Durante este estío perturbado por la pandemia de la Covid 19 bastaba informar de la situación sanitaria para mantener activada la alarma social, mas no por eso han dejado de difundirse noticias preocupantes sobre el porvenir de las pensiones. Alcanzó amplio eco el informe del Tribunal de Cuentas acerca de las deudas que comparten el Estado y la Seguridad Social, así como un estudio del Banco de España analizando la rentabilidad de las cotizaciones en materia de pensiones. Son datos que se prestan a valoraciones dispares, utilizados por economistas al servicio del establishment bancario para hacer campaña a favor de las pensiones privadas. Por otra parte, tanto a nivel estatal como en el País Vasco el movimiento de pensionistas está en declive, por primera vez desde el 2018 se suspendieron las concentraciones en verano.
Además de los impuestos directos e indirectos, desde la época franquista la Seguridad Social ha sido y sigue siendo una fuente de ingresos para el Estado. Parte de las cotizaciones obreras, que deberían estar dedicadas íntegramente a garantizar las pensiones, se desvían hacia otros fines sociales, contribuyendo a financiar, por ejemplo, hospitales y servicios sanitarios. Esa deuda histórica del Estado con sucesivas generaciones de trabajadores, proporcionaría a la caja común de la Seguridad Social un patrimonio acumulado superior a los 500.000 millones de euros. La denominada “hucha de las pensiones” alcanzó el año 2012 un superávit de 66.680 millones, dilapidados por los sucesivos gobiernos de turno.
A comienzos de agosto el Tribunal de Cuentas publicó un informe valorando que entre 1989 y 2013 el Estado contrajo una deuda con la Seguridad Social de 103.690 millones. Se refería a dos partidas: gasto sanitario y complemento de pensiones mínimas. Bastaría ampliar el cálculo hasta el año 2020 para que esa deuda aumentase de forma considerable. Seguiría creciendo si se incluyesen otros muchos gastos impropios: descuento en cuotas de contratación, tarifa plana de autónomos, prestaciones por desempleo, ayudas a la natalidad, desgravaciones fiscales a fondos de pensiones, gastos de gestión y ahora el Ingreso Mínimo Vital.
El citado informe del Tribunal de Cuentas, además de reconocer parte de la deuda del Estado con la Seguridad Social, incluye una deuda inversa de 115.022 millones de euros entre 2010 y 2018. Para los economistas neoliberales el único dato significativo es ese apunte contable que les permite proclamar la “quiebra técnica” de la Seguridad Social, pese a que el Ministro José Luis Escrivá, siendo presidente de la AIReF, declaraba que las cuentas estarían equilibradas si no cargase con gastos que corresponden a los Presupuestos Generales del Estado.
Más allá de los datos deformados para apuntalar intereses espurios, los hechos evidencian que la clase trabajadora, además de crear riqueza, contribuye al bien común a través de una fiscalidad injusta que recae en su mayor parte sobre las rentas del trabajo, aparte de financiar servicios sociales y pagar sus propias pensiones. Por si no fuese suficiente, se proclama que el actual sistema de reparto no es sostenible y resulta inviable. Es una tentativa para recortar las pensiones públicas, promocionando las pensiones privadas de empleo, que encubren ruinosos productos financieros, tan solo beneficiosos para las empresas aseguradoras y la banca.
La revalorización de cualquier inversión económica es una buena noticia, salvo si se trata de las cotizaciones a la Seguridad Social. En tal caso se valora de forma negativa desde los poderes financieros que cuestionan las pensiones públicas. En realidad es la constatación de que el sistema de reparto resulta viable y suficiente, invalidando la pretendida efectividad de las pensiones privadas, siempre deficitarias. Los datos sobre pensiones que suministra el Banco de España (institución del Estado), favorecen los lucrativos intereses de la banca o contribuyen a crear incertidumbre en el colectivo de pensionistas. En esta ocasión destaca que el año 2017 la retribución de las pensiones superaba en un 74% la aportación de las cotizaciones del periodo laboral, remarcando que alcanza un rendimiento medio anual del 3,5%.
Ese erróneo análisis pretende comparar cotizaciones obreras con rentas de capital. El sistema público de pensiones no es un “mecanismo de inversión”, si no un modelo de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional. Los economistas que predican el libre mercado olvidan que la economía no es una ciencia exacta, sino que forma parte de las ciencias sociales, junto a la sociología y el derecho. Todas las teorías económicas conllevan interpretaciones subjetivas de la realidad, tienen un enfoque clasista a favor de la oligarquía o de la mayoría social.
En la línea del Banco de España se mueve el Instituto de Actuarios Españoles, entidad privada dedicada a evaluar riesgos de negocios financieros y actividades similares. Considera que las pensiones están sobrevaloradas de media un 51% sobre lo aportado con cotizaciones. De ese dato deducen “inequidades”, falta de equidad. En su opinión no hay una relación “equitativa” entre aportaciones y prestaciones, por tanto se arriesga la viabilidad del sistema. Se trata de otra interpretación contraria a la noción del Sistema Público de Pensiones (SPP), basado en un modelo de reparto, solidario, intergeneracional. La Seguridad Social es una caja común, como los fondos de resistencia que el movimiento obrero creó para sobrevivir durante las huelgas.
Pretender que la economía especulativa y financiera dirija la política económica institucional (tomemos como referencia el Consejo General de Economistas), supone negar la primacía de los derechos sociales, piedra angular del estado de bienestar, del progreso, de la democracia y de la convivencia ciudadana. El economicismo, individualista y monetarista, integrado en el ideario neoliberal, al ser contrario al bien común, intensifica las desigualdades, crea problemas en vez de resolverlos. La prueba está en el distinto e incluso opuesto tratamiento aplicado por gobiernos de signo diferente. En la crisis financiera del 2008 se reflotó la banca desdeñando el interés general, en la actual se intenta salvar el empleo y la economía social.
Los dos organismos de pensionistas con mayor implantación y capacidad de movilización, uno en el conjunto del Estado, el otro en Euskadi, están en crisis. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) se rompe en tantos trozos como colectivos locales la integran: 280 plataformas territoriales de todas las comunidades autónomas. Los grupos del País Vasco también se desintegran, siendo el caso más revelador el de Bizkaia. El sector vinculado a la izquierda abertzale se apropia del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB), otras asociaciones pasan a denominarse Plataforma de Pensionistas Ados – Consenso.
La COESPE tenía previsto realizar su 4ª Asamblea en Fuenlabrada en marzo, el confinamiento que provocó el estado de alarma lo imposibilitó, siendo aplazada sin fecha de celebración. Las discrepancias respecto a las normas de funcionamiento de la asamblea se intensifican en los meses posteriores a la declaración de la pandemia. Un sector se hizo con el control de la organización, vuelven a convocarla en Aranda de Duero y es suspendida por la Comisión de Garantías. No obstante, se llevó a cabo un ejercicio telemático que sólo compromete a las plataformas que voluntariamente decidan aceptar sus resoluciones.
Al quedarse sin equipo de organización ni portavocías reconocidas por el conjunto de las plataformas, la COESPE tendrá que volver a coordinarse desde la base. Se están dando pasos en ese sentido, resultando una tarea lenta y ardua. Mientras dure esa confusa situación no será fácil impulsar movilizaciones ni conseguir reconocimiento institucional. El origen del conflicto se ha atribuido a personalismos e intromisión de sindicatos y partidos de izquierda. La militancia sindical y política es habitual en los movimientos sociales, lo cual hace necesario establecer incompatibilidades de cargos.
En Bizkaia el proceso de descomposición del MPB ha sido diferente. Las discrepancias tienen diversas causas que se pueden resumir en dos: 1) el desembarco de la izquierda abertzale acabó con la toma de decisiones por consenso, 2) la supeditación del MPB a los sindicatos nacionalistas se convierte en práctica habitual desde la huelga del 30 de enero. Tales conductas motivaron la desvinculación de la mayoría de las asociaciones, prosiguiendo su trayectoria por separado, ahora se posicionan públicamente como Colectivo Ados – Consenso.
Concluido el periodo de confinamiento, el 18 de mayo se volvieron a convocar movilizaciones en nombre del MPB, mostrándose en desacuerdo por razones sanitarias Ados – Consenso. Esas acciones, consideradas “simbólicas” por sus promotores, eran y siguen siendo minoritarias, incluso cuando cuentan con el apoyo explícito de la “mayoría sindical vasca”. Iniciada la desescalada, tal vez pretendiendo recuperar el protagonismo perdido, quienes controlan el MPB emprenden una huida hacia adelante que lleva a intentar encabezar cualquier causa, aunque no tenga relación directa con las pensiones. El 24 de agosto, pese a que el Ayuntamiento de Bilbao suspendió la Aste Nagusia y la Coordinadora de Comparsas anuló los actos festivos alternativos, se mantuvo la convocatoria de manifestación como MPB.
Los conflictos internos de la COESPE se intentan aprovechar desde Euskadi para crear una red estatal alternativa semejante al Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Se han dado los primeros pasos en una acción conjunta en Madrid, con motivo de la entrevista del MPB con Magdalena Valerio, Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo. No resulta fácil ese encaje, sabiendo que la izquierda abertzale aspira a tener un sistema propio de pensiones, basado tal vez, como en el caso del PNV, en el modelo de las EPSV. Las contradicciones son palpables, se constatan en las movilizaciones de las residencias de mayores. Habiendo una convocatoria a nivel estatal promovida por la Marea Residencias el 26 de setiembre, el MPB y los sindicatos nacionalistas se amparan en el “hecho diferencian vasco” para adelantarla al 19, resultando insignificante su incidencia política y social.
Hay movimientos sociales, como el feminismo o el ecologismo, que tienen carácter global y permanente, son interclasistas, intergeneracionales e internacionales. El actual movimiento de pensionistas no responde a esas características, se asemeja a las luchas obreras que surgen por una reivindicación concreta y persisten hasta que se consigue o se renuncia. El colectivo de pensionistas salió a la calle en enero de 2018 con un objetivo: rechazar el mísero incremento del 0,25%, establecido como índice de revalorización de las pensiones en la reforma del 2013. Desde que comenzaron las concentraciones las pensiones no han perdido poder adquisitivo.
El movimiento de pensionistas surgió con gran ímpetu, logrando movilizaciones memorables, pero ha dejado de ser sujeto activo. Ya no es un elemento dinamizador de la opinión pública. En la encuesta publicada por el diario El Correo en vísperas de las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, el orden de prioridades alcanzaba el 68% en la actividad económica y el empleo, 56% sanidad, 29% educación, 25% desigualdades y servicios sociales. Las pensiones quedaban por detrás del medio ambiente y de la vivienda con el 5%.
Las pensiones son desiguales, no se aplican con criterios de equidad. Las pensiones mínimas son muy bajas y esconden bolsas de pobreza que afectan sobre todo a mujeres viudas. Pero resulta que en la recesión económica que está provocando la pandemia del coronavirus, el colectivo de pensionistas soporta mejor el riesgo de exclusión social que el conjunto de la población asalariada. El diario El País señalaba el 13 de agosto que este año se están firmando menos convenios que el anterior y con un incremento salarial medio muy inferior. En concreto, un 3.8% de subida en 2019, 1.7% el 2020. Las pensiones se mantienen mientras las condiciones laborales empeoran. Frente a la dramática situación de quienes están en paro, trabajan a tiempo parcial o se mueven en la economía sumergida, las pensiones contributivas de mayores de 65 años no caen por debajo del umbral de la pobreza (9.000 euros anuales).
Según el Instituto Nacional de Estadística el colectivo de más de 65 años es el menos expuesto al riesgo de pobreza. Como ocurrió tras la crisis financiera del 2008, muchas familias obreras volverán a sobrevivir gracias a las pensiones de sus mayores. De la misma manera, los actuales pensionistas están menos expuestos a perder derechos que los del futuro. Si las declaraciones del Ministro Escrivá se confirman, las recomendaciones que la Comisión del Pacto de Toledo va a trasladar al Gobierno favorecen a los pensionistas de hoy, perjudicando seriamente a los de mañana. De modo que la lucha iniciada a comienzos del 2018 puede alcanzar el objetivo previsto: la revalorización de las pensiones en base al IPC.
Los futuros pensionistas deberían seguir el ejemplo de la generación actual, movilizándose para impedir la progresiva depreciación y sustitución de las pensiones públicas por pensiones privadas, que al ser productos financieros intensifican las desigualdades sociales. Pero resulta que son los pensionistas de hoy quienes hacen suyas demandas que no les afectan de forma directa. En ese comportamiento hay algo más que una actitud solidaria. Las reivindicaciones a largo plazo permiten mantener el protagonismo mediático y dan sensación de continuidad al movimiento inicial, aunque la incidencia social sea escasa. Pasado el periodo de gloria, llega el trabajo perseverante, sin cámaras ni micrófonos. Así funcionan el ecologismo o el feminismo.
El movimiento de pensionistas existía antes de enero del 2018 y se mantendrá a través del asociacionismo, de la acción sindical y de la militancia política. Volverá a ser una actividad discreta, basada en la divulgación y la concienciación, más que en la movilización permanente. Las relaciones entre movimientos sociales, sindicatos y partidos, siempre han sido tensas, de mutua desconfianza. La cooperación se logra respetando los respectivos ámbitos de actuación. El movimiento de pensionistas ha pretendido abarcar tanto, que sus programas reivindicativos invaden campos que no le corresponden. Incluso se ha intentado obtener la representación reconocida a los sindicatos, o suplantar a los partidos en negociaciones institucionales.
Toca volver a los orígenes, centrarse en la problemática de las pensiones, reconocer la pluralidad del asociacionismo, colaborar de forma unitaria en base a demandas compartidas, sin disputarse el espacio social común. El pasado 21 de setiembre coincidieron en Barakaldo dos plataformas locales, no hubo confrontación, pero cundió el desconcierto y puede que el desánimo entre el escaso público asistente.
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