Pobreza, equidad y movilidad social

Recuperar la inversión educativa de los niveles educativos previos a la primera etapa de la crisis con el objetivo de alcanzar el 7% del PIB en dos legislaturas garantizaría, en opinión de la Federación de Enseñanza de CCOO, una educación de calidad con equidad, la igualdad de oportunidades y unas condiciones dignas para los/as trabajadores/as del sector. Ello exigiría incrementar la inversión educativa en una primera fase del 4,1% actual al 5,1% (10.000 millones €). Con este incremento se recuperarían las medidas de atención a la diversidad, los puestos de trabajo eliminados por la crisis, las condiciones laborales, la inversión en I+D+i universitaria, acercándola a la media europea,…

Esta demanda, junto a otras presentadas a los partidos políticos que concurrieron a las elecciones el pasado 20D, pretendía concienciar al futuro gobierno de la necesidad de tomar en serio un asunto tan trascendental para el país como es la recuperación de la inversión y del empleo en la educación. Algunos datos para iluminar la política aciaga del Partido Popular en estos años de calvario: más de 1.500 millones € de recorte en la financiación, con la consiguiente pérdida de más de 8.500 puestos de trabajo en la enseñanza pública universitaria; incremento del 5,5% del alumnado coincidente con un recorte presupuestario de más de 2.600 millones € y una pérdida salarial del 3,61% en la enseñanza pública no universitaria en el periodo 2009-2013 son algunos ejemplos. Mejor no seguir.

En 2016, lejos aún de la salida de crisis, tantas veces anunciada, hablar de mejorar la educación implica transformar las condiciones de vida de los propios grupos sociales: políticas activas de empleo, desaparición de la corrupción, mayor cohesión social, respeto de los derechos humanos, en fin, recuperar enunciados humanísticos como la dignidad, solidaridad, equidad, justicia, libertad,… frecuentemente olvidados en esta sociedad gobernada por la inflexible ley del mercado.

De hecho, organizaciones no gubernamentales como Intermon, Cáritas o Save the Children, han lanzado en estos dos últimos años constantes llamadas de atención contra la pobreza en nuestro país. En concreto, la citada fundación inglesa de cuidado a la infancia en su Informe sobre España “Iluminando el futuro”[1] afirma con rotundidad que el riesgo de pobreza o exclusión social del niño/a está ligado íntimamente a su nivel educativo y al de sus padres. De ahí que lograr una educación equitativa deba ser un pilar básico. “Una educación equitativa parte de que todas las personas, independientemente de las diferencias socioculturales y socioeconómicas, deben tener igual acceso a la adquisición de conocimientos y destrezas. La equidad educativa debe servir como instrumento para compensar las diferencias y permitir que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación en igualdad de oportunidades”.

La operación matemática, en opinión de esta organización, es sencilla: cuando se reduce el gasto en educación, crecen los/as niños/as con necesidades, que al coincidir con una reducción de las becas y ayudas llevan a un mayor gasto medio de las familias en educación; por consiguiente, aumenta el número de niños/as en riesgo de pobreza o exclusión. Fin de la ecuación.

Además, Save the Children ha elaborado un índice propio de “equidad educativa”, con el que posteriormente ha comparado las distintas CCAA (por cierto, con resultados plenamente satisfactorios para Euskadi, que ocupa el primer puesto general). Esta medida, a partir de 14 indicadores, recoge tanto aspectos del ámbito escolar (servicios 0-3 años, tiempo de permanencia en Primaria y Secundaria, comedores escolares, infraestructuras de los centros, Internet en aulas, tasa abandono temprano) como externos a la escuela (asistencia a eventos culturales, tiempo dedicado a videojuegos, televisión, deporte, Internet y libros en el hogar), para valorar también el impacto del aprendizaje en familia y entorno en el niño/a. Con todo ello ha elaborado unas conclusiones, acompañadas con 10 propuestas de interesante lectura.

De características similares, aunque no idénticas, viene siendo habitual el uso del Índice de nivel Socio Económico y Cultural, conocido por su acrónimo ISEC, que las evaluaciones internacionales (PISA) o nacionales (Evaluaciones de diagnóstico) toman como referencia, a la hora de analizar los resultados que obtienen. El objetivo es que estos datos del contexto de un/a estudiante o centro hagan más “reales” las conclusiones finales. Según expertos, estas circunstancias, que siempre acompañan al alumnado, condicionan el 20% del éxito/fracaso final.

En el estudio publicado recientemente sobre la Evaluación de Diagnóstico[2], el ISEI-IVEI, Instituto de evaluación educativa, dependiente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, analizando los resultados según el ISEC de los centros, concluye que cuanto más alto es, mayor es el rendimiento del alumnado en todas las competencias. Por el contrario, el alumnado escolarizado en centros que tienen un ISEC bajo es el que obtiene las puntuaciones más bajas. Esto ocurre en todas las ediciones de la evaluación realizadas hasta la fecha.

Del mismo modo, Javier Gil Flores[3] concluía su artículo sobre Medición del nivel socioeconómico familiar en el alumnado de Educación Primaria, basado en datos de la Evaluación diagnóstico de Andalucía: “Avanzar hacia una distribución equitativa de las oportunidades educativas entre el alumnado nos llevará a incrementar el grado de aprovechamiento del potencial de todos los estudiantes, evitando la pérdida de capital humano en nuestras sociedades, y a lograr un sistema educativo más justo que contribuya a la movilidad social intergeneracional”.

Ildefonso Marqués, sociólogo en la Universidad de Sevilla, explica en su interesante obra[4] la relación entre mejora del estado de bienestar y movilidad de las clases sociales en España en los últimos sesenta años. Tiene especial interés para nosotros/as el apartado que relaciona educación y movilidad social, donde matiza la idea de que la expansión educativa de las últimas décadas en Europa y España haya supuesto, a su vez, una igualdad de oportunidades y sugiere que tal mejora puede deberse exclusivamente a un fenómeno demográfico de repunte. En su opinión, existen tres factores que interaccionan entre sí a la hora de conformar la estructura de oportunidades de una sociedad: las familias, el Estado y el mercado de trabajo. Y en tiempos de dominio de este último y de debilidad del primero, será el Estado el encargado de equilibrar la igualdad de oportunidades educativas. Un Estado, en nuestro caso el español, en el que las políticas liberales del Sr. Rajoy han frenado -si no anulado definitivamente- ese sueño humano según el cual los hijos ascienden la clase social de sus padres.

[1] Con subtítulo “Invertir en educación es luchar contra la pobreza infantil”, marzo, 2015

[2] Informe Ejecutivo 2ESO ED15

[3] Universidad Sevilla. FICE, 2013

[4] La movilidad social en España. Ariel, 2015

Recuperar la inversión educativa de los niveles educativos previos a la primera etapa de la crisis con el objetivo de alcanzar el 7% del PIB en dos legislaturas garantizaría, en opinión de la Federación de Enseñanza de CCOO, una educación de calidad con equidad, la igualdad de oportunidades y unas condiciones dignas para los/as trabajadores/as del sector. Ello exigiría incrementar la inversión educativa en una primera fase del 4,1% actual al 5,1% (10.000 millones €). Con este incremento se recuperarían las medidas de atención a la diversidad, los puestos de trabajo eliminados por la crisis, las condiciones laborales, la inversión en I+D+i universitaria, acercándola a la media europea,…

Esta demanda, junto a otras presentadas a los partidos políticos que concurrieron a las elecciones el pasado 20D, pretendía concienciar al futuro gobierno de la necesidad de tomar en serio un asunto tan trascendental para el país como es la recuperación de la inversión y del empleo en la educación. Algunos datos para iluminar la política aciaga del Partido Popular en estos años de calvario: más de 1.500 millones € de recorte en la financiación, con la consiguiente pérdida de más de 8.500 puestos de trabajo en la enseñanza pública universitaria; incremento del 5,5% del alumnado coincidente con un recorte presupuestario de más de 2.600 millones € y una pérdida salarial del 3,61% en la enseñanza pública no universitaria en el periodo 2009-2013 son algunos ejemplos. Mejor no seguir.