Euskadi insiste en adjudicar el millonario contrato de ambulancias a Grup La Pau a pesar de los impagos a la plantilla

El Gobierno de Imanol Pradales ha adjudicado este lunes a la empresa catalana Grup La Pau la parte correspondiente a Bizkaia del servicio de ambulancias no urgentes o programadas, un contrato de casi 75 millones de euros en tres años. Expresamente, en la resolución firmada por la nueva viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias del Departamento de Salud, Lore Bilbao, se alude a la “fiabilidad” de esta compañía y se considera acreditada su “solvencia” económica. Sin embargo, se da la circunstancia de que hace solamente unos pocos días no abonó unilateralmente la paga extraordinaria de verano a su plantilla y en el último año acumula dos docenas de sanciones de la Inspección de Trabajo, una de ellas considerada “muy grave”, una lista que crecerá en las próximas semanas, según explican las fuentes consultadas.

Precisamente esa sanción “muy grave”, motivada por retrasos en el pago de las nóminas, es el origen de la controversia en torno a Grup La Pau. El pasado verano, la firma resultó adjudicataria del servicio de ambulancias urgentes (las de color amarillo) en Bizkaia y en Álava. Este mayo tocaba la renovación del servicio de las no urgentes (azules y blancas) que ya venía prestando desde 2020 y la propuesta era idéntica, que la compañía catalana gestionara los lotes de ambos territorios. Sin embargo, UGT paralizó con un recurso de última hora esa formalización. Alegó que las empresas con sanciones “muy graves” no pueden acceder a contratos públicos, según la ley estatal. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) estimó que había que anular la adjudicación (no así la de Álava, aunque pesan sobre ella idénticas circunstancias) y devolvió la pelota a quien contrata, a Salud. Le pidió que revisara de nuevo las ofertas a la luz de la situación de Grup La Pau.

El Ejecutivo ya ha vuelto a revisar las propuestas y no ha cambiado nada en relación con el criterio del equipo anterior de Iñigo Urkullu. Ni siquiera el hecho de que la propia empresa haya plasmado por escrito que está en puertas de una “quiebra” o los constantes problemas con otra ventanilla de la misma Administración, la de la Inspección de Trabajo. El Gobierno dice contar con un informe jurídico que indica que Grup La Pau “no se encuentra en situación de prohibición de contratar”, por lo que le vuelve a dar el contrato a pesar de que no ha cambiado ninguna circunstancia. El enfado entre la plantilla y los sindicatos es mayúsculo y UGT, en la red social X, habla incluso de “corrupción”. Recuerdan que el actual gerente de la compañía, Ibon Etxeberria, fue alto cargo de Salud, aunque dimitió por haberse saltado las normas contra la COVID-19 para ir a jugar al golf.

Salud ha determinado que desde el “sábado 1 de agosto” [sic] en Bizkaia y en Álava entrarán en vigor las nuevas condiciones del contrato, que básicamente implican un incremento de la financiación pública del 24%. En Gipuzkoa, donde la adjudicataria es otra, Ambulancias Gipuzkoa, no están registrándose incidencias. Para este lote en concreto ahora revisado, el de Bizkaia, había otra empresa en disposición de ofrecer el servicio, Diavida, pero ha recibido menor puntuación. La plantilla está pendiente ahora de si cobrarán con normalidad o no la nómina de julio, que se tiene que abonar este sábado como muy tarde.