Los procesos electorales siempre son un buen momento para analizar los claroscuros que los partidos han tenido durante la legislatura. Especialmente significativo es el análisis de la actuación realizada por aquellos que han estado en los gobiernos, dado que les ha competido la responsabilidad de la gestión directa de las actividades sociales, económicas y culturales que suponen el día a día de una sociedad.
Con una normalidad inquietante, las campañas informativas de cada organización política se han acostumbrado a mirar hacia el futuro y, solo en contadísimas ocasiones, algunas reflexionan sobre el periodo anterior finalizado. Suelen dejar ese espacio a los partidos en la oposición, que construyen normalmente su estrategia a partir de las sombras denunciadas durante todo ese periodo. Ahora, en tiempos de campaña electoral vasca, comprobamos con pesar que ese mismo esquema se reproduce al analizar el tratamiento que ha tenido la educación vasca en los últimos cuatro años de responsabilidad política jeltzale. (Dato a considerar: un reciente sondeo del Sociómetro incluía la Educación como séptima preocupación de las y los vascos; en el mismo periodo, el CIS, para el resto del Estado, este tema no aparece entre las diez primeras- ¿Habrán tomado nota de ello nuestros/as políticos/as?)
El PNV, partido mayoritario gobernante, en su programa electoral (12 páginas bilingües), recientemente enviado a los domicilios de casi un millón ochocientos mil posibles votantes, dedica un exiguo párrafo (tres líneas más título) a prometer la excelencia educativa, a través de un modelo propio, universal, inclusivo, igualitario y plurilingüe, con el euskera como eje.
¿Quién no firmaría tal pronunciamiento? Posiblemente, salvando posiciones de ultraderecha ideológica, nadie. Sin embargo, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Se trata de una propuesta novedosa? Si no es así, ¿a qué se han dedicado las personas que han gestionado la cartera educativa durante estos últimos cuatro años, cuando buscaban un objetivo similar?
La respuesta, desgraciadamente, sigue siendo una incógnita, porque estas mismas declaraciones se le han escuchado y leído en varias ocasiones y en distintos escenarios políticos y sociales al titular del Departamento, Jokin Bildarratz. No obstante, los hechos desacreditan sus palabras y siembran serias dudas del honorable propósito incluido en su programa electoral.
La nueva ley educativa vasca, por ejemplo, del 21 de diciembre del pasado año, aún sin tiempo para notarse su implantación, generó multitud de críticas durante su redacción y sólo fue aprobada en el Parlamento por los dos partidos en el gobierno, el propio PNV y su socio, el PSE-EE. En contra de este texto se han posicionado el resto de fuerzas parlamentarias -aunque bien es cierto que, por distintos motivos- la totalidad de los sindicatos de enseñanza y la mayoría de las asociaciones de familias. Todos ellos coinciden en señalar el carácter discrecional de la norma en asuntos tan relevantes como la segregación escolar o la financiación indiscriminada a la red privada concertada a la que blinda, ninguneando, así, a la anterior ley educativa que tenía como eje prioritario la defensa de la Escuela Pública vasca. Nadie duda -otra cuestión es que se atrevan a reconocerlo públicamente- de que los centros religiosos y las ikastolas son los verdaderos triunfadores de la redacción definitiva de este extenso articulado legal.
La excelencia educativa, otro de los objetivos propuestos en la propaganda citada, trae al recuerdo los resultados obtenidos por la educación vasca en distintos análisis censales del periodo señalado (PISA y evaluaciones diagnósticas). Con todas las precauciones sobre el verdadero valor de estas pruebas (fotografía instantánea, procesos educativos de largo recorrido…) hay una realidad incuestionable: la educación vasca no avanza hacia la excelencia, tal y como era el objetivo de 2020, incluso de procesos electorales anteriores. Muy al contrario, retrocede en la mayoría de los campos analizados (lectura comprensiva, conocimiento de áreas como matemáticas y ciencias) y nos alejamos de otros territorios autonómicos y países ante los que nuestros mandatarios habían sacado un orgulloso pecho no hace tanto tiempo. Con todo, el dato más escalofriante es el que nos recuerda que nuestro sistema educativo tiende hacia una ruptura social, en función de las dos redes existentes, consecuencia de un crecimiento de la exclusión del alumnado de origen migrante, derivado mayoritariamente hacia la red pública, tal y como reflejaba la investigación de Ikuspegi.
Si el objetivo último de cualquier programa educativo es la formación óptima del alumnado, es inexcusable abordar el tratamiento que el Departamento ha dado a uno de los ejes -el principal, si seguimos las palabras de Bildarratz en múltiples ocasiones-: su relación con el profesorado, o lo que es lo mismo, la relación negociadora con sus legítimos representantes, los sindicatos vascos de enseñanza. En este punto, la irritación es mayúscula. Varias convocatorias de huelga avalan la desesperación de un colectivo docente que se siente ninguneado, superado por declaraciones triunfalistas del consejero y muy descontento ante la falta de negociación real de mejora de condiciones sociolaborales, más allá de incrementos salariales promovidos por el gobierno de la nación y secundados por el autonómico, sin una mejora propia añadida.
El acuerdo de mayo de 2022 de asignación de plantillas, firmado con la mayoría sindical, hizo concebir esperanzas de alcanzar un próximo Acuerdo regulador de condiciones laborales del personal funcionario docente y del resto de convenios del personal laboral del Departamento (alguno de estos documentos, provienen de pactos anteriores a 2010). Nada más lejos de realizarse. La dilación injustificada de reuniones, la anulación de otras ya convocadas y la falta de voluntad cuando al fin se realizaban echaron por tierra cualquier optimismo en este sentido. Una vez más (¿cuántas iban ya?), la actuación política se mostraba recelosa, incapaz de mejorar acuerdos anteriores y pinchaba expectativas de reconocimiento de prestigio social de las y los profesionales de la educación, en tantas ocasiones publicitadas.
Esta falta de negociación real se ha agravado con todo un reguero de medidas administrativas adoptadas unilateralmente con el único resultado de empeorar las condiciones heredadas de anteriores legislaturas. En este sentido, no ha habido ni una sola que haya generado una aceptación general satisfactoria: proceso de competencia digital del profesorado, transformación de los Berritzegunes, adjudicaciones de comienzo de curso, concursos de estabilización, medidas de atención al personal mayor de edad o en procesos de excedencia voluntaria o de cuidado de personas dependientes, protección del personal sustituto, inexistencia de un programa integral de los Centros Permanentes de Adultos (CEPAs); la lista se hace interminable…
En fin, el balance de la actividad desarrollada por el Departamento de Educación de Bildarratz en la legislatura recientemente finalizada no puede resultar más pesimista. Accedió al cargo desde un listón que su antecesora había dejado en niveles ínfimos, lo que le hubiera permitido mejorarlo con poco esfuerzo. Cierto es que le tocó lidiar con las medidas postCOVID, pero pronto se vió que el verdadero objetivo final de su Departamento al repetir machaconamente que iba a hacer política educativa con mayúsculas, no era otro que presentarse como imagen de político dialogante mientras se trabajaba otro objetivo: la complementariedad de las dos redes educativas vascas, en clave de igualdad y no de subsidiariedad, manteniendo el actual status quo (cobro de cuotas escolares, selección del alumnado y del propio profesorado) en los centros concertados.
La gestión educativa de este periodo no satisface a la mayoría social vasca, a la que sume en una desesperanza contagiosa. Los/as athleticzales hemos sido sufridores/as durante varios decenios a la espera de logros deportivos importantes, pero finalmente, después de 40 años, hemos conseguido el ansiado objetivo. La educación, por lo que Euskadi se juega con ella, no puede esperar tanto tiempo. Da la impresión de que el consejero no ha captado la esencia de lo que hemos estado celebrando estos días: la identificación con un equipo más allá de cuestiones ideológicas. La educación pública vasca se merece ese mismo respeto que hasta ahora sus dirigentes no han sabido trasladar, como el Athletic se merece ser de todas y de todos. Y no le vendría mal un poco de superstición como la demostrada por el equipo rojiblanco en no tocar la Copa o no hablar de la Gabarra antes de tiempo. Traducido al lenguaje educativo: no hablar -ni tan siquiera “por lo bajini”- de logros futuros y de negociaciones pendientes si no existe voluntad real de ponerse a ello.
Kirmen Uribe pedía recientemente al nuevo lehendakari que soñara, que no se conformara con llevar una buena gestión, que aprendiese de los maestros y también de los niños. Que jugara con ello. Coincido con él prácticamente en todo, salvo en la última petición: que el/la futuro/a consejero/a no trate de jugar con las y los profesionales de la educación y con la sociedad vasca en asuntos educativos. Este país arriesgaría demasiado con ello.
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