Acabar con el bloqueo sin taparse la nariz

Pocos países tienen un parlamentarismo tan disciplinado como el español. La ruptura de la disciplina de voto es algo extremadamente inusual. Sin embargo, esta semana la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas ha provocado once quiebras de la disciplina de voto y unos debates muy agrios. Sólo en una cosa parece haber unanimidad: en que nadie ha salido satisfecho. Hay quien no ha querido apoyar la renovación, hay quien la ha apoyado tapándose la nariz y hay quien la ha apoyado, pero objetando en conciencia a alguno de los candidatos. Y si algo no le conviene a un país que intenta recuperarse del trauma de la pandemia es la sensación de desazón que ha generado este proceso.

Si nos ponemos a buscar responsables, será difícil llegar a un acuerdo, aunque en estos casos es bueno dejarse llevar por la intuición y preguntarse qué partido era el menos interesado en que se desbloqueara la situación, perdiendo una parte de la influencia que conservaba en esas instancias. Pero, responsabilidades aparte, creo que es necesario abordar la crisis como momento de oportunidad, diagnosticar bien el síntoma y buscar la terapia correcta.

Existe bastante acuerdo en que la renovación de las altas magistraturas del Estado no suele abordarse correctamente. Algunos creen que ese problema se arreglaría reformando las leyes orgánicas que regulan dichas instituciones y el sistema de nombramientos. Yo creo que antes de recetar, conviene diagnosticar correctamente; y mi diagnóstico es que el problema no reside en las normas que regulan estas instituciones, sino en cómo se implementan dichas normas. La ley exige que se seleccione a las personas más idóneas, mediante mayorías parlamentarias muy cualificadas. El problema está en la implementación, que se lleva varias décadas haciendo mediante lo que se conoce popularmente como “intercambio de cromos”, un sistema en el que no siempre son propuestos los más idóneos y en el que tienen más probabilidades de salir elegidos los candidatos con más conexiones partidistas.

Nada de esto viene exigido por la Constitución o por las leyes orgánicas que regulan estas instituciones. Al revés, supone defraudar su espíritu. De forma que, si se modifica la ley y se sigue defraudando el espíritu de la nueva, seguimos igual. Y en cambio, podemos corregir el modelo manteniendo la actual regulación legal y cambiando únicamente la forma en que se ejecuta el mandato que contiene la ley. Para ello, hace años que vengo defendiendo un sistema que Podemos incorporó a su programa electoral de 2015 y que se puede denominar como “de cuotas de rechazo”. No exige cambiar la ley, ni siquiera las “cuotas de influencia” de los partidos; bastaría con cambiar el sistema de negociación entre ellos, de forma que cada partido no pudiera proponer a los candidatos que le son más cercanos y proclives y que las negociaciones no se hicieran en secreto, sino en la propia comisión parlamentaria de nombramientos. En esa comisión se empezaría conformando un amplio listado de personas cualificadas y cada uno de los partidos sólo podría ir descartando de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte de los candidatos más rechazados por los diversos partidos en proporción a sus cuotas, acabarían quedando sólo los que menos rechazo hubieran generado. No estarían designados por nadie en concreto; y, por tanto, tampoco en deuda con nadie.

Con un sistema así, no quedaría garantizado que siempre se fuera a seleccionar a los mejores, igual que tampoco es imposible que con el actual sistema a veces puedan resultar elegidos candidatos buenos. Pero como está ahora, el resultado tendencial a largo plazo es que se premia la cercanía a los partidos y que se castiga el valor de la independencia. Mientras que si sustituimos el sistema de “cuotas de nombramiento” por uno de “cuotas de rechazo”, es mucho más probable que los mejores y más insobornables puedan acceder a estos cargos por descarte, al quedar eliminados del proceso los que más suspicacias despiertan. En resumen, las cuotas siguen existiendo, pero dejan de ser un instrumento para imponer candidatos proclives y sirven sólo para descartar a los más denostados.

Esto se puede hacer; y se puede hacer desde ya mismo, sin esperar a farragosas reformas de las leyes que regulan las distintas magistraturas. Mañana mismo se podría abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sólo hace falta que los partidos muestren voluntad de regeneración democrática y renuncien a practicar en las instituciones el feo vicio del amiguismo.