El último gobierno monocolor

Las próximas elecciones van a suponer, muy probablemente, el fin de un ciclo político de cuatro décadas de gobiernos monocolores, un modelo que se ha definido como “de bipartidismo imperfecto o tendencial” en el que los dos mayores partidos se alternaban en el poder, con la habitual muleta del nacionalismo catalán y/o vasco; y la transición a un nuevo ciclo de gobiernos de coalición, asimilable al vigente en la mayoría de los países de Europa. Este cierre de ciclo está resultando más largo y complicado de lo necesario, como consecuencia de la resistencia de esos dos partidos, prácticamente hegemónicos en el anterior ciclo, a dar carta de naturaleza a los profundos cambios operados en los últimos años en los hábitos de voto de la ciudadanía y, en consecuencia, en el sistema de partidos.

Esta resistencia se vió en principio encarnada especialmente en el Partido Popular, con sus exóticas propuestas a favor de que gobierne obligatoriamente el partido más votado, haciendo abstracción de si tiene apoyos suficientes en el Parlamento; y privando a los demás partidos del derecho a pactar para conformar mayorías, implícito en el sistema parlamentario. Sin llegar al extremo de pretender prohibir las “coaliciones de perdedores”, el Partido Socialista le ha tomado el relevo, iniciando Sánchez el anterior período de sesiones con una propuesta de reforma de la Constitución que no ha llegado a concretar. No sería grave si se tratara sólo de introducir la previsión de algunos Estatutos de Autonomía de que, pasado un plazo razonable para que los partidos intenten coaligarse sin que sean capaces de hacerlo, pueda gobernar en minoría el que obtenga más apoyos parlamentarios. La propuesta no es mala en su contenido, pero es pésima en su oportunidad, al plantear como prioridad del país reformar la Constitución para que haya una forma de evitar la repetición electoral que sortee la necesidad de acuerdos y permita sobrevivir a gobiernos débiles y sin apoyos, que serán probablemente incapaces de ver sus presupuestos aprobados.

Aunque haya quien prefiere buscar explicaciones superficiales y de tipo personalista, el problema que subyace a la actual crisis institucional es que se ha producido un divorcio entre la soberanía popular, que en los últimos años ha abandonado el bipartidismo imperfecto y ha apostado por el multipartidismo y su consecuencia natural, los gobiernos de coalición, por una parte; y por otra, la reacción de los partidos mayores, que se resisten a adaptarse a las nuevas preferencias más pluralistas de la ciudadanía y que pretenden resolver ese divorcio obligando a repetir procesos electorales, en la esperanza de que la gente deje de “votar mal” y se resigne a volver al tiempo anterior, intentando hacer recaer sobre las y los votantes y sobre los partidos menos grandes la responsabilidad de esa parálisis.

Fue Rajoy el primero en practicar la estrategia ostracista, contraria al espíritu del artículo 99 de la Constitución, de renunciar a presentarse a la investidura, a pesar de haber sido propuesto por el Rey. La misma táctica ha sido utilizada por Sánchez, y en este caso, además, con la connivencia del Rey, quien incluso ha renunciado a proponerlo, a pesar de que el artículo 99.4 de la Constitución establece expresamente que: “Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”. No hubo sucesivas propuestas. Y la Constitución en ningún caso condiciona la tramitación de sucesivas propuestas a que el candidato tenga garantizados con antelación los apoyos necesarios para un resultado favorable.

Esta actitud no es la más respetuosa con la Constitución, ni la más correcta desde un criterio fuerte de democracia y de respeto a la soberanía popular y al pronunciamiento de la ciudadanía en las elecciones, al igual que no lo es la desarrollada por el candidato Sánchez, cuando ha pretendido tener legitimidad para imponer cuales deben ser las estrategias políticas y quienes los gobernantes que vayan a representar a los votantes de quien afirma que es su “socio preferente”. Y en ese sentido, el papel jugado por los medios masivos de comunicación, aunque con honrosas excepciones, deja también mucho que desear, desde el punto de vista de la pedagogía democrática. La presión concentrada sobre un partido como Unidas Podemos para que admita que sus votantes no tienen derecho, como los demás, a que sus votos se vayan a traducir en opciones de participar en el gobierno, sino sólo en apoyos externos al gobierno de otro partido, no tiene un pase en democracia.

Es cierto que existe la excepción portuguesa, un modelo en el que dos fuerzas menores han venido manteniendo un apoyo muy fuerte al gobierno desde fuera. Pero no se trata de una estrategia impuesta, sino decidida por esos partidos, que no deseaban ver su acción condicionada por estar en el gobierno. Si no es de recibo que un partido -o los medios- pretendan forzar a otro partido a tomar estrategias distintas a las que deciden sus bases, menos aún lo es que se admita la posibilidad de acuerdo con ese partido, pero vetando a los líderes que esas mismas bases han elegido. Un candidato debe buscar los apoyos necesarios para gobernar sin forzar a sus eventuales socios a perder la libertad para decidir sus estrategias y para elegir a sus líderes y respetando la aportación de votos de estos a la gobernabilidad. La actitud contraria es poco respetuosa con el contenido del derecho a la participación política de los votantes y de los militantes de un partido: el derecho de los votantes, a ver sus votos convertidos en opciones de participar en el gobierno; y el de los militantes, a decidir sus estrategias y a elegir a sus líderes.

¿Por qué esa misma resistencia a la coalición no se da en las Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos? Porque en esas esferas, además de no verse afectado el núcleo duro del poder del Estado, el más reticente a los cambios, al menos a los cambios en la vía de la transparencia y de la democratización, la soberanía popular llevaba mucho tiempo apostando a multipartidismo y a gobiernos plurales.

Que se normalice lo que ya viene sucediendo con naturalidad en el ámbito local y autonómico es sólo cuestión de tiempo. Si el escenario político resultante de las últimas elecciones se repite sin grandes cambios, veremos probablemente dentro de unos meses el cierre definitivo del anterior ciclo y la conformación del primer gobierno de coalición, sean unos u otros los socios de ese gobierno. En un escenario así, las dos grandes incógnitas serían, por una parte, la de Ciudadanos y la posibilidad de que cediera a las presiones que se aprecian desde Europa y desde los grandes poderes económicos y levantara el veto a acuerdos con Sánchez; y por otra, la de la irrupción de un nuevo actor político en el espacio progresista, fragmentando el voto de ese espacio e incrementando las opciones del espacio conservador.

*Roberto Uriarte Torrealday es profesor de derecho constitucional, Diputado al Congreso por Bizkaia de Unidas Podemos