3.350 vascos han pasado por la UCI en dos años de pandemia pero el Gobierno de Urkullu destaca la menor mortalidad

Coincidiendo con el segundo aniversario de la declaración del coronavirus como pandemia mundial -los primeros casos en Euskadi fueron unos días antes, el 28 de febrero de 2020-, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha hecho pública una memoria de 106 páginas con el balance de lo ocurrido. Entre los datos que se aportan, se indica que en este tiempo se han registrado en Euskadi 666.762 casos positivos de COVID-19 tras la realización de 5,5 millones de pruebas diagnósticas. 32.470 han tenido que ser ingresadas y, de ellas, 3.350 han pasado por la UCI. Muchos de los más de 6.200 fallecidos, por lo tanto, ni siquiera han entrado en cuidados intensivos.

Indica el Ejecutivo que toca dar “preferencia absoluta” a los datos de fallecimientos, aunque admite que “la línea divisoria entre fallecimientos con COVID-19 o por COVID-19 no es nítida”. Eso sí, se destaca que el incremento de defunciones medio en España ha sido del 15,2% en este período y que en Euskadi se ha quedado en el 10,8%. El dato está muy alejado del que se atribuye a la Comunidad de Madrid (27,4%) o a Catalunya (18,6%). Es una de la “seis comunidades con menor incremento de defunciones”. También se considera como “objetivo” que Euskadi ha estado a la cabeza en volumen de pruebas realizadas, que tiene “resultados de vacunación que se sitúan entre los más altos de Europa” y que “la ocupación hospitalaria y de camas UCI en Euskadi ha sido inferior a la media del Estado a lo largo de estos dos años”.

“Sin embargo, estos datos no deben servir a ninguna jactancia, ni autocomplacencia. Cualquier valoración que se haga ha de mantener presente el principio de humildad. La lucha contra la pandemia ha debido realizarse a tientas y mediante el método de ensayo-error. Este virus nos ha enfrentado a lo desconocido e imprevisible no solo a las instituciones políticas, sino también a la ciencia. Esta pandemia nos iguala y ha desvelado nuestras debilidades y vulnerabilidades”, abunda el Ejecutivo, que asume las “enormes dificultades atravesadas”.

Haciendo equilibrios, el Ejecutivo explica que ha habido seis olas pero que una de ellas, la segunda, tuvo a su vez dos fases. En informes previos se hablaba claramente de que los picos de la COVID-19 en Euskadi habían sido siete, en marzo, agosto y noviembre de 2020 y, en 2021, después de Navidad y de Semana Santa, en verano y tras la irrupción de ómicron. Sobre esta última fase, se añade: “Si hubiera seguido una proporción de hospitalizaciones e ingresos en UCI similar a la de anteriores olas, con toda certeza se habría producido una situación de colapso hospitalario. Sin embargo, esto no ocurrió”. No se menciona que en las últimas semanas se han dado los mayores índices de fallecimientos de contagiados con COVID-19 desde la primera ola. También en los hospitales nunca había habido tantos ingresos en las olas anteriores tras el confinamiento.

El conflicto con los jueces: han “ignorado” la salud pública

El Gobierno de Urkullu insiste en que, en la pandemia, ha actuado con las manos limitadas. Por un lado, considera insuficiente la legislación estatal en relación a las atribuciones de las comunidades autónomas. Y, por otro lado, lamenta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya tumbado medidas del Ejecutivo una y otra vez. “Los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas han emitido resoluciones dispares e incluso radicalmente opuestas ante similares solicitudes de autorización de medidas preventivas por parte de los Gobiernos autonómicos. El caso de Euskadi ha sido especialmente singular porque es el que más resoluciones denegatorias ha acumulado”, se puede leer en el informe, que recoge una larga relación de autos del Superior vasco, cuya sala de lo contencioso-administrativo está presidida por el juez Luis Garrido.

Euskadi no apela al no acatamiento de las resoluciones judiciales, pero sí cuestiona su falta de fundamento: “En un Estado de Derecho las decisiones de las instituciones están sometidas al control del poder judicial, con más motivo, si estas pueden afectar a derechos fundamentales [...]. El Gobierno vasco ha respetado todas y cada una de las resoluciones de la sala de lo contencioso del TSJPV. No podía ser de otro modo. No sólo eso; el Gobierno vasco reconoce la complejidad de su tarea en el contexto pandémico. Una tarea que la ley democrática atribuye al poder judicial. A los tribunales corresponde adoptar decisiones que deben dirimir entre importantes valores e intereses en discusión, aquellos que representa la acción de la administración pública y los de sectores y colectivos sociales afectados. No obstante, en ejercicio del derecho legítimo a la crítica a la que deben estar sometidos todos los poderes y todas sus actuaciones, el Gobierno vasco ha expresado -cuando lo ha considerado conveniente- su disconformidad. El núcleo de este desacuerdo no ha estado en la función de control que el órgano judicial competente ha de ejercer, sino en la argumentación que, a juicio del Gobierno vasco, ha minimizado la razón sanitaria, subordinándola a otras razones e ignorando el interés superior que la protección de la salud pública representa en medio de una pandemia”.

Sobre el futuro de la COVID-19, el Gobierno no se moja. “A principios de marzo de 2022 se inicia una nueva etapa. No obstante, y vista la experiencia de los dos años de pandemia el futuro sigue estando envuelto en la incertidumbre sobre la evolución del virus en los próximos tiempos. Una incertidumbre que, en los días en que se cierra esta memoria, se agudiza y entremezcla con el horror y condena que causa la invasión del ejército ruso sobre Ucrania, el temor a sus consecuencias de todo orden y la solidaridad con el sufrimiento de la población ucraniana”, sostiene el Ejecutivo. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha indicado que “nada es descartable” y más ante el “pequeño repunte” ya constatado tras las celebraciones de Carnaval.