Corrugados Azpeitia: la historia de un fracaso

Corrugados Azpeitia es un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer ante una situación de crisis: en vez de sentarse a negociar, cada parte de la empresa guipuzcoana se ha enrocado en ‘su verdad’ y ha esperado que el tiempo arreglara las cosas. La amenaza de cierre de uno de los principales motores industriales de Azpeitia no es nueva. Es la culminación de año y medio de desencuentros entre el Grupo Gallardo, dueño de la planta, y el comité. Pero si no se desbloquea ese pulso de inmediato, el resultado será no solo 300 despidos directos, sino un grave golpe para toda la comarca.

La situación de Corrugados tiene como telón de fondo la aguda crisis de la construcción -el corrugado son la barras de acero que se usan para reforzar elementos de hormigón-, el debate sobre las condiciones para poder competir en los mercados exteriores y el impacto negativo de la reforma laboral.

Evidentemente, el actor principal al que hay que achacar este fracaso empresarial es el propio Grupo Alfonso Gallardo. El empresario extremeño, que posee un amplio holding en horas bajas, estuvo a punto de vender la planta a la Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil en verano de 2011.

Pero fracasada aquella operación, no ha sido capaz en este tiempo ni de encontrar otro comprador ni de presentar un plan de viabilidad serio con el que lograr una negociación con el comité para evitar el cierre. Fracasada la venta a los brasileños, Gallardo presentó precipitadamente un ‘mini plan’ de viabilidad que se limitó a fijar una rebaja en su plantilla de 400 trabajadores a 260, y punto.

El dilema inicial pareció ser entonces el de “ajuste de plantilla o cierre”. Ahí empezó un conflicto que en ese momento, cuando la reforma laboral aún no estaba aprobada y el Departamento de Empleo del Gobierno vasco aún podía desempeñar un papel mediador, se resolvió in extremis. Empleo impuso una reducción de los despidos a 100 en vez de los 140 previstos, básicamente voluntarios, y desde Industria del propio Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa se ofreció un préstamo de 5 millones de euros a cambio del compromiso del grupo de no cerrar la planta de Azpeitia. La empresa aceptó el acuerdo, aunque no el comité.

Es cierto que las dos plantas de corrugado del Grupo Gallardo (Getafe y Azpeitia) se ven afectadas de modo brutal por el parón de la construcción que afecta a todo el sector. Con la crisis, este mercado ha caído en España de unos 6 millones de toneladas/año a apenas un millón, lo que ha generado pérdidas importantes en ambas plantas, y eso cuando el Grupo arrastra un endeudamiento en torno a los 1.000 millones de euros que le colocan en una situación financiera muy delicada.

A los pocos meses de la primera 'oferta', Gallardo planteó que el plan de viabilidad no era suficiente, y que era preciso despedir a otros 60 trabajadores y aplicar una rebaja salarial del 35% y, con la reforma laboral ya en puertas, pretendió aplicar unilateralmente los despidos y la reducción de sueldos.

Ante esto, el comité se lanzó a un planteamiento de lucha comprensible pero poco eficaz: pronto vio que declararse en huelga indefinida en una empresa sin carga de trabajo no tenía efecto alguno en la dirección de la empresa pero sí un durísimo coste para las familias de los huelguistas.

La empresa aguantó los siete meses de huelga sin modificar una coma su planteamiento y tuvo que ser el propio comité, que sí consiguió en Magistratura evitar la aplicación unilateral de los despidos y la rebaja salarial, quien desconvocó la larga huelga

Por desgracia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que daba la razón a los trabajadores solo suponía una victoria moral. Era una declaración de principios que no se pronunciaba sobre el fondo de la cuestión: la necesidad de un pacto entre las partes para evitar el cierre de la planta. El auténtico nudo gordiano de la situación.

El Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa ya se han pronunciado contra el cierre anunciado por la empresa. Los sindicatos con presencia en el comité ya han lanzado algunas propuestas parciales: despidos si son voluntarios, rebaja salarial pero que afecte solo a las pagas o bajar hasta un máximo del 20%.

Gallardo ha dado a entender que prefiere apostar por la planta de Getafe que por la de Gipuzkoa. No obstante, debería convencerse de que nadie en Azpeitia quiere el cierre de la planta, y no tener empacho en reconocer que con un mercado interior hundido y siendo la única baza de salvación de la empresa la salida al mercado exterior, Getafe queda muy lejos del mar y las condiciones de una planta como la de Azpeitia, con acceso inmediato al exterior vía Puerto de Pasajes, es una ventaja estratégica impagable. Eso es lo que hace posible hoy aún la negociación.

Claro que tras un conflicto tan largo, en que el grado de confianza entre las partes es nulo, quizás la única vía para desatascar el lío y evitar el cierre sea jugar la baza de la mediación a propuesta de las administraciones: proponer que un grupo externo elabore un plan de salvación de urgencia, dar un plazo para pactar entre las partes el conjunto de medidas necesarias, y si no se logra el pacto empresa y comité, resolver el tema por resolución de un mediador.

En las próximas horas se sabrá si existe aún una salida o el cierre de Corrugados es irremediable.

Corrugados Azpeitia es un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer ante una situación de crisis: en vez de sentarse a negociar, cada parte de la empresa guipuzcoana se ha enrocado en ‘su verdad’ y ha esperado que el tiempo arreglara las cosas. La amenaza de cierre de uno de los principales motores industriales de Azpeitia no es nueva. Es la culminación de año y medio de desencuentros entre el Grupo Gallardo, dueño de la planta, y el comité. Pero si no se desbloquea ese pulso de inmediato, el resultado será no solo 300 despidos directos, sino un grave golpe para toda la comarca.

La situación de Corrugados tiene como telón de fondo la aguda crisis de la construcción -el corrugado son la barras de acero que se usan para reforzar elementos de hormigón-, el debate sobre las condiciones para poder competir en los mercados exteriores y el impacto negativo de la reforma laboral.