El fondo de compensación para el amianto requiere de más pasos

Recientemente la Comisión de Empleo del Parlamento Vasco ha emitido un informe sobre la problemática del amianto en el que se insta al Gobierno central a crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Este fondo podría cumplir dos importantes objetivos: serviría para que las personas que trabajaron expuestas al amianto durante su vida laboral y tengan una de las múltiples enfermedades que se derivan de ello pudieran ser compensadas económicamente cuando la empresa en la que trabajaron ya no exista, y no haya por tanto a quien reclamar responsabilidades. En segundo lugar, permitiría eliminar trámites judiciales y agilizar los plazos para que se produzca esa compensación económica. Esto último tiene su importancia porque la lucha contra una enfermedad derivada del amianto es una lucha contra el tiempo. Muchas personas afectadas fallecen durante el proceso judicial que se puede dilatar en el tiempo durante años antes de que llegue la sentencia que les reconoce la compensación económica. La reivindicación del fondo de compensación es una reivindicación histórica de las personas enfermas por el amianto.

Pero el problema es más grave de lo que nos pensamos. Los últimos estudios de los que se dispone afirman que en los últimos 30 años 25.000 trabajadores y trabajadoras en Euskadi, pertenecientes a unas 200 empresas, han estado en contacto con el amianto. Son enfermos potenciales debido a este contacto. En Euskadi, lo mismo que en el resto del estado, el amianto no se prohíbe de forma oficial hasta el año 2002, año hasta el cual se trabaja con este material cancerígeno en la siderurgia, la industria naval y/o la construcción. Por otra parte, el amianto tiene un periodo de latencia de entre 20 y 40 años desde que hay una exposición hasta que aparece una patología que se deriva de esa exposición, con lo que el goteo de muertes podría prolongarse hasta el año 2042 y también más allá. Osalan, por su parte, ha asegurado que desde ahora hasta el 2020 se diagnosticarán al año 1000 enfermedades asociadas a la exposición al amianto, 90 de las cuales serán mesoteliomas, dolencias que son mortales. Y esto, que se sepa, porque cabe no olvidar que mutuas y empresas intentan ocultar con frecuencia el origen profesional de estas patologías.

Euskadi se enfrenta a un problema realmente grave. Urge por lo tanto que se agilice la creación de un fondo de compensación. En los países avanzados en esta materia, como son Francia o Bélgica, que cuentan desde hace años con fondos de compensación de este tipo, la financiación del fondo de compensación corre a cargo de partidas concretas de la seguridad social y de las empresas que hayan utilizado amianto. En nuestro caso, si se crea un fondo de compensación a nivel estatal, la financiación tendría que tener tres vertientes: por un lado, una parte de la financiación tendría que venir de los fondos que durante cada ejercicio controlan las mutuas, que son de hecho las entidades colaboradoras de la seguridad social que se ocupan de la cobertura de las contingencias profesionales. Por otro lado, las empresas en las que se trabajó con amianto, causantes en última instancia de estas enfermedades, tienen que contribuir también al fondo de compensación. Y en tercer lugar es fundamental la responsabilidad del propio estado en las patologías derivadas del amianto, por lo que se tendrán que articular partidas en la propia seguridad social. Decimos esto porque sabiendo desde principios de siglo que el amianto era perjudicial para la salud, en el estado no lo prohibió hasta 2002, mientras que en otros países como Suecia se prohibió en 1984.

Nuestro Parlamento ha sido pionero al reclamar este fondo de compensación al gobierno central y eso es positivo pero ya que somos ejemplo en ello, es necesario que vayamos más allá y reclamemos más compromisos a nuestras propias instituciones. Es posible que en Euskadi se conforme un fondo de compensación. No vale con decir que es una competencia estatal, porque no necesariamente es así. Se cuenta con presupuestos y las Diputaciones recaudan nuestros impuestos, por lo que es una cuestión de, entre otras cosas, voluntad política.

Recientemente la Comisión de Empleo del Parlamento Vasco ha emitido un informe sobre la problemática del amianto en el que se insta al Gobierno central a crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Este fondo podría cumplir dos importantes objetivos: serviría para que las personas que trabajaron expuestas al amianto durante su vida laboral y tengan una de las múltiples enfermedades que se derivan de ello pudieran ser compensadas económicamente cuando la empresa en la que trabajaron ya no exista, y no haya por tanto a quien reclamar responsabilidades. En segundo lugar, permitiría eliminar trámites judiciales y agilizar los plazos para que se produzca esa compensación económica. Esto último tiene su importancia porque la lucha contra una enfermedad derivada del amianto es una lucha contra el tiempo. Muchas personas afectadas fallecen durante el proceso judicial que se puede dilatar en el tiempo durante años antes de que llegue la sentencia que les reconoce la compensación económica. La reivindicación del fondo de compensación es una reivindicación histórica de las personas enfermas por el amianto.

Pero el problema es más grave de lo que nos pensamos. Los últimos estudios de los que se dispone afirman que en los últimos 30 años 25.000 trabajadores y trabajadoras en Euskadi, pertenecientes a unas 200 empresas, han estado en contacto con el amianto. Son enfermos potenciales debido a este contacto. En Euskadi, lo mismo que en el resto del estado, el amianto no se prohíbe de forma oficial hasta el año 2002, año hasta el cual se trabaja con este material cancerígeno en la siderurgia, la industria naval y/o la construcción. Por otra parte, el amianto tiene un periodo de latencia de entre 20 y 40 años desde que hay una exposición hasta que aparece una patología que se deriva de esa exposición, con lo que el goteo de muertes podría prolongarse hasta el año 2042 y también más allá. Osalan, por su parte, ha asegurado que desde ahora hasta el 2020 se diagnosticarán al año 1000 enfermedades asociadas a la exposición al amianto, 90 de las cuales serán mesoteliomas, dolencias que son mortales. Y esto, que se sepa, porque cabe no olvidar que mutuas y empresas intentan ocultar con frecuencia el origen profesional de estas patologías.