El Gobierno vasco está poniendo de manifiesto sus contradicciones sobre la Ley de Vivienda aprobada por el Congreso de los Diputados. Una parte del Ejecutivo de coalición, el PNV, la recurre ante el Tribunal Constitucional, otra parte, la socialista, que tiene en sus manos el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, arranca con los pasos previos para empezar a aplicarla en Euskadi y este mismo jueves envió comunicaciones a los ayuntamientos que cumplen los requisitos que marca la normativa -41 según el mapa que han elaborado- para que inicien el proceso para ser declarados zona tensionada, lo que les permitiría, por ejemplo, topar los alquileres.
Pero las contradicciones trascienden al Gobierno vasco y también se manifiestan en el seno del PNV: por un lado el recurso contra ley, básicamente porque consideran que invade competencias autonómicas; por otro alcaldes del propio PNV pidiendo que sus municipios se declaren zonas tensionadas en cumplimiento de una Ley que su partido votó no en el Congreso y ha recurrido el texto.
Un ejemplo está en Donostia. El alcalde Eneko Goia, destacado miembro del PNV, ha sido de los primeros en ponerse del lado de los que quieren que la nueva normativa se aplique en su ciudad, al menos en lo que a zonas tensionadas se refiere. Donostia está entre los 26 ayuntamientos que ya habían enviado su solicitud para que se declarare zona tensionada. Su apuesta, como se decidió en el pleno municipal en el que se aprobó, es que se extenda a toda la capital. El mapa elaborado por el departamento de Vivienda deja fuera de esa posibilidad los distritos 2 y 6, que se corresponden con partes de Centro, Aiete, Amara Berri, Martutene y Miramon-Zorroaga, y los barrios completos de Antiguo, Añorga, Ibaeta, Igueldo y Zubieta. ¿Por qué?, porque deben cumplirse uno de estos dos requisitos: haber subido el alquiler un 17% en los últimos cinco años, o que el coste del alquiler o la hipoteca más suministros básicos supere el 30% de los ingresos de las unidades familiares. Es decir, en zonas con alquileres ya de por sí muy altos, pueden no haber subido el 17% que ha fijado Vivienda como porcentaje base y si en poder adquisitivo de los habitantes de esos distritos es elevado, tampoco cumplen el requisito de superar el 30% de los ingresos para el gasto de la vivienda.
Es algo que también ocurre en el distrito 6 de Bilbao -Abando e Indautxu- y con uno en Vitoria, que se corresponde con las zonas rurales este, noreste y sureste. También con municipios enteros, como Getxo o Eibar, se quedan fuera del mapa. Pero el caso de Donostia es especialmente sangrante, porque el precio por metro cuadrado en la capital donostiarra es de los más altos de España. En concreto, el precio por metro cuadrado se sitúa en los 4.074 euros de media, cuando la media en España se sitúa en 1.751 euros, según la tasadora Tinsa. Por ese motivo, desde EH Bildu en el ayuntamiento donostiarra se ha instado al equipo de Gobierno a que promueva que “se declare ciudad tensionada en su totalidad”. “Es urgente si verdaderamente queremos dar una salida a la crisis habitacional que sufrimos en la ciudad”, han subrayado desde EH Bildu.
El departamento de Vivienda ha recibido la solicitud para declarase zona tensionada, o le consta que se ha aprobado la cuestión por parte del pleno, desde 26 ayuntamientos, de los que nueve están gobernados por el PNV: Donostia, Barakaldo, Zarautz, Getxo, Beasain, Santurtzi, , Erandio, Leioa o Bilbao, donde ya se ha aprobado en el pleno y se urge al alcalde Aburto que presente la solicitud de manera formal, como señalaba la concejal de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals. Además, de estos gobernados por el PNV lo han solicitado o aprobado Eibar, Errenteria, Irún, Lasarte-Oria, Paisaia, Andoain, Portugalete, Vitoria, Erandio, Tolosa, Astigarraga , Arrasate-Mondragon, Ordizia Hernani y Zumarraga. No todos cumplen las condiciones, según el mapa fijado por Vivienda. Ahora está por ver, de los 41 ayuntamientos señalados por el departamento de Arriola, cuántos presentan la documentación pertinente -una memoria justificativa “ y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda, y un plan de acción a tres años para solucionarlo- y cuántos pasan finalmente la selección.
Una vez se declare la zona como tensionada mantendrá esa condición durante un periodo de tres años.
Las contradicciones en el seno del Gobierno vasco respecto a la Ley de Vivienda se ponen de manifiesto muchas veces desde la oposición. El pasado viernes era la portavoz de EH Bildu, Nerea Kortajarena la que espetaba al lehendakari Urkullu: “No sé si a usted le habrá gustado, pero la parte socialista de su Gobierno ha identificado 41 municipios que podrían declararse zonas total o parcialmente por el alto coste de la vivienda”.
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