La corrupción en los tiempos del bipartidismo

Hace dos meses, este mismo medio me publicaba 'El último gobierno monocolor', en el que sostenía que la repetición de las elecciones del 28-A no debía interpretarse, como hacía la mayoría de los analistas, como una simple consecuencia de la incapacidad para negociar de determinados líderes políticos. Que había que insertar esa repetición electoral en un contexto que iba mucho más atrás del 28-A, concretamente hasta las generales de 2015. Porque esas elecciones de 2015 rompían el ciclo político de casi cuatro décadas de bipartidismo imperfecto, abocando a la articulación de gobiernos de coalición. Acabamos de afrontar las cuartas elecciones en menos de cuatro años; cuatro años de resistencia del PSOE, del 'Deep State', de los poderes financieros y de los medios de comunicación masivos a leer las nuevas exigencias de la voluntad general. Los números pedían a gritos desde 2015 un gobierno de coalición PSOE-Podemos, una vez que las derechas habían roto todos los puentes con sus viejos aliados del nacionalismo catalán. Un gobierno en el que razonablemente correspondía la presidencia al partido más votado y la vicepresidencia al otro. Decir algo que era tan evidente para cualquier observador imparcial extranjero se convirtió casi en un anatema. Sólo tras agotarse la paciencia de la ciudadanía, la tozuda realidad de los números parece que acabará imponiéndose.

Este cierre del ciclo político del bipartidismo coincide en fechas con el cierre del último de los macro-sumarios de corrupción en curso, el de los ERE de Andalucía. Decía Lord Acton que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso las democracias se articulan sobre el principio de desconcentración del poder y de articulación de contrapoderes institucionales. Siguiendo con esa lógica, no es exagerado pensar que los gobiernos de partido único con mayoría absoluta tienden a ser más susceptibles de corrupción que los gobiernos con mayoría relativa y los de coalición. El caso de los gobiernos de partido único y mayoría absoluta prolongada a lo largo de varias legislaturas es probablemente el más susceptible de generar formas agravadas de corrupción. Así ha sucedido con el PP en Madrid o el PSOE en Andalucía.

El daño que genera la corrupción es devastador en todos los ámbitos, desde el ético hasta el económico; pero no es menor el que genera en la cultura democrática, provocando el desprestigio de las instituciones y la desafección de los ciudadanos por la política. Sus derivadas políticas son especialmente graves para las izquierdas. Por una parte, porque la desafección deriva en abstencionismo y este fenómeno es mucho más fuerte en los barrios más pobres, cuando son precisamente las personas con menos recursos las que más necesitan la protección de las instituciones. Y por otra parte, porque la corrupción generalizada perjudica la cultura democrática y el pluralismo ideológico, al extender la sospecha, tan extendida por el franquismo,  del “todos son iguales; no te metas en política”, instalando así el caldo de cultivo para la despolitización, el desempoderamiento ciudadano y las derivas totalitarias.

Frente a estos peligros, el multipartidismo y la cultura del gobierno compartido no es vacuna suficiente, ni mucho menos. El pluralismo es un valor siempre en riesgo. Frente a la despolitización y a la desideologización, frente al desapego a las instituciones, la única fórmula es la pedagogía democrática radical. Sólo el republicanismo cívico permite progresar en el camino hacia una sociedad democrática avanzada, promoviendo la ciudadanía activa y crítica. Y haciéndolo desde la escuela. Es increíble que nuestros currículos académicos incluyan todo tipo de conocimientos, pero ninguna formación sobre la vida del ser humano en sociedad, sobre cómo debemos relacionarnos con los demás, sobre los deberes que tenemos respecto de las otras personas y respecto de la colectividad y sobre los derechos que nos asisten y sus límites. Y es increíble, en concreto, que no se nos explique desde niños que el poder tiende de por sí a concentrarse y a corromperse y que los derechos no nos vienen dados; que son conquistas realizadas con mucho sufrimiento frente a las resistencia de quienes detentan más poder dentro de una sociedad desigual.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de Derecho Constitucional y diputado por Bizkaia de UP