescate económico”, con 62,9 millones para “ayudas complementarias a empresas y micropymes” (24,8 de ellos para años venideros, 60 millones específicos para el primer sector y 20 para el comercio). El programa extraordinario se cierra con 43 millones para liquidez, 40 en ayudas del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y 3 millones en ampliación en un año de la carencia de las operaciones de líneas de circulante de 2020 y 2021 (programas extraordinarios puestos en marcha por la COVID-19).

El plan ya presentado no prevé subida alguna de la renta de garantía de ingresos (RGI), el salario social de las personas sin recursos o el complemento de nóminas y pensiones bajas, como publicó este periódico. El Gobierno de España, por el contrario, sí ha subido temporalmente las cuantías del ingreso mínimo vital (IMV). La vicelehendakari y consejero de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha explicado a preguntas de los periodistas que no van a actuar “por simpatía” sin analizar el entorno, donde las prestaciones son mucho más bajas.

“Una cosa es lo que a uno le puede apetecer. Pero cuando estás en responsabilidades, tienes que mirar lo que hay alrededor”, ha añadido. Mendia ha explicado que existen complementos de vivienda llamados PCV y que han subido “de manera importante” en 2022 (después de una década ha pasado de 250 a 275 y sigue sin llegar al tope que tuvo, 320 euros) y también las AES, que igualmente “se han incrementado enormemente este año”. Ha añadido que “Madrid no tiene nada” y que “Aragón paga 500 euros” de renta garantizada, por lo que ve lógico que prevean subidas. Sin embargo, el modelo “más similar sería el de Navarra y allí no se ha subido”. “Atendemos a todas las personas. No dejamos a nadie a su suerte”, ha zanjado la vicelehendakari.

Preguntada por un posible “pacto de rentas”, Mendia ha asegurado que “compete a la negociación colectiva” una posible mejora salarial para combatir la inflación, a “patronal y sindicatos”. “Siempre que haya un acuerdo entre ambas partes, nosotros lo impulsaremos”, se ha limitado a responder.