Amaia Barredo, diputada foral del PNV en Álava, está “muy tranquila” por la investigación penal por prevaricación

La actual diputada foral de Álava de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural y antes viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Amaia Barredo (PNV), ha afirmado sentirse “muy tranquila” en relación a la investigación penal abierta contra ella y contra su antiguo colaborador en la Administración autonómica, Javier Agirre Orcajo, en relación a un presunto delito de prevaricación en la concesión de la autorización ambiental a un proyecto de valoración de residuos en Bergara (Gipuzkoa). Barredo, en la primera ocasión en la que ha respondido a preguntas de los periodistas desde que trascendió su caso, ha afirmado que todas sus resoluciones han contado con un “aval técnico y jurídico” y ha confiado en que “cuanto antes” quede archivada la causa.

El asunto parte de una denuncia ecologista. Se interpretaba que el proyecto de Bergara, Valogreene Paper, había variado sustancialmente desde su formulación inicial y que el Gobierno vasco le había dado luz verde a pesar del cambio de criterio del Ayuntamiento, que había pasado a informar negativamente del plan. A pesar de que el asunto se suele rebajar a una más de las denuncias ciudadanas que llegan contra actuaciones administrativas, el matiz es que en este asunto la Fiscalía ha encontrado en una preinvestigación indicios de delito y que ha elevado el asunto al juzgado de instrucción 3 de Vitoria, dirigido por la magistrada María Elena Rodríguez Molpereces. Fuentes judiciales indican que el expediente lleva meses sin ningún tipo de movimiento. Barredo nunca informó ni al partido ni al diputado general, Ramiro González, de que tenía pendiente este tema cuando le propusieron para dar el salto a dirigir la cartera equivalente a Medio Ambiente en la nueva legislatura alavesa.

Según las explicaciones ofrecidas por Barredo, que en todo caso se remite a una comparecencia 'ad hoc' en las Juntas Generales, “las autorizaciones no se emiten a voluntad de la viceconsejera, ni mucho menos, sino después de un trabajo muy arduo y detallado de diferentes equipos” que analizan los efectos de las empresas en el aire, los suelos o los vertidos. “He contado con un aval técnico y jurídico. En cuanto se entre en el fondo, esta cuestión se va a aclarar”, ha indicado.

Ha admitido que “hay una denuncia” contra ella y contra Agirre pero que no tiene “comunicación alguna” de cómo avanza el asunto en la jurisdicción penal. “Colaboraremos con la Justicia, por supuesto”, ha manifestado. Sin embargo, sí recibió una notificación de la Fiscalía en la que se le informaba no solamente de la apertura de las actuaciones sino de que el ministerio público había hallado indicios de delito y que ponía el tema en manos de la Justicia. Sin embargo, Barredo ha afirmado que el ministerio público no se “entrevistó” ni con ella ni con su compañero por este tema. De hecho, prueba de la recepción de esa comunicación es que ambos informaron del asunto a la Comisión de Ética del Gobierno vasco, que dio el visto bueno a que siguieran en sus cargos hasta una posible celebración de un juicio. La aludida ha alegado que ese informe es “público”. Y lo es, pero completamente anonimizado. Ni siquiera otras instancias del Gobierno vasco conocían su caso. Ahora, Barredo ha explicado que ha formulado una consulta similar a la Comisión de Ética de la Diputación. De momento, no hay respuesta, aunque no se prevé un posicionamiento diferenciado del órgano equivalente del Gobierno vasco.

Sea como fuere, el delito de prevaricación no comporta pena de prisión en ningún caso. Se trata de un tipo penal de muy difícil encaje de modo aislado ya que hay que probar que se dictó una resolución administrativa incorrecta o injusta a sabiendas de que lo era. De hecho, en las últimas semanas se está repitiendo que la COJUA, el máximo órgano asesor del Gobierno vasco, emitió un informe avalando las actuaciones de Barredo y su equipo en Bergara.