Yo soy ertzaina

No me imagino a alguien capaz de no empatizar con la hija de una guardia civil que, en un colegio de Cataluña, tuvo que oír cómo en plena clase una profesora decía que su madre, como el resto de agentes del Cuerpo, eran “unos animales”. Tampoco concibo que responsables del Gobierno de España renuncien a pronunciarse cuando se acusa a toda la Policía Nacional de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía. No lo concibo porque a los gobiernos les corresponde velar por el correcto funcionamiento de sus Fuerzas de Seguridad, asegurarse de que las actuaciones policiales se ajusten a derecho, castigar a quienes dentro del Cuerpo se salten la ley y defender a los funcionarios públicos de ataques injustificados e infundados contra su buen nombre. Así lo hacen. Excepto en Euskadi.

Precisamente por ello, hoy más que nunca lo digo alto y claro: “Yo soy ertzaina”. Lo soy porque me identifico sin ningún reparo con los 8.000 agentes que ponen en riesgo a su vida a diario para defendernos a todos, incluso a quienes aún les insultan y humillan por pertenecer a la policía vasca. Lo soy porque estoy harta de que se ningunee a los ertzainas asesinados por ETA que, como Txema Aguirre, siguen viviendo el olvido institucional en Euskadi y particularmente en Bilbao. Lo soy porque me duele profundamente que quienes también han sentido especialmente el acoso de ETA en su entorno familiar hoy están siendo presentados ante la opinión pública como torturadores sin que los máximos responsables del Cuerpo les defiendan. Y lo soy porque me avergüenza que quien expone y humilla a nuestra policía no es la izquierda abertzale, que también lo hace continuamente, sino el Gobierno vasco y el PNV.

El pasado 19 de diciembre, por boca de la televisión pública vasca, en Euskadi tuvimos que oír este titular: “La Guardia Civil está implicada en 1.972 casos de tortura; la Policía Nacional es responsable de 1.785 casos; y la Ertzaintza de 336”. Así, tal y como lo acaba usted de leer. ETB recogió la noticia en su web y, ya en el párrafo número 12, apuntó que sólo “existen 20 condenas”. Es decir, el informe financiado y presentado por el Gobierno del PNV da cobertura y rango de verdad judicial a cualquier denuncia presentada entre 1960 y 2014, se salta la presunción de inocencia de funcionarios públicos y construye el siguiente relato: el terrorismo ha ejercido la violencia ilegítima, pero también el Estado de derecho a través de sus policías.

En la Guardia Civil y la Policía Nacional están acostumbrados a que desde Euskadi surjan voces que ninguneen a sus miembros, pero también están acostumbrados a que cuando se les ataca injustamente, el Gobierno de España alce la voz para defender su honorabilidad. Pero surge una duda: ¿quién defiende a la Ertzaintza? ¿Quién pone en valor su trabajo y su buen nombre? ¿Quién da la cara por quienes no pueden darla? La tortura es algo tan deleznable que exige claridad y seriedad. Ni Iñigo Urkullu ni Jonan Fernández pueden atribuirse las funciones de un juez para acusar a la policía y condenarla por torturadora. Sobre todo, si tratan de hacerlo a través de un informe sustentado sobre la base de denuncias, no de condenas.

Es responsabilidad de todos preguntarnos qué vara de medir utiliza el Gobierno del PNV para construir memoria pública. El mismo Gobierno que hoy promueve un informe que se vale de meras denuncias para declarar culpables a los denunciados fue el que promovió otro informe sobre asesinatos terroristas no resueltos. Lo hizo en 2014. Pero entonces, la impunidad se midió con una vara muchísimo más flexible. En dicho informe no se incluyó como crimen irresuelto el asesinato del mando de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha. Pese a que nadie fue condenado por el brutal atentado que costó la vida al agente, el Gobierno vasco consideró entonces que como había habido un juicio, la Justicia había trabajado lo suficiente.

La Ertzaintza y, sobre todo, los ertzainas y sus familias se merecen más respeto.