Pactos y fin del bipartidismo turnista

Las elecciones a celebrar el próximo 28 de abril no van a ser unas elecciones sin más. Van a ser tan decisivas que, como dice el profesor Héctor Illueca, van a tener una naturaleza materialmente constituyente, a pesar de no ser formalmente unas Cortes constituyentes.

En primer lugar, las elecciones van a marcar el final de una época: la del bipartidismo turnista, en la que el gobierno era siempre monocolor, aunque a veces necesitaba el apoyo parlamentario de alguna fuerza menor. Este papel de sostén del gobierno solía recaer en el nacionalismo catalán y/o vasco, gracias a los efectos del sistema electoral, que perjudicaba enormemente a terceros partidos de ámbito estatal, anulando de facto la capacidad de estos para actuar como partidos-bisagra. La irrupción de Podemos rompió este esquema “tendencialmente bipartidista”, iniciando la evolución hacia el multipartidismo. Consecuencia de ello es que el de Sánchez será probablemente el último gobierno monocolor y el próximo, el primero de coalición entre partidos.

Llegados al punto de un sistema que funciona en este momento como multipartidista, la política de pactos adquiere un protagonismo especial. Antes se trataba sólo de saber si el partido en el gobierno iba a necesitar o no el apoyo de alguno o algunos grupos menores. Ahora se trata de saber qué partidos formarán parte de la coalición que gobierne. En consecuencia, el hecho de que los ciudadanos conozcan los aliados preferentes de cada fuerza constituye en las nuevas circunstancias un componente esencial de aquello que la ciudadanía tiene derecho a saber para ejercer correctamente el derecho al voto. Y en consecuencia, ocultar a los votantes potenciales quienes serán los aliados preferentes de una fuerza política supone un desprecio al derecho de los ciudadanos a decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de acuerdos de gobierno y qué tipo de políticas promueve cada fuerza.

Las tres derechas de ámbito estatal ya han dejado claro quiénes son sus aliados preferentes y cuáles las coordenadas básicas de una coalición de gobierno en la que estarían dispuestas a integrarse. También lo ha hecho Unidas Podemos. Y lo ha hecho en cierto sentido, la ciudadanía vasca, según una encuesta reciente encargada por EITB: un 86 % se inclina por continuar la reciente entente del PSOE con Podemos y nacionalistas, frente al 4 % que la sustituiría por otra entre las derechas.

Desgraciadamente, hay dos fuerzas que se niegan a aclarar si apoyan la apuesta de la mayoría social vasca. Y lo que es más grave, se niegan a facilitar que sus votantes puedan ejercer su derecho al voto conociendo por anticipado qué tipo de acuerdos de gobierno van a promover y para desarrollar qué tipo de políticas públicas.

En primer lugar está el propio PSOE, que se niega a concretar quiénes van a ser sus socios preferentes de cara a un acuerdo de gobierno. Es más, últimamente se está dedicando a implorar a Ciudadanos que no se cierre al acuerdo, a pesar de las repetidas veces en que este partido le ha dado con la puerta en las narices, con acusaciones de grueso calado al presidente del gobierno. Pero el PSOE insiste, seguramente con la triste esperanza de que Ciudadanos incumpla su palabra.

Más extremo es aún el caso del PNV. Este partido se resiste a facilitar a sus eventuales votantes la información sobre quiénes serán sus socios y sus acuerdos de gobierno preferentes. Ortuzar ha reivindicado explícitamente la “libertad absoluta” del PNV para decidir sobre posibles pactos tras las elecciones. Y es evidente que dispone de esa libertad absoluta. Nadie puede forzar al PNV a apoyar a quien no desea. Pero al proclamar esa libertad absoluta de su partido y negarse a informar a sus potenciales votantes de sus preferencias, lo que hace Ortuzar no es defender un derecho de su partido que nadie cuestiona ni puede cuestionar, sino justificar una falta de transparencia, bajo el manto de que todo lo que sea pactar es bueno, sea quien sea con quien se pacte, siempre que se obtengan las correspondientes contraprestaciones y al margen de cuáles sean las políticas que impulse ese gobierno e incluso de cuál sea la incidencia de esas políticas estatales sobre la ciudadanía vasca.

Haciendo oídos sordos a la voluntad mayoritaria de esa ciudadanía vasca que reflejan las encuestas, Ortuzar se muestra indiferente ante la eventualidad de pactar a favor o en contra de las tres derechas. En ello no hace sino profundizar en su actitud tradicional, que en la pasada legislatura se ha traducido en el apoyo al gobierno del PP la mayor parte del tiempo y en el posicionamiento contra el PP al final de la legislatura, siendo por ello acusado por esta organización de no respetar la palabra dada.

Jugar a todos los palos ha sido muy rentable políticamente para el PNV en el tiempo del bipartidismo. Es más dudoso que le resulte igualmente eficaz esa estrategia en los nuevos tiempos que se avecinan de multipartidismo. En todo caso, no es la más respetuosa con la ciudadanía, ya que fuerza a sus votantes a darle un cheque en blanco, sin que puedan intuir siquiera en manos de quién va a acabar.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de Derecho Constitucional, cabeza de lista al Congreso por Bizkaia de Elkarrekin Podemos