Vivienda sin prejuicios

Estas últimas semanas Madrid, Barcelona y Valencia han acogido sonoras manifestaciones de denuncia ante el tensionamiento del mercado de la vivienda que agobia a tantas personas, limitando sus expectativas vitales. Lo cierto es que, a pesar de la bonanza de algunos datos macroeconómicos, nos enfrentamos al riesgo de que las condiciones de vida de significativas capas de la sociedad se vean condicionadas en función del porcentaje de renta que deben dedicar a sufragar los costes de la vivienda.

Esta crisis de oferta y carestía de la vivienda que atraviesa el conjunto de Occidente –y particularmente las metrópolis europeas– se ha situado en el foco informativo y está mereciendo un gran despliegue de opinión y análisis así como una ferviente actividad política. Este mismo miércoles, sin ir más lejos, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana comparece ante el pleno del Congreso para dar cuenta de las medidas que está adoptando el Gobierno de España en múltiples campos. Sin embargo, es muy probable que la ministra deba enfrentar en el debate planteamientos que insisten en una identificación clásica de las políticas atribuibles a la derecha y a la izquierda ideológicas, en función de si éstas abordan el problema desde la óptica de la oferta o de la demanda. 

Cuando se nos cuestiona por si las políticas llevadas a cabo han fracasado en Euskadi, hay expertos que aseguran que no, aunque resulte evidente que, pese a todos los esfuerzos, el incremento de la demanda ha sobrepasado todas las expectativas. Corren ríos de tinta sobre las razones que han desembocado en este enorme tensionamiento del mercado inmobiliario, pero hay consenso en que el incremento de la demanda se ha generado como consecuencia de cambios demográficos acelerados: unidades convivenciales más pequeñas, mayor longevidad, incremento de flujos migratorios.

La oferta, sin embargo, no ha crecido en la misma proporción, y seguramente aún somos deudores de la gran recesión económica de 2008 que tuvo en el sector inmobiliario el epicentro de todos los males. Tampoco ayuda la arraigada identificación de la vivienda como activo financiero y no como bien de primera necesidad. Incremento exponencial de la demanda de viviendas –sin que ello esté representando un aumento significativo de población– frente a una escasa y rígida oferta de vivienda libre y protegida. He ahí un resumen rudimentario pero fácilmente comprensible de la actual crisis habitacional. 

Pienso que no estaríamos enfocando adecuadamente nuestro trabajo si nos limitásemos a actuar exclusivamente sobre la demanda o sobre la oferta, y va siendo hora de que asumamos que, ante el problema de la vivienda, toda la potencia de fuego disponible será necesaria si queremos obtener resultados distintos a los obtenidos hasta ahora. El modelo vasco de políticas de vivienda actúa sobre la demanda cuando hace del derecho constitucional a una vivienda digna un derecho exigible ante la administración, lo que conlleva ayudar con prestaciones económicas específicas a las personas que no alcanzan a pagar el alquiler de una vivienda en el mercado libre. Actuamos también sobre la demanda cuando invitamos a los ayuntamientos a que soliciten la declaración de mercado residencial tensionado, que permite topar los incrementos desbocados de los alquileres. Y actuamos sobre la demanda cuando diseñamos una fiscalidad singular que mitiga la pesada carga que representa el pago de una hipoteca o un alquiler, en la renta disponible de las familias. 

Pero Euskadi actúa de forma decidida sobre la oferta cuando se propone recrecer el parque de vivienda protegida en régimen de alquiler, que es nuestra principal infraestructura de país, y aumentarlo hasta en 7.000 nuevas viviendas en la presente legislatura; o cuando acordamos políticas fiscales verdaderamente incentivadoras para que los propietarios coloquen sus viviendas en el mercado, incluyendo un servicio público de intermediación. Actuamos sobre la oferta al solicitar a los Ayuntamientos que aprueben e implementen planes trianuales con los que planificar nuevos desarrollos residenciales, adaptar ordenanzas que faciliten la conversión de lonjas en viviendas, movilizar suelos privados para agilizar la construcción de vivienda libre o protegida, e incluso cuando instamos a la aplicación del decreto de vivienda deshabitada para incentivar su salida al mercado o penalizar fiscalmente a quienes persistan en mantenerlas vacías sin justificación razonable.

Desde la perspectiva vasca, las leyes estatales y autonómicas en vigor pueden ponerse al servicio de una misma causa con doble vertiente: el amparo a los demandantes de vivienda y el aumento de la oferta. Por eso queremos dar recorrido y profundidad a la figura de las zonas tensionadas, para que no se queden en una mera declaración que limite el incremento de los precios del alquiler, que no es poco. Queremos asociar esa figura –que implica el reconocimiento expreso del municipio de que sufre un grave problema con el mercado de la vivienda– a medidas de incentivo de la oferta cuyo principal objetivo sea el de salir de esa situación de tensionamiento más pronto que tarde.

Debemos abogar sin prejuicios ideológicos por implementar políticas integrales que sepan sacar provecho de las amplias prerrogativas que nos confieren las leyes a los distintos niveles institucionales en que está repartida la compleja competencia de la vivienda, el suelo y el urbanismo. En el Gobierno vasco tenemos claro que hay que actuar en todos los frentes, porque el problema atraviesa de un modo u otro al conjunto de la sociedad y hace tiempo dejó de ser un fenómeno exclusivo de las clases más desfavorecidas. Es un problema que tiene solución, como la han tenido otros problemas de enorme envergadura que España ha enfrentado en las últimas décadas. Pero si dejamos que su abordaje termine siendo pasto de las llamas partidistas y de estrategias simplistas de confrontación, tendrá graves implicaciones económicas que pueden lastrar nuestra competitividad así como el anhelo compartido de una sociedad cohesionada en la que la vivienda accesible se entienda como una robusta columna del Estado de Bienestar.