Los colegios privados vascos retan a Educación en el primer año que tienen cupos para alumnado vulnerable

Las dos grandes patronales de la enseñanza concertada en Euskadi, que aglutina a casi el 50% del alumnado, están presionando con rebelarse contra las nuevas normas de matriculación de cara al curso 2023/2024 en el primer año en que se les obligará a admitir un porcentaje mínimo de alumnado “vulnerable” para evitar que continúe la guetización de la escuela pública y que prevé traslados para buscar repartos más equilibrados. Ikastolen Elkartea, que agrupa a la red de ikastolas, ha asegurado que aceptará las matrículas de quienes han quedado fuera por los nuevos cupos, lo que los situaría al margen de toda normativa. Y Kristau Eskola, que representa a la mayoría de religiosos, plantea que al menos se respete que el movimiento se realice “dentro de la misma red”.

Las nuevas reglas de admisión contaban, en principio, con un consenso amplio entre las diferentes redes educativas y están motivadas por las medidas contra la segregación contempladas en el acuerdo educativo aprobado el pasado año en el Parlamento Vasco como base para una nueva ley de Educación que sigue acumulando retrasos. En medio, se conoció que en la campaña de matrículas se iba a emplear un cuestionario para determinar quiénes eran alumnos vulnerables que contenía preguntas como el número de libros en el hogar o hasta si había suscripción a Netflix, mientras que se prescindió de la información sobre el nivel de renta. Estas nuevas normas de admisión se complementan con otras de similar espíritu para la denominada “matrícula viva”, las alrededor de 5.000 llegadas de estudiantes durante el curso y que hasta ahora, en muchos casos, eran asumidas casi en su totalidad por la red pública.

La tensión en la comunidad educativa ha surgido al conocerse las listas provisionales del proceso de matriculación. El comunicado y las declaraciones del entorno de las ikastolas han sido muy contundentes. Han criticado la “falta de transparencia” de Educación en este proceso, ya que aseguran desconocer cuáles son los porcentajes de vulnerabilidad de cada zona educativa y denuncia los “flujos” de “salida” de niños matriculados en estos colegios hacia otros. Hay denuncias concretas de centros que aseguran que han tenido derivaciones sin que se hayan llenado todas las plazas. Pero se orilla que el traslado se activa ya cuando se llena el tope de plazas ordinarias, mientras que las del cupo vulnerable hay que reservarlas sí o sí también para las llegadas durante el curso, de modo que no se rompan las proporciones de reparto acordadas.

En la nota difundida a la luz de estos acontecimientos, Ikastolen Elkartea afirma textualmente que “no se derivarán a otros centros” los alumnos matriculados en ikastolas que no quepan. “Adquirimos el compromiso de mantener a todos los que han hecho petición de matrícula en ikastolas”, indican desde esta patronal de centros privados. Y añaden que llenarán también las plazas reservadas para vulnerables si no se completan. Asimismo, animan a las familias y a cada uno de sus centros a presentar recursos contra Educación.

En cuanto a los religiosos, María Eugenia Iparragirre, entrevistada en Euskadi Irratia, ha apelado de manera insistente al supuesto “derecho” a elegir un centro y que, al menos, se garantice uno dentro de la misma red. “Como madre, en esa primera escolarización hay mucho en juego”, ha afirmado dando a entender que podría ser un paso atrás para su alumnado acabar en un colegio público o de otro tipo. Con todo, Kristau Eskola se ha mostrado partidaria de adoptar medidas contra la segregación y también ha admitido que, siendo el primer año, pueden surgir desajustes. “La tensión y el enfado no es buen punto de partida”, ha apuntado.

Oficialmente, el área de Educación no realiza comentarios y pide “tranquilidad”. Sin embargo, el malestar ha alcanzado ya a la escuela pública. Lurdes Imaz, de Ehige, que es la federación de AMPA de esta red, le da la vuelta a la argumentación de las concertada y plantea cómo es posible que haya alumnado que haya elegido un centro público y sea derivado a la privada aunque tengan plazas de sobra. La Administración, en todo caso, siempre ha considerado como excepcional el caso de posibles familias ateas o de religiones diferentes a la católica que acaben trasladadas a centros de esta confesión. Ehige, en todo caso, anima también a presentar reclamaciones para preservar el derecho y la preferencia en todo caso de la red pública. “Que se cumpla la normativa”, insiste Imaz apelando también a la normativa básica estatal.