Álava abre un frente institucional contra el Ararteko a cuenta de la necesidad de pedir cita previa para hacer trámites

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha abierto este martes un frente institucional con el Ararteko (la Defensoría del Pueblo en Euskadi) a cuenta de la necesidad de solicitar cita previa para llevar a cabo ciertos trámites administrativos. A raíz de una resolución del Ararteko en la que se recomendaba al Departamento de Hacienda de la Diputación alavesa que aboliese la obligatoriedad de la cita previa y que la cambiase por la voluntaria, González se ha lanzado a la ofensiva y le ha echado en cara al 'ombudsman' que, para interponer la queja que ha dado lugar a esa resolución, el ciudadano habrá tenido que solicitar paradójicamente una cita previa ante aquella institución. “Hay cierta incongruencia en esta forma de actuar”, ha señalado.

El asunto se remonta a una resolución del Ararteko datada el 10 de abril de 2024. En ella, la Defensoría del Pueblo recoge que, en enero, un ciudadano se quejó por no ser atendido en las oficinas que la Hacienda foral tiene en Llodio. Según se explicitaba en la denuncia, el ciudadano aprovechó un día libre para hacer unos trámites para los que ya tenía lista toda la documentación, pero se topó con que, pese a no haber nadie más en la oficina y encontrarse allí en ese momento tres empleados de la Administración, se le reiteró la necesidad de concertar una cita previa. No había disponibilidad hasta al menos diez días después.

A raíz de estos hechos, el Ararteko resolvió que “la imposición de la cita previa obligatoria de manera generalizada para presentar solicitudes y documentos no parece una medida sustentada en el interés general y fundamentada en normas o disposiciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico, ni concordante con el derecho a una buena administración”. Apunta a la cita previa como una herramienta que puede ser útil para agilizar ciertos trámites si se brinda como oportunidad voluntaria, siempre que el ciudadano acceda a hacer uso de ella. “[...] cualquier sistema de cita previa habilitado por la administración no debe imponerse de modo obligatorio para ningún trámite o gestión ni puede tener la consideración de preferente en detrimento de cualquier otro sistema”, abunda. La Defensoría ha revisado igualmente quejas similares en otros ámbitos institucionales.

“Siempre de forma voluntaria”

González ha circunscrito la obligatoriedad de la cita previa a un tramo de tiempo concreto —en enero— y a un lugar concreto —Llodio—, por un problema “puntual”. Y ha acusado al Ararteko de abroncar a la Diputación por algo que la propia Defensoría también hacía. “En el mes de diciembre, la página web del Ararteko establecía que las quejas se podían presentar en persona, pero literalmente decía que había que pedir una cita previa por teléfono o en las oficinas. Cuando en muchas de las dependencias de la Diputación no era ya necesaria, para presentar una queja en el Ararteko sí había que ir previamente a las oficinas del Ararteko a pedir cita”, ha subrayado, y ha recalcado en varias ocasiones que es una situación que le llama la atención. Ahora, el Ararteko se limita a señalar en su página web que “se recomienda solicitar cita previa”.

El diputado general ha aprovechado para hacer hincapié en la apuesta de la Diputación que dirige por brindar la mejor y la más cercana atención a los ciudadanos. “A veces, para que sea la mejor, es conveniente tener cita previa, porque entonces te atenderá el funcionario o funcionaria que mejor conoce el asunto, disponiendo de toda la información y toda la documentación de tu caso concreto. Pero siempre de forma voluntaria, siempre, y esto no es una decisión de ahora”, ha dicho.