El Parlamento vasco ha decidido tomar el relevo de nuestras madres y abuelas a la hora de protegernos de malos hábitos y costumbres dañinas que nos empeñamos -tercos- en mantener. En consecuencia, el jueves pasado ha aprobado una ley muy pionera de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. Tan pionera es que Euskadi se convierte en la primera comunidad que no solo va a impedir que los fumadores le dañen a usted con el humo, prohibición perfectamente legítima, sino que tampoco permitirá que le den mal ejemplo utilizando vapeadores electrónicos en espacios públicos.
Los argumentos en favor de la prohibición han sido enternecedoramente maternales: Se han referido a los menores, almas cándidas que quedarán ahora protegidos de la horrenda contemplación de alguien emitiendo vapores inocuos mientras se envenena por dentro según su libre y consciente voluntad. También se apeló a la defensa de “los más desfavorecidos” sin que sea un servidor capaz de entender lo que signifique una expresión tan loable como vacía: tal vez se trataría de proteger a los pobres de que gasten lo poco que tienen en lo que no les conviene ¡vaya usted a saber!
Desdeñada “de saque” en esta ley tan integral la propia libertad individual de una persona adulta para hacer algo perfectamente legal y, sobre todo, perfectamente inocuo para los demás, la polémica se ha dirigido a determinar si los cigarrillos electrónicos sirven o no para desintoxicarse o si la Organización Mundial de la Salud los recomienda o rechaza como terapia. Es decir, si son buenos o malos para sus usuarios. En definitiva, volvemos a hacer leyes para promover las buenas costumbres e impedir las desviaciones. Ahora que la Iglesia pierde influencia, los parlamentos toman el relevo.
La ley es un alarde de pedagogía que se olvida de que esa misma palabra viene del griego “paidión” (niño) y agōgós ' (guía) porque se pensó para definir la forma en que una persona adulta conduce a otra que no lo es. O sea ustedes y yo, según deben de creer nuestros representantes.
Por supuesto que la Sociedad de Prevención del Tabaquismo se ha felicitado por la prohibición de la nicotina en los bares. Muy lógico, porque según los principios de la división del trabajo, su competencia se centra exclusivamente en ese veneno y nada tiene que decir contra el alcohol, las bebidas con sacarosa, la cafeína o las grasas insaturadas, tan habituales en nuestras barras y terrazas.
Costó muchos años y mucho sufrimiento lograr que las libertades privadas venciesen a la imposición obligatoria de buenas costumbres sociales y que, en consecuencia, dejasen de ser perseguidos el ateísmo, la herejía, la homosexualidad, la infidelidad conyugal, los derechos de las mujeres, las minifaldas o los besos en el parque. Pero lamentablemente, y ahora con aires de sanísima modernidad, vuelve la tentación de utilizar la fuerza del Estado para obligarnos a mantener un comportamiento privado intachable. Hoy ha sido la nicotina pero un día vendrán con la ley en la mano a hablar del alcohol, de los tacones de aguja, del suicidio, de las carnes rojas, de la sal, de la TV, de los videojuegos, de los tejidos sintéticos o de las malas posturas, y apelarán a la OMS.
No soy de obligar pero si recomendaría a nuestros parlamentarios leer a los políticos clásicos:
Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente o justo.
“Sobre la libertad”, de John Stuart Mill fue publicado en 1859, solo 33 años después de que un pedagogo, el maestro Antonio Ripoll, fuese ahorcado en Valencia por negarse a “restituir su alma a las verdaderas ideas de nuestra santa religión”. Kontuz.
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