Resulta difícil reflexionar sin apasionamiento en medio de tanta indignación como están causando estos días los asesinatos de Leyre Rodríguez, en La Peña o los de Marina Okarynska y Laura del Pozo, en Cuenca, lo mismo que las agresiones contra mujeres que se han producido en fiestas populares.
Así que no sorprende nada que incluso personas de mucho conocimiento sobre el drama de la violencia contra las mujeres, se expresen ahora más movidas por la cólera que por la reflexión. Solo así se puede entender que se lleguen a decir cosas como que la sociedad sigue “tan campante” en medio de este horror o que se desprecie y banalice el esfuerzo que se ha realizado durante años, política y también socialmente, contra esta lacra. Cada asesinato es, ciertamente, un fracaso del sistema -terrible sin duda- pero es un fracaso, no supone un argumento para desmontar a toda prisa lo realizado sino una razón más para mejorarlo.
Una de las propuestas que se han escuchado estos días es la de retirar a las mujeres maltratadas el derecho que hoy tienen a no declarar contra sus familiares agresores. Ciertamente tal derecho procede una concepción muy trasnochada y también peligrosa de 'la familia', pero antes de dar esta solución por buena tal vez haya que mirarla con calma.
Comprendo que subleva a cualquiera ver cómo un maltratador cierto escapa de su castigo porque su víctima, aterrorizada, se acoge a su derecho a no declarar contra él. Si la mujer declarase su palabra adquiriría un gran peso que, sumado al resto de pruebas, facilitaría la condena. Resulta indudable.
Como indudable resulta también que si obligamos a declarar a esa mujer que hoy evita subir al estrado -insisto- aterrorizada por su maltratador, no serán uno ni dos los casos en que el miedo la haga mentir y negar de raíz cualquier maltrato.
En tal caso, por obvio, y por humanamente comprensible que pueda ser para todo el mundo en la sala que la testigo miente (cosa que hoy puede evitar no declarando), su testimonio, efectuado solemnemente en sede judicial y ante el tribunal adquirirá la misma fuerza para exculpar que la que se pretende que tenga para condenar. Por tanto nos encontraríamos con casos (sospecho que no pocos) en los que la declaración de una mujer destruida emocional, personal y humanamente por su pareja será lo que salve a su maltratador, tal vez a su futuro asesino.
¿Por qué hemos de creer que, de pronto, tantas mujeres machacadas, esas que vuelven con su verdugo, que le reciben de nuevo, que retiran las denuncias, que rompen las cautelas de seguridad que la Justicia les facilitaba, y que, por supuesto, se acogen por miedo al derecho de no declarar, van a transformarse súbitamente en firmes, equilibradas, razonables, valientes y poderosas y van a mirar a la cara de su maltratador delante del juez acusándole públicamente? ¿De verdad nadie ha pensado en eso? ¿Nadie ha pensado que puede suceder justo lo contrario de lo que se pretende?
De modo que si las pruebas no resultan concluyentes podríamos encontrarnos con que el testimonio, prestado a la fuerza, de una mujer destruida y aterrorizada suponga la libertad para su verdugo. Por el contrario, y aún peor, si la mujer victimizada negase los hechos en un caso con pruebas irrefutables podría verse acusada del delito de perjurio. Solo eso le faltaba cuando lo que precisa es protección, apoyo y seguimiento.
Un ejemplo cercanísimo de lo malas que son las ocurrencias en caliente es que la mal llamada 'Prisión Permanente Revisable', que en realidad debiera llamarse 'Cadena Perpetua para Crímenes que Generen Grandes Titulares' al parecer no va a poder aplicarse al presunto pero casi seguro asesino de las dos mujeres de Cuenca. Nos encontramos así con que una ley creada 'ex-profeso' para apaciguar la ira popular, falla justo cuando más falta hacía.
Por difícil que sea mantener la calma ante injusticias tan flagrantes, el esfuerzo merece la pena si queremos buscar soluciones reales y no solo titulares. La ira es tan comprensible como inútil.
Sobre este blog
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