Cambio relevante en Osakidetza este domingo a las 23.59 horas. Tras meses de polémicas y flagrantes irregularidades, en ese preciso minuto la empresa catalana Grup La Pau dejará de ser la adjudicataria del servicio de ambulancias urgentes y programadas de Bizkaia y de Álava. Por el procedimiento de emergencia porque este servicio básico no puede dejar de prestarse “ni un momento”, la viceconsejera de Salud, Lorea Bilbao, ha firmado ya las resoluciones para sustituir a la cooperativa de Badalona, sin escatimar en las mismas críticas que hasta hace unos pocos meses el Gobierno vasco negaba de plano. A las 00.00 horas, en Bizkaia el servicio pasará a llamarse Bizkanb y detrás estará Sanir (del grupo Alsa) y Ambulancias Baztan Bidasoa; en Álava la prestataria será Ambulancias Gipuzkoa (con un nombre adaptado, Araba Anbulantziak), que ya es la contratista en Gipuzkoa a satisfacción del Ejecutivo. La contratación de urgencia se hace por catorce meses, es decir, hasta el 25 de enero de 2026. Y tendrá un coste de aproximadamente 110 millones de euros en total, unos 85 para Bizkaia y alrededor de 25 para Álava, según fuentes sindicales.
En una de las resoluciones para el cambio en el servicio de transporte sanitario, a la que ha tenido acceso este periódico, Bilbao describe en detalle el caos en que se había sumido Grup La Pau en los últimos meses y llega a contradecir las propias explicaciones públicas del Gobierno al detallar problemas que vienen de largo. Hasta julio, el Ejecutivo había defendido a la contratista y culpado a la plantilla de la conflictividad existente en las ambulancias de Bizkaia y de Álava. De hecho, ese mismo mes ratificó la renovación de uno de los lotes que tenía adjudicados la empresa badalonesa con un alegato en el que ponía en valor su solvencia económica aunque ahora se admita que está al borde de la quiebra y que había facturado por servicios y cargas que no había repercutido en la plantilla, a la que ha dejado impagos con la paga extraordinaria de este verano.
Bilbao habla a las claras de “penalidades” o multas impuestas a Grup La Pau por incumplimientos y de que han tenido conocimiento incluso de que han dejado sin pagar reparaciones de los vehículos en los talleres a los que eran enviados. Ya era conocido también que la empresa había destinado las ambulancias de Osakidetza para otros negocios privados, por lo que se enfrenta a una sanción de unos 0,8 millones de euros. La resolución de las nuevas adjudicaciones pone en valor las denuncias sindicales. El equipo actual al frente de Salud, con el consejero Alberto Martínez a la cabeza, y de la parte de contratación es prácticamente nuevo en relación al de la anterior legislatura y ha aplicado una enmienda de totalidad en el que probablemente sea el servicio externalizado más relevante de la Sanidad vasca junto con el hospital de Tolosa. En paralelo, otro organismo del Ejecutivo, la Inspección de Trabajo, había impuesto más de medio centenar de sanciones a la contratista de ambulancias por asuntos variados, incluido el mal estado de la flota o de las bases de ambulancias.
En detalle, el nuevo servicio costará 110 millones de euros para 14 meses, alrededor de 8 mensuales. La fecha para regularizar las contrataciones ya con un concurso abierto y sin empresas elegidas directamente por la Administración es el 25 de enero de 2026. Es un coste del servicio notablemente más alto que hasta ahora. El anterior estaba cuantificado en 182 millones para 36 meses, es decir, unos 5 millones mensuales. Ese dato, en todo caso, es distorsionado porque las mensualidades siempre son ascenddentes y no lineales y porque precisamente ahora, el 30 de noviembre, entra en vigor un nuevo convenio con subidas de hasta el 30% para los profesionales.
En todo caso, Grup La Pau venía pidiendo más dinero en las últimas semanas antes de acceder a la resolución de los contratos de modo prematuro. Este periódico ha tenido acceso a peticiones detalladas de más fondos pero también a las respuestas de la Administración, en las que le cierra la puerta con rotundidad y en la que le recuerda que ha estado cobrando un canon en su integridad pese a no haber pagado numerosos conceptos que tenía cubiertos. La viceconsejera Bilbao, por ejemplo, apunta que han dejado sin pagar a la plantilla en algunos momentos y le afea que se haya lucrado incluso con las huelgas del personal, ya que ha descontado de las pagas esas jornadas no trabajadas sin descontar nada del dinero público percibido. Las reclamaciones de Grup La Pau eran millonarias y, además, quería también impunidad para que no le hicieran más exigencias a cambio de marcharse y dejar paso a otras empresas.
En principio, la plantilla de Grup La Pau debería ser subrogada en su totalidad. Los vizcaínos irían con Bizkanb y los alaveses con Ambulancias Gipuzkoa. Sin embargo, el sindicato ESK ha alertado en un escrito que hay algunos trabajadores que temen quedarse fuera ya que no figuran por error en las listas de subrogación. La central ha llegado a plantear que se “suspenda” el cambio de adjudicataria si es preciso hasta aclarar estos puntos. Fuentes del sector indican que quien sí está en las listas de subrogación es el gerente de Grup La Pau en Euskadi, Ibon Etxebarria, que antes había sido alto cargo del Gobierno vasco y que fue el firmante de la primera adjudicación a la empresa catalana en 2020. Etxebarria dejó el Ejecutivo tras constatarse que se saltó las restricciones de la pandemia para ir a jugar a golf.
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