¿Qué es un centro de interés social?

El reciente acuerdo educativo vasco ha introducido o confirmado una serie de cuestiones en la agenda temática. Hoy día, por ejemplo, no hay debate de política educativa que pueda soslayar la problemática de la segregación escolar. Pero también se han introducido otras cuestiones que antes no se nombraban y que han entrado a formar parte del debate educativo: las palancas de aprendizaje y los nuevos entornos, la educación plurilingüe con el euskera como eje y la vehicularidad de las lenguas, los contratos-programa, el fin de la concertación universal, el protagonismo de la Escuela Pública y la ampliación de su perímetro, el Servicio Vasco de Educación, los centros de interés social... No quiero decir que esa agenda de temas sea comúnmente aceptada, pero es la que el acuerdo ha puesto encima de la mesa. Muchas de las cuestiones están solo enunciadas, y por tanto, pendientes de una necesaria profundización.

Por ejemplo, en lo relativo al Servicio Vasco de Educación, el Acuerdo puso en circulación la expresión “centros educativos de interés social” como el reconocimiento que debe obtener cualquier centro privado para acceder a la financiación pública. En el cronograma de actuaciones que presentó el consejero se asignaron el tercer y cuarto trimestre de 2022 para que el Parlamento Vasco debatiera y definiera las características que deben cumplir dichos centros para merecer tal reconocimiento. Así lo pide precisamente el punto 23 de acuerdo alcanzado en abril. A ojos vista está que el Parlamento no se ha ocupado de este debate, por lo que la tarea sigue pendiente.

He señalado en más de una ocasión lo poco pulida que estuvo la versión final del acuerdo y en este tema nos encontramos otro ejemplo palmario. Mientras el punto 23 emplaza a un debate legislativo posterior para la definición de lo que es un “centro de interés social”, en el punto 24 sus señorías se vinieron arriba y ya adelantaron nada menos que 13 características, sin jerarquía de importancia y sin cuidar si unos conceptos se solapaban con otros. Parece que en las prisas de los últimos días todo cabía con tal de pactar. El resultado es esta yuxtaposición de exigencias: 1) no discriminación; 2) transparencia 3) carencia de ánimo de lucro; 4) atención al alumnado vulnerable y a la diversidad del alumnado 5) participación democrática; 6) compromiso contra la segregación, la inclusión, la equidad y la igualdad; 7) respeto al currículo y mecanismos de evaluación establecidos por el Gobierno vasco; 8) priorización del euskera y cumplimiento de los objetivos lingüísticos; 9) garantía de libertad sexual, de género; 10 laicidad; 11) gobernanza democrática y participativa de los centros; 12) participación en proyectos educativos locales y 13) procesos transparentes y democráticos de contratación de personal. ¡Casi nada!

La prolijidad de condiciones suele invitar a que todo el mundo esté tranquilo respecto a su cumplimiento. Porque, ¿qué hay, en concreto, detrás de cada una de estas exigencias? ¿Cómo se va a controlar su cumplimiento? ¿Va a haber períodos de carencia y cuáles van a ser? ¿Todas las características están al mismo nivel y son imprescindibles para recibir financiación pública? ¿Entre tanta exigencia no se corre el riesgo de terminar difuminando las cuatro cuestiones clave? ¿De qué hablaban sus señorías al hacer del punto 24 un párrafo interminable: de cómo debe ser una escuela pública unificada o del Servicio Vasco de Educación? ¿Caben o no en el Servicio Vasco de Educación centros con ideario propio? ¿Resulta compatible la acertada apuesta por la escolarización de proximidad con la financiación de centros con alumnado de alto nivel de renta que es transportado en autobuses a entornos más lejanos? ¿Cómo solventar que ser socio cooperativista pueda ser fuente de discriminación?

Puesto que algunos agentes han señalado que los dos Anteproyectos de Ley conocidos no concretan nada sobre los centros que se encargarían del servicio de educación, cabe la tentación de repetir en la nueva redacción las 13 características antes mencionadas, lo que sería un pésimo presagio de crear otro cuerpo legal “necrótico”. Sería una manera facilona de decir que se ha cumplido con el acuerdo, pero no hay nada peor que una Ley que exige cumplimientos difusos que de antemano se sabe que no se van a cumplir.

Como sociedad vasca no podemos hurtarnos el debate sobre qué es un centro de interés social y qué centros tienen otros intereses que no son comunes y, por ende, el debate sobre qué se debe concertar y qué no. La nueva ley no debe cerrar en falso un debate necesario y que ha de llevar su tiempo. En todo ello está en juego el uso de los fondos públicos si nos creemos de verdad y con hechos que ha llegado el momento de poner fin a la concertación universal. No se nos puede llenar la boca con la palabra equidad y a la vez pretender no incomodar a nadie.